Indecopi impone millonaria multa a farmacéuticas por cártel que manipuló licitaciones de medicinas del Estado
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha sancionado, en primera instancia administrativa, a 13 empresas farmacéuticas y distribuidoras, así como a cinco ejecutivos, con multas que superan los S/539 millones. La Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) determinó que estas compañías se coludieron para manipular procesos de contratación del Estado, afectando la adquisición de medicamentos esenciales entre diciembre de 2006 y febrero de 2020.
La multa total asciende a S/539.06 millones (100.852,72 UIT) para las empresas, mientras que los ejecutivos involucrados deberán pagar conjuntamente S/1.4 millones (262.67 UIT). Según la investigación, las empresas coordinaron ofertas y decisiones de no participar en licitaciones para asegurarse la adjudicación de productos farmacéuticos destinados a hospitales públicos, incluyendo soluciones para reponer fluidos, antibióticos para infecciones, fármacos para tratamientos de cánceres agudos y medicamentos para combatir la anemia.
**La investigación del cártel**
La pesquisa, enmarcada en el Expediente 004-2021/CLC-IP, inició con inspecciones a diversas empresas del sector, como Jobal, Laboratorios Portugal, IQ Farma, Medifarma y AC Farma, entre setiembre de 2021 y julio de 2022. Estas diligencias permitieron recabar documentación física y digital que reveló patrones de coordinación en procesos que debieron ser estrictamente competitivos.
El 6 de abril de 2022, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de representantes como John Mac Dowall y Nataly Llanos, vinculados a Laboratorios Portugal, obteniendo correos electrónicos y comunicaciones internas que evidenciaron la coordinación. Posteriormente, se solicitaron informes a entidades como el OSCE, Essalud, CENARES y DIGEMID para contrastar la participación de las empresas en subastas inversas presenciales y electrónicas entre 2022 y diciembre de 2023. Indecopi también requirió información a ADIFAN en enero de 2023 sobre laboratorios asociados y sus representantes.
Entre junio de 2022 y octubre de 2023, la Dirección realizó entrevistas a personas naturales clave como Gabriel Apéstegui y Angélica Palomares (Medifarma), Mario Mongilardi (Laboratorios Americanos), Marko Inzúa (ex Medifarma y Laboratorios Americanos), John Mac Dowall y Nataly Llanos (Portugal), quienes proporcionaron detalles sobre su participación en licitaciones específicas.
**Modus operandi y afectación a la salud pública**
Tras analizar más de 14 años de procesos de compra y miles de ofertas, Indecopi emitió el 11 de julio de 2024 la Resolución 048-2024/DLC-INDECOPI, formalizando el procedimiento sancionador contra 15 empresas (de las cuales 13 fueron finalmente sancionadas) y cinco personas naturales. El expediente detalla 23 procesos de selección alterados en MINSA, Essalud y CENARES, como la LP SIP 18-2011-DARES, donde se identificaron 326 ofertas colusorias frente a 237 competitivas.
Para evadir la detección, el cártel evitaba el uso de correos electrónicos y reuniones presenciales, empleando lenguaje en clave y alias. Este esquema colusorio generó un gasto excesivo para el presupuesto público, al adjudicarse productos a precios superiores a los que se habrían logrado en un mercado competitivo, afectando directamente la disponibilidad de medicamentos fundamentales para la atención sanitaria del país.
La Comisión ha ordenado a las empresas sancionadas implementar programas de cumplimiento de las normas de libre competencia durante cinco años para garantizar su acatamiento y reducir el riesgo de reincidencia. La resolución aún puede ser impugnada ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi y, posteriormente, ante el Poder Judicial.
**Reacciones desde el sector salud**
**Hernando Cevallos, exministro de Salud**, manifestó que esta multa evidencia «un colapso deliberado de la capacidad del Estado para proteger la salud pública», donde «dos o tres empresas manejan el 80 o 90% de la comercialización de medicamentos». Cevallos acusó al Estado de haber «privilegiado los intereses de grandes empresas farmacéuticas», y señaló fallas estructurales en entidades como Digemid y Cenares, que operan con «controles de calidad y abastecimiento muy deficientes» y direcciones inestables. «El problema es integral… necesitamos construir un Estado que proteja a la gente, no uno complaciente con grandes empresas”, enfatizó.
Por su parte, **José Gonzáles, exdirector de Cenares**, reconoció que, si bien la migración a plataformas electrónicas redujo riesgos, no eliminó la colusión. Advirtió que «no es tan difícil advertir que algo no está funcionando bien» cuando pocas empresas presentan ofertas o lo hacen con el mismo precio. Gonzáles afirmó que Cenares puede reportar «indicios» de irregularidades y resaltó que estas distorsiones «golpean directamente el presupuesto público» y afectan «a la población que menos tiene», urgiendo a fortalecer la entidad y ampliar la competencia en el mercado.
**Empresas sancionadas:**
* B Braun Medical Peru S.A.
* Instituto Quimioterápico S.A.
* Laboratorios AC Farma S.A.
* Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L.
* Laboratorios Americanos S.A.
* Laboratorios Lansier S.A.C.
* Pharmagen S.A.C.
* OQ Pharma S.A.C.
* Laboratorios Portugal S.R.L.
* Laboratorios Unidos S.A.
* Medifarma S.A.
* Pereda Distribuidores S.R.L.
* Teva Perú S.A.
