¡707 distritos en emergencia mientras los incendios devastan el país!

El Gobierno declara en emergencia a 17 regiones por déficit hídrico, mientras los incendios forestales se multiplican, arrasan con la vegetación, amenazan a comunidades y provocan la muerte de animales silvestres. Solo el 10 de octubre se reportaron 77 siniestros simultáneos, en medio de una crisis que ha desbordado la capacidad de respuesta en algunas regiones.

El Perú enfrenta una emergencia ambiental de enormes proporciones. Mientras extensas áreas de vegetación son consumidas por incendios forestales y numerosas comunidades permanecen expuestas al avance del fuego, el Gobierno declaró en estado de emergencia a 707 distritos de 17 regiones ante el peligro inminente de déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027. La decisión llega en un momento especialmente delicado, cuando la escasez de agua, las condiciones de sequedad y la proliferación de incendios ponen a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 140-2026-PCM, con una vigencia de 60 días calendario. Sin embargo, la publicación de una norma no resuelve por sí sola la falta de equipos, personal especializado, infraestructura hídrica ni recursos para enfrentar una emergencia de esta magnitud. Lo que corresponde ahora es conocer qué intervenciones concretas se ejecutarán, cuánto dinero se destinará a ellas y qué instituciones asumirán la responsabilidad de proteger a las poblaciones amenazadas.

DE 26 A 77 INCENDIOS EN APENAS UN DÍA

Las cifras difundidas por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reflejan la gravedad de la situación. Hasta las 12:40 p. m. del sábado 10 de octubre se reportaron 77 incendios forestales confirmados de manera simultánea, frente a los 26 registrados el día anterior. El incremento evidencia la velocidad con la que puede agravarse la emergencia cuando coinciden vegetación seca, altas temperaturas y fuertes vientos.

Cusco, Apurímac y Junín figuran entre las regiones más comprometidas. El fuego amenaza ecosistemas, terrenos agrícolas, pastizales y zonas próximas a centros poblados. Pero las pérdidas no se limitan a los daños materiales. Los incendios también destruyen hábitats y dejan atrapados a animales silvestres que no siempre consiguen escapar de las llamas. Otros sobreviven al fuego, pero pierden sus fuentes de alimento, refugio y reproducción.

Detrás de cada hectárea quemada existe un daño ambiental que puede prolongarse durante años. La recuperación de los suelos y la vegetación no ocurre con la misma rapidez con la que avanzan las llamas. Mientras tanto, las familias dedicadas a la agricultura y la ganadería quedan expuestas a pérdidas que afectan directamente sus medios de subsistencia.

CUSCO: 60 INCENDIOS EN NUEVE DÍAS Y UNA RESPUESTA DESBORDADA

La situación en Cusco es particularmente preocupante. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), durante los primeros nueve días de octubre se registraron 60 incendios forestales, una cantidad que superó la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de atender estas emergencias.

El responsable del COER Cusco, Gerardo Hilasaca, reconoció públicamente la gravedad del escenario. «En lo que va de octubre, en nueve días tenemos 60 incendios forestales, lo cual ha provocado que la capacidad de respuesta de las entidades se vea superada», manifestó.

Al momento del reporte, cinco incendios permanecían activos en distritos de las provincias de Anta, Canchis, Canas y Calca. También se identificaron focos de calor en Santa Teresa, San Pablo y Huanuquite, zonas donde las dificultades de acceso y las características del terreno complicaban las intervenciones.

La declaración del funcionario expone uno de los principales problemas de la emergencia: cuando los incendios se multiplican, las instituciones locales pueden quedar sin capacidad suficiente para responder a todos los frentes. Es precisamente en esas circunstancias cuando resulta indispensable una intervención nacional articulada, con apoyo logístico, personal preparado, herramientas y recursos que permitan reforzar las operaciones.

No basta con pedir a las autoridades regionales y municipales que enfrenten una situación que ya ha superado sus posibilidades operativas.

17 REGIONES BAJO AMENAZA POR LA ESCASEZ DE AGUA

El decreto comprende distritos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La declaratoria dispone la ejecución de medidas excepcionales e inmediatas para reducir el riesgo por déficit hídrico, así como acciones de respuesta y rehabilitación que deberán ser coordinadas entre gobiernos regionales, municipalidades, el Instituto Nacional de Defensa Civil y los sectores competentes.

Pero una declaratoria por riesgo de déficit hídrico no equivale automáticamente a disponer de los recursos necesarios para controlar los incendios forestales. Se trata de emergencias relacionadas por las condiciones ambientales, aunque requieren intervenciones específicas y presupuestos diferenciados.

La pregunta es qué capacidad real tendrán las autoridades para atender simultáneamente las necesidades de abastecimiento de agua, protección de cultivos y ganado, prevención de incendios y atención de poblaciones vulnerables.

EL COSTO DE ACTUAR CUANDO LA EMERGENCIA YA ESTALLÓ

Lo ocurrido vuelve a colocar bajo examen la política de prevención de desastres. El déficit hídrico y los incendios forestales son riesgos que requieren vigilancia permanente, planificación territorial, conservación de fuentes de agua y preparación de brigadas antes de que se produzcan las emergencias.

Sin embargo, el reconocimiento del peligro mediante un decreto debe traducirse rápidamente en acciones verificables. De lo contrario, los 60 días de emergencia podrían agotarse entre coordinaciones administrativas mientras las poblaciones afectadas continúan esperando soluciones.

También resulta necesario conocer cuántos equipos especializados existen para combatir incendios forestales, cómo están distribuidos en las regiones más vulnerables y qué apoyo reciben los bomberos, brigadistas y personal de primera respuesta.

La emergencia ambiental no termina cuando se extinguen las llamas. Después quedan terrenos degradados, cultivos afectados, animales muertos, comunidades expuestas a la escasez de agua y familias que necesitan recuperar sus actividades económicas.

El Ejecutivo tiene ahora la responsabilidad de demostrar que la declaratoria de emergencia permitirá reducir esos daños y no quedará limitada a un trámite administrativo. Las autoridades regionales y locales, por su parte, deberán rendir cuentas sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos.

Con 707 distritos declarados en emergencia y decenas de incendios registrados en un solo día, el país necesita algo más que disposiciones legales. Necesita una respuesta operativa que llegue a las zonas afectadas, recursos para enfrentar el fuego y decisiones de prevención que no vuelvan a postergarse hasta la siguiente emergencia.