Obras y el fujimorismo imponen facultades que amenazan con un retroceso ambiental crítico

Con el voto decisivo de Jeenny Samanez y la abstención de Andrea Medina, el Congreso dio luz verde a medidas que debilitan la fiscalización y los derechos indígenas.

En una sesión que deja más dudas que certezas sobre la protección de nuestros recursos naturales, la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados aprobó el informe técnico que respalda las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. El resultado, definido por el voto dirimente del fujimorista Arturo Alegría tras un empate de nueve contra nueve, no habría sido posible sin el respaldo directo de Jeenny Samanez (Obras) y la calculada abstención de su colega de bancada, Andrea Medina. Esta decisión ignora las alertas técnicas que señalan riesgos severos de inviabilidad constitucional y un debilitamiento peligroso de los estándares de conservación en el país.

El factor ‘Obras’ y el voto dirimente de Fuerza Popular

La balanza se inclinó a favor del bloque conformado por Fuerza Popular y Renovación Popular gracias a la postura de las diputadas del partido Obras. Mientras Jeenny Samanez sumó su voto a los nueve que permitieron el empate, Andrea Medina optó por no oponerse, facilitando que el presidente de la mesa, Arturo Alegría, sellara la aprobación. Este alineamiento político ocurre a pesar de que bancadas como Juntos por el Perú, Partido de Buen Gobierno y Ahora Nación votaron en bloque contra una propuesta que, según diversos especialistas, carece de sustento técnico suficiente para garantizar la sostenibilidad ambiental.

Silencio administrativo: ¿Licencia para contaminar?

Uno de los puntos más críticos cuestionados durante el debate fue la implementación de la aprobación automática y el silencio administrativo positivo en trámites ambientales. El diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) fue enfático al señalar que la ineficiencia administrativa de una entidad no puede ser canjeada por una autorización automática que ponga en riesgo el agua, los bosques y la salud pública. En esa misma línea, la legisladora Giannina Avendaño advirtió que cualquier reforma al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) debe priorizar el derecho fundamental a un entorno sano por encima de la simple celeridad en las inversiones.

La advertencia de la SPDA: Inconstitucionalidad y desprotección

El respaldo político a estas facultades ignora un informe técnico de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), que califica las medidas como regresivas e incompatibles con la naturaleza preventiva del control ambiental. Según la institución, restringir las opiniones técnicas vinculantes de organismos como el SERNANP o la Autoridad Nacional del Agua (ANA) vulnera la protección de áreas naturales y recursos hídricos. Además, la SPDA alertó sobre la flexibilización de reglas para la extracción de recursos en zonas protegidas y la amenaza que representa priorizar concesiones forestales sobre la posesión ancestral de los pueblos indígenas.

Lo que falta aclarar

• ¿Bajo qué criterios técnicos las diputadas de Obras decidieron ignorar las advertencias de la SPDA sobre la inviabilidad constitucional de estas medidas?
• ¿Cómo garantizará el Ejecutivo que el silencio administrativo positivo no se convierta en una puerta abierta para proyectos que carecen de certificación ambiental real?
• ¿Cuál es la justificación para equiparar a los guardaparques con agentes de seguridad interna mediante el uso de armas no letales, ignorando su rol de conservación?
• ¿Por qué se insiste en permitir la extracción petrolera en territorios de pueblos en aislamiento (PIACI) bajo el pretexto de una supuesta compatibilidad?