Contexto del Proyecto
El 18 de marzo, el Ministro del Interior, Víctor Torres, presentó un proyecto de decreto supremo a la Presidenta Dina Boluarte, para la adquisición de 7 mil fusiles por un monto de 24 millones de dólares. Este proyecto ha generado controversia debido a la falta de consulta con la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), un paso requerido por la normativa vigente.
Incumplimiento de la Ley N.° 31684
La Ley N.° 31684, promulgada el 15 de febrero de 2023, estipula que FAME debe ser consultada obligatoriamente en caso de adquisiciones de equipamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Sin embargo, el Ministerio del Interior optó por adquirir los fusiles modelo EMTAN MZ-4 de la empresa israelí Emtan Karmiel, sin involucrar a FAME en el proceso.
Capacidad de Producción de FAME
FAME había informado previamente que poseía la capacidad y los convenios necesarios para atender los requerimientos de armamento, incluyendo la posibilidad de explorar otras opciones. A pesar de esto, el Ministerio del Interior no respondió a la comunicación de FAME y procedió con la contratación de Emtan Karmiel.
Alerta del Gerente General de FAME
El gerente general de FAME, coronel EP Jorge Zapata Vargas, alertó al Ministro Torres sobre la falta de comunicación con la empresa estatal, situación que se enteró a través de la prensa. El Comité de Evaluación había decidido contratar con la compañía israelí sin realizar una licitación ni pruebas del modelo EMTAN MZ-4.
Repercusiones Legales y Administrativas
El proceso ha sido cuestionado por contener varias irregularidades, incluyendo el incumplimiento de la ley al no comunicar el proceso a FAME. Juan José Santiváñez, ex jefe del Gabinete de Asesores del Mininter, emitió un informe advirtiendo sobre las deficiencias e irregularidades del procedimiento. Resultado: el Ministro le exigió su renuncia.
Conclusión
El Ministerio del Interior enfrenta críticas por presuntamente evadir la ley FAME y proceder con una contratación directa, lo que ha levantado preocupaciones sobre la transparencia y legalidad del proceso de adquisición de fusiles. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de adherirse a los procedimientos legales y de consulta establecidos, para garantizar la integridad de las adquisiciones del Estado.
