El congresista de Fuerza Popular, Víctor Flores, presentó un proyecto de ley que propone impedir que se pueda solicitar detención preliminar o prisión preventiva contra el personal de la Policía Nacional si, en cumplimiento de su deber constitucional, ocasiona alguna lesión o muerte. La iniciativa legislativa busca modificar el Código Procesal Penal para evitar que el Fiscal pueda pedir medidas cautelares para el personal en actividad de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber constitucional, utilice sus armas o medios de defensa de manera reglamentaria, incluso en situaciones donde se produzca alguna lesión o muerte.
El parlamentario justifica el propósito de la ley asegurando que es a fin de salvaguardar los derechos a la libertad, la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva del personal de la Policía Nacional del Perú. Esto se aplica cuando, en el cumplimiento de su deber constitucional, se produce alguna lesión o muerte al utilizar sus armas o medios de defensa de manera reglamentaria. Según la exposición de motivos, la propuesta argumenta que, debido a la inseguridad ciudadana que afecta al país, es esencial “eliminar cualquier barrera que pueda tener el personal de la PNP para ejercer sus funciones constitucionales”.
El proyecto de ley lleva las firmas de los parlamentarios Fernando Rospigliosi, Héctor Ventura, Eduardo Castillo, Luis Alegría, Eduardo Castillo, Mery Infantes y Nilza Chacon, todos de la bancada de Fuerza Popular. El proyecto ha sido presentado el 15 de febrero de 2024 y ha sido derivado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para su debate y dictamen.
Las modificaciones que plantea el proyecto de ley
El proyecto de ley plantea modificar los artículos 255 y 292-A, e incorporar los artículos 261-A y 268-B del Decreto Legislativo 957, Código Procesal Penal. Estas son las principales modificaciones que propone:
- El artículo 255 establece los requisitos para que el Fiscal pueda solicitar la detención preliminar de una persona por un plazo máximo de 48 horas. El proyecto de ley propone agregar un párrafo que señala que “no procede la detención preliminar judicial para el personal en actividad de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber constitucional, utilice sus armas o medios de defensa de manera reglamentaria, incluso en situaciones donde se produzca alguna lesión o muerte”.
- El artículo 292-A establece los requisitos para que el Fiscal pueda solicitar la prisión preventiva de una persona por un plazo máximo de 36 meses. El proyecto de ley propone agregar un párrafo que señala que “no procede la prisión preventiva para el personal en actividad de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber constitucional, utilice sus armas o medios de defensa de manera reglamentaria, incluso en situaciones donde se produzca alguna lesión o muerte”.
- El artículo 261-A establece que el personal en actividad de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber constitucional, utilice sus armas o medios de defensa de manera reglamentaria, incluso en situaciones donde se produzca alguna lesión o muerte, no será pasible de ninguna medida cautelar personal, salvo que existan elementos de convicción suficientes que acrediten que el uso de las armas o medios de defensa fue desproporcionado, arbitrario o abusivo.
- El artículo 268-B establece que el personal en actividad de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber constitucional, utilice sus armas o medios de defensa de manera reglamentaria, incluso en situaciones donde se produzca alguna lesión o muerte, gozará de la presunción de inocencia y del principio de legalidad, y que el Fiscal tendrá la carga de la prueba para demostrar lo contrario.
Las reacciones y las críticas al proyecto de ley
El proyecto de ley ha generado diversas reacciones y críticas en el ámbito político, jurídico y social. Algunos de los comentarios que se han expresado son los siguientes:
- El ministro del Interior, Carlos Basombrío, calificó el proyecto de ley como “una barbaridad” y “un atentado contra el Estado de derecho”. Dijo que el proyecto busca darle impunidad a los policías que cometan abusos o excesos en el uso de la fuerza, y que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Afirmó que el Gobierno se opondrá a esta iniciativa y que la defenderá ante el Tribunal Constitucional si es necesario.
- El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, manifestó su rechazo al proyecto de ley y dijo que es inconstitucional y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. Señaló que el proyecto de ley pretende eliminar el control judicial sobre la actuación policial, y que esto podría generar impunidad, arbitrariedad y violencia. Advirtió que el proyecto de ley podría afectar la imagen y la credibilidad de la Policía Nacional del Perú, y que podría generar más conflictos sociales.
- El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Gino Costa, dijo que el proyecto de ley es “un despropósito” y “una aberración jurídica”. Dijo que el proyecto de ley busca blindar a los policías que causen lesiones o muertes en el cumplimiento de su deber, sin importar si actuaron de forma legítima o ilegítima. Añadió que el proyecto de ley desconoce el principio de proporcionalidad y el derecho a la vida y a la integridad de las personas.
- El congresista de Fuerza Popular, Víctor Flores, defendió el proyecto de ley y dijo que busca proteger a los policías que arriesgan su vida por la seguridad ciudadana. Dijo que el proyecto de ley no busca la impunidad de los policías que cometan delitos, sino que busca evitar que sean sometidos a medidas cautelares injustas o arbitrarias. Aseguró que el proyecto de ley respeta el debido proceso y la presunción de inocencia, y que solo se aplica a los casos en que los policías actúen de forma reglamentaria.
- El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, cuestionó el proyecto de ley y dijo que es una muestra de la “doble moral” de Fuerza Popular. Dijo que el proyecto de ley busca beneficiar a los policías que están involucrados en casos de corrupción o violación de derechos humanos, y que contradice el discurso de Fuerza Popular de luchar contra la impunidad. Recordó que Fuerza Popular apoyó la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y que ahora busca evitarla para los policías.
