¿Sin rancho por ineficiencia? Denuncian a Unidad Ejecutora 035 ante la Contraloría
Una denuncia anónima atribuida a personal policial señala a la Oficina de Administración y a la Unidad Ejecutora 035 por presuntas deficiencias presupuestales y contractuales en la Ración Orgánica Única Diaria. La constancia acredita su ingreso, pero el trámite figura “En Registro” y no prueba una investigación abierta ni un delito
Agentes de la PNP en Huánuco, San Martín y Ucayali exigen auditar el manejo de recursos tras la presunta suspensión de su ración alimentaria.
La seguridad pública no se garantiza con el estómago vacío. El personal policial de la Unidad Ejecutora 035, que abarca las regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali, ha llevado su indignación ante la Contraloría General de la República. Mediante una denuncia registrada el 15 de septiembre de 2026, se señala a la Oficina de Administración (OFAD) por una presunta gestión deficiente de la Ración Orgánica Única Diaria (ROUD), el beneficio alimentario conocido como ‘rancho’, cuya suspensión indefinida pone en jaque la operatividad de los agentes en zonas críticas del país.
Presunta malversación bajo la lupa del control
La denuncia, actualmente en estado de registro, apunta a una presunta malversación de fondos y negligencia grave en los procesos de contratación con empresas concesionarias. Según el documento presentado ante el ente de control, la administración habría permitido que el servicio de alimentación se interrumpa bajo el argumento de una asfixia presupuestaria. Sin embargo, los denunciantes exigen una auditoría profunda para determinar si los recursos destinados al rancho fueron desviados a otros fines, lo que configuraría un delito bajo el artículo 389 del Código Penal.
El vacío de los 3.4 millones de soles
La crisis no es un evento fortuito, sino una crónica de una desatención anunciada. Entre abril y junio de 2026, la Unidad Ejecutora 035 solicitó incrementos presupuestales que escalaron desde los S/1,82 millones hasta los S/6,7 millones para cubrir la alimentación de 771 nuevos policías incorporados a la zona. Pese a la emisión del Decreto Supremo N.º 103-2026-EF para transferencias al sector Interior, el déficit persistiría en S/3,4 millones. Resulta inadmisible que, tras conocerse en agosto que 68 dependencias estaban al límite de su disponibilidad, no se hayan activado contingencias eficaces para proteger el derecho básico del personal.
¿Ineficiencia local o abandono central?
Aunque el antecedente de falta de presupuesto desde el nivel central es real, esto no exime de responsabilidad a los administradores locales de la Región Policial. La investigación de la Contraloría deberá esclarecer si hubo una programación deficiente o si los contratos centralizados carecen de cláusulas de salvaguarda. Mientras la burocracia se escuda en trámites y estados de registro, la realidad es una sola: policías encargados de combatir la criminalidad estarían cumpliendo sus servicios sin la ración alimentaria mínima que la ley les garantiza.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué se incorporaron 771 nuevos efectivos a estas regiones sin asegurar previamente la certificación presupuestal para su alimentación hasta fin de año?
- ¿Cuál fue el destino exacto de los recursos transferidos mediante el Decreto Supremo N.º 103-2026-EF y por qué resultaron insuficientes para la Unidad Ejecutora 035?
- ¿Qué medidas de contingencia inmediata ha tomado el mando de la Región Policial Huánuco–San Martín–Ucayali para evitar que sus agentes sigan desabastecidos de la ROUD?
