Paro de Transportistas: La «unidad» que el Gobierno de Jerí no supo evitar y ahora enfrenta
Gremios de Lima y Callao adelantan su huelga para el 14 de enero. La inacción frente a la inseguridad y las polémicas declaraciones del premier Álvarez detonaron la masiva movilización.
El sector transporte de Lima y Callao ha oficializado un paro nacional unificado para este miércoles 14 de enero, en un claro desafío al Ejecutivo. Lo que inicialmente se perfilaba como una serie de protestas fragmentadas, se ha consolidado en una sola jornada de fuerza, impulsada por la insatisfacción ante la falta de avances en la reglamentación de la Ley 32490 sobre seguridad ciudadana y, paradójicamente, por las controvertidas afirmaciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.
Diálogo Insuficiente y Provocaciones Oficiales
A pesar de la reunión sostenida entre el presidente José Jerí y dirigentes como Martín Ojeda, de Transportes Unidos, el diálogo no logró aplacar el descontento. Ojeda fue categórico al señalar que los «compromisos abstractos» del Gobierno resultan insuficientes para sus bases, evidenciando una profunda desconfianza. Esta situación se agravó con las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien sugirió la existencia de una presunta infiltración de «malos elementos» en los gremios, colaborando con bandas de extorsión. Lejos de desarticular la protesta, estas afirmaciones actuaron como un potente catalizador, forzando una reunión de emergencia y la unificación de las facciones que planeaban movilizaciones en distintas fechas.
La Ley 32490 en el Limbo y la Escalada de la Inseguridad
Uno de los puntos centrales del pliego de reclamos es la inacción en torno a la reglamentación de la Ley 32490, crucial para la seguridad ciudadana. Este vacío legal, según los transportistas, contribuye directamente a la creciente ola de sicariato y extorsión que azota a choferes y cobradores. Mientras el Gobierno habla de compromisos, el sector exige medidas concretas frente a una problemática que pone en riesgo vidas y medios de subsistencia. La falta de respuestas tangibles en este frente es percibida como una desidia que ha colmado la paciencia del gremio.
Un Impacto Inevitable: 22 Mil Unidades Fuera de Servicio
La magnitud de la paralización promete ser devastadora para la capital y el Callao. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano, ha garantizado un acatamiento del 100% por parte de las empresas. Esto significa que más de 22 mil unidades de transporte público dejarán de operar, afectando a millones de ciudadanos en los principales conos de ambas ciudades. La jornada del 14 de enero no será solo una protesta, sino una demostración de fuerza que busca obligar al Gobierno de José Jerí a tomar acciones definitivas.
Lo que falta aclarar
- ¿Cuál es el estatus real de la reglamentación de la Ley 32490 y por qué el Ejecutivo no ha logrado avanzar en un tema tan crítico para la seguridad?
- ¿Sobre qué base concreta el premier Ernesto Álvarez sustenta sus graves acusaciones de «malos elementos» en los gremios? ¿Existen investigaciones en curso o evidencias que respalden tales afirmaciones?
- Más allá de los «compromisos abstractos», ¿qué plan de acción específico tiene el Gobierno para combatir el sicariato y la extorsión que sufren a diario los transportistas?
- Si el presidente Jerí dialogó con los gremios, ¿por qué su equipo no logró anticipar o desactivar el paro, y por qué las declaraciones de su premier terminaron unificando la protesta?
