Jicamarca: Bus baleado y chofer herido en ataque que expone la inacción ante la extorsión
Un conductor de transporte público fue atacado a balazos en Huarochirí, un incidente que los transportistas vinculan directamente a la creciente extorsión. Exigen respuestas urgentes y efectivas a las autoridades.
La madrugada en Jicamarca, Huarochirí, se tiñó de pánico cuando un bus de transporte público, con decenas de pasajeros a bordo, fue blanco de un ataque armado que dejó herido al conductor, Jorge Cabrera Fernández. Este incidente, atribuido por los propios transportistas a presuntas redes de extorsión, no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes a diario usan y operan el servicio, sino que también subraya una grave falla en la seguridad ciudadana de la zona.
La emboscada y la valentía del conductor
Según relatos de testigos citados por RPP, dos individuos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad de la empresa Negociaciones Santa Anita en el anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio. Sin contemplaciones por la presencia de pasajeros, abrieron fuego en al menos tres ocasiones contra el transportista. Pese a recibir un impacto en el hombro y ser rozado en el rostro, el señor Cabrera Fernández, de 41 años, demostró una notable entereza al continuar manejando varias cuadras en busca de auxilio, logrando así poner a salvo a los ocupantes del vehículo antes de ser trasladado al Hospital San Juan de Lurigancho, de donde fue dado de alta horas después.
Un sector bajo el yugo de las mafias
Este ataque no es un hecho aislado, según denuncian los trabajadores de Negociaciones Santa Anita, que cubren la ruta San Juan de Lurigancho–Pachacámac. Han revelado que operan bajo la constante amenaza de la extorsión, pagando “cupos” a dos bandas criminales distintas. La hipótesis que manejan es que este último atentado podría provenir de una tercera organización delictiva que busca imponerse o, incluso, de una confusión con la empresa Cinco Estrellas. “Si quieres vivir, tienes que pagar”, sentenció un dirigente, reflejando la desesperación y el abandono que sienten ante la situación.
¿Inacción oficial ante la escalada de violencia?
La recurrencia de estos actos de violencia criminal plantea serias interrogantes sobre la efectividad de las estrategias de seguridad en la provincia de Huarochirí. Los transportistas han exigido una intervención más contundente de la Policía Nacional del Perú (PNP) para desarticular estas mafias. Sin embargo, la persistencia y el incremento de la audacia de estos grupos extorsivos sugieren que las acciones preventivas y de inteligencia son insuficientes o, peor aún, que existe una preocupante falta de voluntad para erradicar este flagelo que afecta directamente la vida de miles de ciudadanos.
Lo que falta aclarar
- ¿Qué medidas concretas ha tomado la PNP en Jicamarca y Huarochirí para desarticular las dos bandas extorsivas que, según los transportistas, ya operan impunemente?
- Ante la denuncia de un posible tercer grupo criminal o una confusión con otra empresa, ¿se ha iniciado una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de este ataque y determinar el alcance de estas redes?
- ¿Por qué, a pesar de las reiteradas denuncias de los transportistas, la extorsión sigue siendo una realidad cotidiana en rutas de alta afluencia como la de San Juan de Lurigancho-Pachacámac?
- ¿Existe un plan de contingencia o de seguridad reforzado para proteger a los pasajeros y conductores que son blancos directos de esta violencia en Jicamarca?
