Huánuco: Seguridad del gobernador detenido por presunta extorsión policial
La detención de un agente asignado al gobernador regional por un caso de presunta extorsión que data de 2017 revela demoras y conexiones preocupantes en la PNP y el sector público.
Dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú, entre ellos uno asignado a la seguridad personal del gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, fueron detenidos la noche del 12 de enero. La medida, una orden de detención preliminar por 72 horas dictada por el juez José Solís Canchari del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pillco Marca, los vincula a un presunto caso de extorsión y abuso de autoridad que se remonta al año 2017. Este hecho pone en el ojo de la tormenta la integridad de la institución policial y las conexiones en la esfera pública.
Agentes bajo sospecha y sus vínculos
Uno de los detenidos es Christian Oscar Sandoval Gómez, quien al momento de su captura se desempeñaba en la División de Seguridad del Estado de Huánuco y formaba parte del equipo de seguridad del gobernador regional. Según el informe policial, Sandoval Gómez mantendría una relación sentimental con Sully Densy Godoy Domínguez, trabajadora del Gobierno Regional de Huánuco, con quien habita en un inmueble allanado en Amarilis. El otro suboficial implicado es José Luis Tolentino González, adscrito al área de administración de la Región Policial Huánuco, y quien, según la sección de telemática de la PNP, habría realizado múltiples consultas en el sistema Esinpol en 2017 sobre el denunciante.
El presunto esquema de extorsión de 2017
La denuncia, presentada el 20 de diciembre de 2019, detalla cómo el agraviado, tras salir de prisión por una condena de lesiones graves, acusó a los suboficiales y a un civil, Carlos Bailón Villogas. Según lo manifestado a la fiscalía, en junio de 2017, tras ser intervenido por una requisitoria, Bailón Villogas habría contactado a Sandoval Gómez, entonces en la Policía Motorizada. Este último habría ofrecido ‘ayuda’ para evitar la detención a cambio de S/ 2,500, monto que el denunciante no pudo pagar. Ante la negativa, Sandoval Gómez, a través de Bailón, habría amenazado con acelerar su captura, hecho que finalmente ocurrió el 26 de junio de 2017. La investigación fiscal y policial cuenta con 34 capturas de conversaciones de Messenger que, presuntamente, evidenciarían la presión ejercida.
Una investigación de larga data y hallazgos en allanamientos
La fiscalía y la policía Anticorrupción tardaron seis años en procesar la denuncia y recopilar pruebas cruciales, como el reporte de llamadas, las conversaciones y una auditoría al sistema Esinpol. Esta auditoría reveló que Luis Alberto Tolentino González, quien en 2017 estaba en el Grupo Terna, realizó entre el 11 y 14 de junio de ese año seis consultas, y un total de doce consultas con el nombre y DNI del denunciante, para verificar la vigencia de sus órdenes de captura. Durante los allanamientos, en el domicilio de Sandoval Gómez y Godoy Domínguez, se encontraron más de 60 pares de zapatos, carteras y perfumes de marca, elementos que fueron consignados en el acta y cuya procedencia podría ser materia de investigación adicional.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué la investigación fiscal y policial de un caso tan grave, con pruebas documentales y digitales, tardó seis años en derivar en detenciones preliminares?
- ¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno Regional de Huánuco al tener a un agente de su seguridad personal implicado en un presunto esquema de extorsión policial? ¿Se tomarán medidas administrativas?
- ¿Qué implicaciones tiene el uso indebido del sistema Esinpol por parte de los agentes involucrados? ¿Se ha auditado el acceso a este sistema de forma exhaustiva para detectar otros posibles abusos?
- ¿Qué rol exacto desempeñó el civil Carlos Bailón Villogas, quien no ha sido ubicado por las autoridades, en esta presunta red de extorsión?
