El partido de Keiko Fujimori, acusada de ser cabecilla de una organización criminal con facha de partido político con el nombre de “Fuerza Popular”, presentó una denuncia penal contra el periodista Gustavo Gorriti y cuatro fiscales que participaron o participan en el caso Lava Jato, por supuestamente formar parte de una organización criminal que buscaba perjudicar a dicha organización política y a la señora “K”, Keiko Sofía Igushi Fujimori.
La denuncia, que se basa en el testimonio del exasesor del Ministerio Público Jaime Villanueva, fue ingresada el pasado 20 de febrero ante la fiscalía de la Nación por la representante legal de Fuerza Popular, Liliana Takayama.
Los denunciados son los fiscales Pablo Sánchez, José Domingo Pérez, Rafael Vela y Zoraida Ávalos, quienes han sido o son parte del Equipo Especial Lava Jato, encargado de investigar los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios peruanos.
Según la denuncia, estos fiscales habrían incurrido en los delitos de pertenencia a una organización criminal, cohecho, fraude procesal, tráfico de influencias, entre otros, con el fin de favorecer a Gorriti, director del portal IDL-Reporteros, que ha publicado numerosos reportajes sobre el caso Lava Jato.
Además, Takayama solicitó al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, que aparte de inmediato a Pérez y Vela de las investigaciones que involucran a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, quien afronta un juicio oral por el caso Cocteles, que se iniciará el próximo 1 de julio.
Si miramos con ojo jurídico la pretensión de la señora “K” y sus títeres, fácilmente tenemos que colegir que, esta denuncia contra una presunta organización criminal compuesta curiosamente, por cuatro fiscales que la investigan por lavado de activos y un concurso real de delitos, ha nacido muerta, no es sino un manotazo de ahogado, una especie de psico social para mantener la atención del público, en algo realmente irrelevante.
Decimos esto, porque a la luz de las disposiciones penales, del Código Procesal Penal y de innumerables ejecutorias supremas de la Corte Suprema de Justicia del Perú y del Tribunal Constitucional, una denuncia, aún en su etapa inicial, no puede ser afectada de manera alguna, ni siquiera mediante recurso de apelación, se puede impedir que el fiscal cumpla su deber de titular de la acción penal. No se puede obstaculizar la acción de la justicia.
El Art. 139.3 de la Constitución Política del Estado, que el fujimorismo, siendo su autor, la transgrede constantemente, es absolutamente claro en su contexto. No se puede paralizar ninguna investigación, mucho menos cuando ésta tiene acusación fiscal y está a puertas de iniciarse la etapa de juzgamiento contra la señora “K” Keiko Sofía Igushi Fujimori.
Sin embargo, tenemos que advertir, que toda acción busca una reacción. Acá, además del psicosocial, lo que se estaría buscando es “preparar el terreno para torpedear el juicio oral contra doña Keiko y buscar con uñas, dientes y todo lo utilizable, desde “tinterilladas” de los “abogados”, la nulidad de todo lo actuado en las etapas investigatorias, haber sin un juzgado despistado, inducido a error, pueda acceder a sus planteamientos, para salir libre de “polvo y paja”.
¡Mucho cuidado!, no por nada, el abogado de la denunciante ha pedido “tinterillescamente”, porque definitivamente se trata de un recurso temerario, planteado sin probidad y con el único ánimo de obstaculizar el proceso, ha solicitado decimos, el apartamiento “inmediato” de los fiscales Domingo Pérez y Zoraida Ávalos, (Rafael Vela Barbaja ya fue suspendido en sus funciones), del equipo especial de Lava Jato, el caso de los cócteles y otros.
Claro está, de lograr este objetivo, la señora “K” y fuerza popular lograrán que las asuma otros fiscales afines a la corrupción fujimorista y al mandato de la derecha retrógrada, de los zánganos de la rancia oligarquía.
Lo advertimos en nuestra edición de fecha 13 de febrero del año en curso, cuando publicamos el artículo periodístico titulado: “Jaime Villanueva enloda a nuevas autoridades y al Jurado Nacional de Elecciones ¿Con que fines?. En aquella ocasión dijimos: “De inmediato la acusada Keiko Fujimori, con el apoyo de la prensa concentrada y vendida, ha salido a pedir la nulidad de las investigaciones realizadas hasta la fecha; que se separe de la investigación al Fiscal José Domingo Pérez y se abra investigación contra Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, para suspenderlos, separarlos definitivamente del cargo de fiscales.”
Luego agregamos: “Anque algunos analistas y politólogos aparentan desconocer el hecho y otros
lo hacen a media tinta, la señora “K”, Keiko Sofía Igushi Fujimorismo
tiene un gran poder corruptor, con la asesoría especializada en temas de
corrupción y psicosociales, estaría recibiendo de su “tío” Vladimiro
Montesinos. Para ello obviamente estaría haciendo uso del fabuloso botín de
dinero que su padre, el sentenciado Alberto Kenya Fujimori Fujimori, esquilmó a
los peruanos.”
También advertimos: “En este contexto, no queda mucha duda que estaría utilizando ese poder
económico, para comprar las “confesiones” de Villanueva, que de
manera sospechosa y bastante enredada, viene buscando enlodar a nuevos
personajes de las fiscalías y del periodismo, con el agregado de inmiscuir como
quien no quiere la cosa, al Jurado Nacional de Elecciones.” Hemos claramente contextualizado las cosas que venían sucediendo con las “declaraciones” del “colaborador eficaz.” Hoy todo nos da la razón y encontramos que la señora “K”, seguirá utilizando a Jaime Villanueva para que siga “acordándose” de cosas que salen de un libreto; y, seguirá enlodando a otras personas y enredando un proceso, por obra y gracia del fiscal que recibe sus declaraciones decontextualizadas en lo absoluto, del caso al que se ha sometido a colaborar.
La representante legal de Fuerza Popular argumentó que los fiscales carecen de objetividad e imparcialidad, y que vulneran los derechos constitucionales de la presunción de inocencia y el debido proceso.
Asimismo, Takayama envió un oficio al presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, para que disponga la suspensión preventiva de Sánchez, Pérez y Vela, por las supuestas faltas disciplinarias graves que son materia de investigación en dicho órgano.
