Defensoría del Pueblo: El despacho de Josué Gutiérrez y el patrón de los favores exprés
El reportaje expuso reuniones previas con el titular y posteriores ingresos mediante locaciones y CAS, además de observaciones de la Contraloría sobre perfiles y concursos, lo que reabre el escrutinio institucional
Fuente de imagen: Infobae
Visitas que se convierten en contratos y ascensos que desafían los informes de Contraloría. La gestión de Gutiérrez bajo sospecha por presunto clientelaje.
La Defensoría del Pueblo, institución llamada a ser el baluarte de la legalidad y los derechos ciudadanos, atraviesa una crisis de legitimidad bajo la batuta de Josué Gutiérrez. Una investigación de Cuarto Poder ha revelado un patrón inquietante: el despacho del Defensor parece funcionar como una antesala para la obtención de órdenes de servicio y plazas CAS. Mientras la Contraloría General de la República acumula informes sobre perfiles profesionales fraguados y procesos de selección viciados, la actual administración responde con ascensos meteóricos para el círculo de confianza del titular, ignorando las advertencias del órgano de control.
El despacho de las oportunidades inmediatas
Los casos de Lucía Yalán Cano y Nicole Mingos Medrano exponen una coincidencia temporal difícil de justificar bajo criterios de meritocracia. Yalán acudió al despacho de Gutiérrez el 12 de junio de 2024 por más de dos horas; semanas después, y sin experiencia previa en el Estado, obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP) y cinco órdenes de servicio consecutivas antes de saltar al régimen CAS. Un guion casi idéntico siguió Mingos Medrano, quien tras visitar dos veces al defensor el 30 de julio de 2024, inició el trámite de su RNP apenas tres días después, logrando cuatro contratos antes de su incorporación definitiva a la planilla institucional.
Alquimia administrativa para cumplir perfiles
La rigurosidad técnica parece ser un obstáculo opcional en la gestión de Gutiérrez. Según la Contraloría, Betbiary Díaz Coral fue designada jefa del Programa del Derecho a la Salud en julio de 2024 sin acreditar los cuatro años de experiencia exigidos. El informe de control detectó una manipulación grotesca de los datos: certificados que solo acreditaban siete días de labor fueron computados por Recursos Humanos como si fueran tres años y dos meses. Aunque Díaz dejó la jefatura en enero de 2025 tras las observaciones, Gutiérrez la premió designándola como asesora y, posteriormente, promoviéndola al cargo de adjunta.
Juez, parte y beneficiaria salarial
El favoritismo también habría alcanzado los concursos públicos internos. Margarita Yahuana Correa, excolaboradora parlamentaria ligada al entorno de Gutiérrez, logró una plaza bajo el régimen 728 en un proceso que la Contraloría calificó como carente de transparencia. El ente de control reveló que Yahuana participó en la recopilación de información administrativa del mismo concurso en el que ella competía. Tras ganar la plaza, su sueldo escaló de S/ 7,000 a aproximadamente S/ 14,000, para luego ser promovida a la Dirección General de Administración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo justifica la Defensoría que personas sin trayectoria en el sector público obtengan contratos estatales apenas días después de sostener reuniones privadas con Josué Gutiérrez?
- ¿Bajo qué criterio ético se promueve a cargos de mayor jerarquía a funcionarias como Díaz Coral, cuya falta de perfil profesional ya había sido acreditada por la Contraloría?
- ¿Por qué se permitió que una postulante a un concurso público tuviera acceso a la información sensible del proceso que terminó ganando con un aumento salarial del 100%?
