Aumento de S/100 a pensionistas ONP: ¿Un alivio tardío o una medida insuficiente frente a la inflación?
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha oficializado un incremento de S/100 mensuales para jubilados de la Ley 19990, efectivo a partir de 2026. Sin embargo, el alcance limitado y el monto plantean serias interrogantes sobre su impacto real en el poder adquisitivo de los beneficiarios.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP), bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha confirmado un modesto incremento de S/100 mensuales para los pensionistas del régimen de la Ley 19990. Esta medida, formalizada a través del Decreto Supremo N.º 330-2025-EF y publicado en el diario oficial El Peruano, busca, según las autoridades, fortalecer la capacidad de compra de los jubilados. No obstante, la implementación programada para enero de 2026, con abono efectivo en febrero, y las estrictas condiciones de acceso, generan un debate sobre la efectividad y la verdadera trascendencia de este ajuste.
Un ajuste mínimo con tope inamovible
El beneficio se aplicará a pensionistas por jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que cuenten con pensión definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025 y cuyos montos sean inferiores a S/1.000 mensuales. Además, los jubilados deberán acreditar un mínimo de 20 años de aportes. Un punto crítico es que el mismo decreto establece que la ONP no podrá otorgar pensiones por encima de S/1.000 mensuales, consolidando este monto como el tope máximo permitido dentro del régimen de la Ley 19990. Para aquellos que ya tuvieron un incremento previo, se les entregará un diferencial hasta alcanzar los S/100 del nuevo ajuste.
La demora en la efectivización
Pese a la aprobación en 2025, el reajuste de las pensiones se hará efectivo recién a partir de enero de 2026. La ONP ha explicado que el abono correspondiente al mes de enero se realizará en febrero, justificando que la planilla del primer mes del año ya estará procesada. Esta secuencia temporal plantea dudas sobre la agilidad y la prioridad de estas medidas para un sector tan vulnerable de la población.
Impacto económico y sostenibilidad
El costo anual de esta disposición asciende a S/311 millones, y se ha especificado que será financiado con cargo al presupuesto institucional de la ONP. Si bien se presenta como un esfuerzo por mejorar las condiciones de los jubilados, la financiación interna del sistema y la magnitud del ajuste frente a la inflación acumulada en los últimos años invitan a cuestionar si esta es una solución de fondo o simplemente una medida paliativa temporal.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué el MEF espera hasta enero de 2026 para implementar un ajuste que ya se oficializa en 2025, y por qué el abono de enero se retrasa hasta febrero? ¿Qué implicaciones tiene esta demora para los pensionistas?
- ¿Es un incremento de S/100 realmente suficiente para “fortalecer el poder adquisitivo” de jubilados que perciben menos de S/1.000, considerando el constante incremento del costo de vida en el Perú?
- Mantener el tope de S/1.000 mensuales en 2026, ¿refleja una visión de pensión digna para los aportantes de la Ley 19990 o perpetúa la precariedad del sistema?
- ¿Qué plan a largo plazo tiene el MEF y la ONP para abordar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Pensiones más allá de ajustes puntuales financiados con el presupuesto institucional?
