Elecciones 2026: ¿Que es la tacha electoral?

Mientras el JNE invita a la ciudadanía a fiscalizar, el proceso de tachas para las Elecciones 2026 exhibe plazos ajustados y decisiones controvertidas que siembran dudas sobre su efectividad para depurar las candidaturas.

Las Elecciones Generales del Perú, programadas para el 12 de abril de 2026, abren una vez más el telón a la tacha electoral, un mecanismo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) presentan como una herramienta clave para la fiscalización ciudadana. Sin embargo, en un escenario político marcado por la fragmentación, el «reciclaje» de figuras y los recurrentes cuestionamientos sobre la idoneidad de los candidatos, surge la interrogante: ¿este proceso realmente asegura la transparencia y legitimidad, o sus limitaciones lo convierten en un mero trámite que apenas araña la superficie de los problemas de fondo?

Un mecanismo de control bajo escrutinio

La tacha es, en esencia, un recurso legal que permite a cualquier ciudadano con derechos civiles vigentes cuestionar la inscripción de candidatos que, presuntamente, no cumplen con los requisitos constitucionales o electorales. Su propósito declarado es evitar que personas con impedimentos o irregularidades manifiestas continúen en la contienda. Este instrumento puede dirigirse contra fórmulas presidenciales, listas al Congreso, Senado o Parlamento Andino, buscando depurar la oferta electoral antes de que los nombres lleguen a las cédulas. No obstante, la persistencia de candidatos con historiales cuestionables en cada proceso electoral nos obliga a preguntar: ¿qué tan efectivo es este filtro en la práctica?

Plazos extremadamente cortos: ¿Inclusión o barrera?

Uno de los aspectos más críticos del proceso de tacha es el exiguo plazo de tres días calendario para su presentación. Este periodo comienza a correr desde el día siguiente a la publicación oficial de la resolución que admite una lista o fórmula en el portal del JNE y en el panel del Jurado Electoral Especial. Para un ciudadano común, que no está permanentemente conectado a las notificaciones del ente electoral, este lapso resulta un desafío enorme. La exigencia de sustentar la tacha con argumentos legales claros, citar normas vulneradas, adjuntar pruebas documentales, pagar una tasa electoral y contar con una casilla electrónica para notificaciones, ¿realmente facilita la participación ciudadana o, por el contrario, impone barreras burocráticas y económicas que limitan su alcance a unos pocos?

Criterios dispares: La paridad en juego

Las consecuencias de una tacha fundada revelan una disparidad que merece un análisis profundo. Mientras que la exclusión del candidato a la presidencia invalida la fórmula presidencial completa, en el caso de las listas parlamentarias, la exclusión de un candidato individual no anula la lista entera. Lo más llamativo es que esto ocurre, según el propio JNE, “incluso si se altera la paridad”, una decisión que ha generado críticas por priorizar la continuidad del proceso sobre la representación equilibrada y la idoneidad individual. ¿Cómo se justifica que la alteración de un principio tan fundamental como la paridad sea un daño colateral aceptable en aras de mantener una lista en carrera?

Lo que falta aclarar

• ¿Son los tres días calendario un plazo realmente adecuado para que la ciudadanía pueda identificar, investigar y sustentar una tacha de manera efectiva, garantizando una fiscalización profunda y no superficial?
• ¿Por qué se mantiene una diferencia tan marcada en las consecuencias de una tacha entre fórmulas presidenciales y listas parlamentarias, especialmente cuando esto puede comprometer principios como la paridad de género?
• En un contexto de alta rotación partidaria y cuestionamientos éticos a diversas figuras políticas, ¿es el actual sistema de tachas suficiente para garantizar que solo los candidatos idóneos y sin impedimentos lleguen a la fase final de las Elecciones Generales 2026?
• ¿Qué medidas adicionales podría implementar el JNE para hacer el proceso de tacha más accesible y menos oneroso para el ciudadano de a pie, sin comprometer la seriedad y el rigor de las impugnaciones?