Pataz: 49 muertes en 2025. El fracaso del Estado ante la violencia del oro ilegal

Tres nuevas muertes cierran un año sangriento en Pataz, elevando a 49 los asesinados por el crimen organizado en 2025. Un estado de emergencia de más de 22 meses no detiene la barbarie.

La provincia de Pataz, en La Libertad, cerró el año 2025 con un nuevo episodio de violencia que subraya la ineficacia de las políticas estatales. Tres personas fallecieron el miércoles 31 de diciembre en un presunto enfrentamiento a tiros ocurrido en la bocamina Papagayo, en el anexo de Vijus. La División Regional de Inteligencia La Libertad de la PNP confirmó las muertes de Pilar Eduardo Acosta (35), Marcelino Ramos (31) y Teodulio Ramos (33), mientras que el alcalde de Pataz, Aldo Mariño, elevó la cifra de víctimas mortales por el crimen organizado en la provincia a 49 solo en el año 2025.

La espiral de violencia sin freno

El lamentable suceso del 31 de diciembre se suma a una lista de crímenes que, según el alcalde Mariño, configuran un panorama desolador. Entre estos, destaca la masacre de mayo de 2025, donde 13 trabajadores fueron secuestrados y ejecutados. La Compañía Minera Poderosa, tras alertar a la PNP sobre los disparos, indicó que el enfrentamiento se produjo en un sector operado por grupos de minería ilegal que se disputan el control del área.

La dinámica criminal ha evolucionado dramáticamente. Si bien durante la pandemia las bandas delictivas fueron contratadas para proteger la mercancía de mineros informales, desde 2023 estos grupos han pasado a ser participantes activos en el lucrativo negocio, sin que nadie pueda oponerse sin riesgo de ser asesinado. Este escalada coincide con el meteórico ascenso del precio del oro, que pasó de US$1.800 a más de US$4.300 la onza en solo tres años, y la perpetuidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), extendido cinco veces desde 2019 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, una medida que, lejos de ordenar, parece fortalecer la informalidad.

Un negocio multimillonario e impune

La minería ilegal en Perú ha crecido exponencialmente, superando en siete veces el poder económico del narcotráfico. Según el Instituto Peruano de Economía, nuestro país es el principal exportador de oro ilegal de Sudamérica, con cifras que pasaron de 77 toneladas en 2023 a 93 en 2024, y una estimación de más de 100 toneladas para el cierre de 2025. Alarmantemente, se calcula que entre el 45% y 50% del oro exportado es de origen desconocido, con Pataz ocupando un lugar protagónico en esta oscura estadística, según el experto Iván Arenas.

Emergencia perpetua, soluciones ausentes

Pataz lleva más de 22 meses bajo estado de emergencia, con despliegue militar y policial bajo el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) y toque de queda. Sin embargo, el alcalde Aldo Mariño ha sido categórico: “el gobierno central ha fracasado en la provincia de Pataz”. El experto Iván Arenas coincide, señalando que la vasta extensión territorial y la falta de grupos especializados para operar en socavones hacen que las medidas sean insuficientes. El problema de fondo, según Arenas, es de “desorden y desorganización”.

El alcalde Mariño, recordado por su caminata de 48 días en octubre para exigir atención estatal, ha denunciado la “ausencia de servicios de Inteligencia o si los hay están podridos, corrompidos”. Sus pedidos al gobierno, que incluyeron la rotación de personal de la PNP en La Libertad y del INPE, así como la reestructuración policial y el envío de inteligencia y contrainteligencia a Pataz, quedaron como “pedidos” sin resultados tangibles. “Es el resultado de ausencia del gobierno central”, sentenció Mariño, quien exige una investigación a fondo que no direccione responsabilidades a un solo sector.

Lo que falta aclarar

• ¿Cómo es posible que una provincia bajo estado de emergencia por más de 22 meses registre 49 homicidios en un solo año? ¿Cuál es la rendición de cuentas de las autoridades encargadas de la seguridad?
• ¿Qué medidas concretas se han tomado para combatir la corrupción denunciada por el alcalde Mariño dentro de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia en Pataz?
• ¿Por qué el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sigue extendiéndose, a pesar de las claras evidencias de que la minería ilegal se ha fortalecido y ha cooptado a la criminalidad organizada?
• Si el alcalde Mariño sospecha que la PNP, mineros artesanales, la minera grande, o incluso él mismo podrían estar involucrados en la llegada de bandas criminales, ¿qué acciones ha emprendido el Ministerio Público para investigar todas estas aristas sin direccionamientos?