Minería ilegal y sangre: 636 homicidios desnudan el fracaso de la seguridad en el Perú

Informe del Colectivo País Seguro revela que en distritos como Pataz y Ananea la violencia letal supera hasta en 45 veces el promedio nacional.

El Perú se desangra en los territorios dominados por la extracción ilícita. Según el último informe del Colectivo País Seguro (PAS), la expansión de la minería ilegal ha dejado un saldo de 636 homicidios en los enclaves de Pataz, Ananea, Inambari y Puerto Inca, transformando el problema ambiental en una crisis de seguridad pública incontrolable. Mientras el promedio nacional de homicidios se mantiene en niveles alarmantes —302 casos registrados entre el 28 de julio y el 21 de septiembre de 2026—, las zonas mineras presentan picos de violencia que superan hasta 45 veces la media del país, evidenciando que las estrategias de control territorial del Ejecutivo han sido, hasta el momento, insuficientes y meramente reactivas.

Zonas de sacrificio: El mapa de la muerte

La estadística del horror se concentra con especial crueldad en Pataz (La Libertad), donde se registraron 294 asesinatos, seguido por Ananea (Puno) con 159, Inambari (Madre de Dios) con 129 y Puerto Inca (Huánuco) con 54 muertes. En Ananea, específicamente en el centro poblado de La Rinconada, la situación es crítica: más de 30 mil personas viven bajo el control de organizaciones criminales y en condiciones de explotación extrema, con un 78% de la población carente de servicios básicos como agua y desagüe. En La Libertad, la violencia no se limita a las muertes; según el PAS, se han reportado 1,625 denuncias por extorsión y 415 por minería ilegal, lo que confirma que el crimen organizado ha canibalizado la economía local ante la mirada pasiva de las autoridades.

El rastro de sangre en los socavones

Los episodios de violencia letal son constantes y brutales. El 31 de diciembre de 2025, un enfrentamiento en la bocamina Papagayo, en Pataz, terminó con la muerte de tres presuntos mineros ilegales tras un presunto intento de robo de oro a la minera Poderosa. Meses después, el 1 de julio de 2026, cuatro obreros identificados como Roger Quispe Paucar, José Quispe Paucar, Ruiz Edilberto Quispe Machaca y Ángel David Machaca Colca fueron hallados con disparos en la cabeza en la bocamina El Olivo, en Puno. A estos casos se suman los asesinatos de Alejandro Fernández Tairo en mayo, Armando Ortiz Huaracha en junio, y dos víctimas adicionales en Puerto Inca a inicios de septiembre, configurando un escenario de guerra por el control de los yacimientos de oro.

Operativos reactivos frente a una amenaza estructural

Pese a la magnitud de la crisis, la respuesta estatal se ha centrado en golpes logísticos que no parecen disuadir el avance criminal. El Ministerio del Interior informó sobre la destrucción de bienes y equipos por un valor superior a S/27,8 millones en los sectores de Chicle y Balata, en el distrito de Inambari, mediante operativos helitransportados con apoyo del Ejército. Asimismo, en el distrito de Piás (Pataz), la Policía Nacional detuvo a los ciudadanos Sebastian Honorio Ríos, Wilser Acosta Contreras y Daver Custodio Contreras tras incautarles más de 1,500 explosivos y 5,500 metros de mecha de seguridad. Sin embargo, mientras la minería ilegal se expande hacia las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Cañete, la efectividad de estas intervenciones queda en entredicho frente a una estructura criminal que se regenera con rapidez.

Lo que falta aclarar

• ¿Por qué el Ministerio del Interior insiste en estados de emergencia que no logran reducir la tasa de 294 homicidios en Pataz ni frenar las 1,625 extorsiones reportadas?
• ¿Qué funcionarios o entidades son responsables de la filtración de los 1,549 explosivos incautados en Piás, que terminan alimentando la violencia en el norte del país?
• ¿Cuál es el plan de contingencia real para las 30 mil personas que viven bajo el yugo de mafias en La Rinconada, más allá de la presencia policial esporádica?