Fiscal deja libres a investigadas por cobros indebidos y Policía Anticorrupción alerta riesgo de impunidad

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La sorpresiva decisión de la fiscal Luz Sánchez Figueroa de liberar a Edith Céspedes Morales y Jessica Liberata Calderón Ramírez —trabajadoras de la Municipalidad Provincial de Huánuco detenidas por presunto peculado— ha desatado indignación interna en la Policía Anticorrupción y una profunda preocupación ciudadana. No es para menos: la fiscal habría dejado en libertad a las investigadas sin motivación clara, pese a haber sido ella misma quien sustentó el pedido de detención preliminar.

Una liberación que nadie entiende: fiscal no explica por qué cambia de criterio

De acuerdo con fuentes policiales, Sánchez Figueroa no precisó cuál fue el nuevo argumento jurídico o fáctico que la llevó a revertir su propio requerimiento. La decisión cae en un vacío preocupante:

  • No hay resolución pública que explique el cambio.
  • No se expusieron razones técnicas o legales.
  • No se notificó oportunamente el sustento a la Policía, que ejecutó diligencias y seguimientos durante semanas.

Este comportamiento, según especialistas consultados por Hoy Regional, vulnera el principio de motivación que rige toda decisión fiscal, y abre la puerta a una eventual intervención del Órgano de Control Interno del Ministerio Público.

Fiscal pide los actuados en plena diligencia: señales de descoordinación y posibles interferencias

Un hecho llamó aún más la atención: durante la diligencia de recaudo documental en la municipalidad (24 de noviembre), la fiscal pidió al jefe de Anticorrupción que le enviara todos los actuados a su despacho, pese a haber coordinado inicialmente el operativo de forma conjunta.
Para la Policía, esto rompió con la línea investigativa trazada y generó sospechas sobre la intención real de la fiscal en este caso.

Fuentes oficiales confirmaron que los siguientes actos de investigación se realizaron en sede fiscal, sin participación de Anticorrupción, lo que acentuó la sensación de opacidad.

Trabajo policial documentó cobros indebidos, pero decisión fiscal frena el avance

Según la información policial, las detenciones del 22 de noviembre fueron resultado de seguimientos, filmaciones y fotografías que registraron cobros irregulares a feriantes en la feria sabatina.
La liberación de las investigadas, sostienen, no solo desacredita el trabajo operativo, sino que compromete el avance de la investigación contra la presunta banda «Los Recaudadores».

La fuente consultada fue aún más dura:

Intentar “ganar protagonismo” terminó debilitando un caso que había sido sólidamente armado.

Un sistema desarticulado: Fiscalía dirige investigaciones, pero Ley 32130 sigue sin aplicarse

La Policía Anticorrupción recordó que la Ley 32130, promulgada el 10 de octubre de 2024 para devolver a la Policía la dirección de investigaciones penales, aún no se ejecuta.
El caso de “Los Recaudadores” es un ejemplo evidente de cómo esta demora mantiene un sistema donde la Fiscalía dirige pero no coordina, generando vacíos que pueden desembocar en impunidad.

Un mensaje peligroso a la ciudadanía

La expectativa ciudadana era alta: Huánuco lleva años denunciando cobros abusivos en espacios públicos, y este operativo representaba un paso firme contra prácticas enquistadas en la municipalidad.
La liberación sin sustento evidente mina la confianza pública, alimenta percepciones de protección institucional y envía un mensaje devastador:
que, aun con pruebas en video, detenciones legales y seguimiento policial, un caso puede deshacerse por decisiones poco transparentes.

La investigación sigue… pero el daño ya está hecho

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios continúa a cargo del caso. Sin embargo, la falta de motivación en esta decisión deja un precedente alarmante y plantea una pregunta que el Ministerio Público no puede eludir:
¿Quién asume la responsabilidad cuando una decisión fiscal compromete el avance de una investigación anticorrupción?

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