Pataz: El oro ilegal que compra uniformes y silencios en el aparato estatal
Oro manchado. Especialistas piden investigar a malos policías, fiscales y funcionarios políticos pues aseguran que el tráfico de oro ilegal en Pataz y otras regiones de Piura, Puno, Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios, coexiste con una profunda corrupción de autoridades que se hacen de la vista gorda. Últimos fallos involucran a más de 100 efectivos.
Fuente de imagen: La República
Mientras el Gobierno presume incautaciones millonarias, la infiltración de mafias en la PNP, el Ejército y la Fiscalía revela que el enemigo también viste de gala.
La lucha contra la minería ilegal en el Perú parece un esfuerzo de Sísifo, no por falta de recursos, sino por la presunta podredumbre interna en las instituciones tutelares. Entre 2019 y 2024, el Tribunal de Disciplina Policial ha emitido al menos 37 fallos que involucran a 96 efectivos en redes de extracción ilícita en regiones como La Libertad, Piura y Madre de Dios. En Pataz, el epicentro del oro en el país, la narrativa oficial de los operativos choca frontalmente con una realidad incómoda: la infiltración de grupos armados en las propias fuerzas del orden que deberían combatirlos.
El uniforme bajo sospecha en el corazón de Pataz
Los nombres de Jonatan Martínez Santa Cruz, Julio Reyna Pereda, Jimmy Ruíz Mendoza y Ciro Vega Reyes, todos suboficiales de inteligencia, marcan un hito oscuro en la confianza institucional. El Poder Judicial de La Libertad les dictó 18 meses de prisión preventiva por presunto secuestro y extorsión a una empresaria en Chagual. A este escenario se suma la detención del capitán del Ejército, Gary Chiroque Barreno, quien se desempeñaba nada menos que como jefe de inteligencia del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) y fue acusado de extorsionar a un empresario gastronómico. ¿Cómo puede el Estado garantizar seguridad si los encargados de la inteligencia estratégica terminan procesados por delitos comunes?
La justicia y el mando policial en la cuerda floja
La contaminación no se detiene en las fuerzas operativas. Las recientes detenciones de los fiscales Américo Bautista Yama y Carlos Chirre Ramírez en Madre de Dios sugieren que los encargados de perseguir el delito ambiental estarían, presuntamente, vinculados a las mismas organizaciones que debían investigar. En este contexto, la salida del general PNP Franco Moreno de la jefatura en La Libertad, tras solo cuatro meses de gestión y un intento de depuración masiva en comisarías clave, deja una interrogante abierta sobre el costo político de enfrentar la corrupción interna. Según se informó, Moreno buscaba desarticular esquemas de extorsión en rutas mineras antes de ser removido.
Cifras de éxito frente a una realidad que se regenera
El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, reportó ante la Cámara de Diputados una afectación económica de S/248 millones a las mafias y la incautación de 70 fusiles de guerra en el último año. No obstante, especialistas como Karina Garay advierten que estas redes operan con una logística transfronteriza que incluye lavado de activos y tráfico de mercurio. La advertencia es clara: sin una presencia estatal permanente y una fiscalización rigurosa de las direcciones regionales de energía y minas, los operativos son golpes temporales que los mineros ilegales logran revertir apenas las tropas se retiran de la zona.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué el general Franco Moreno fue removido de su cargo apenas cuatro meses después de iniciar una purga de elementos policiales en zonas estratégicas de La Libertad?
- ¿Qué fallas en los protocolos de confianza permitieron que el capitán Gary Chiroque, hoy investigado por extorsión, ocupara la jefatura de inteligencia del Comando Unificado Pataz?
- Ante los 37 fallos del Tribunal de Disciplina Policial que involucran a casi un centenar de agentes, ¿cuál es el plan de reforma estructural para evitar que la rentabilidad del oro siga superando los controles éticos de la PNP y las Fuerzas Armadas?
