En la liberación del empresario minero: Ministro de Defensa admite pago que la PNP intentó ocultar

Rafael Belaúnde confirmó que se entregó dinero para liberar al empresario Jenss Lara, desmintiendo la versión policial que atribuía el rescate únicamente a la ‘presión’ de sus agentes.

La narrativa oficial sobre la liberación del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla en Trujillo ha quedado fracturada por las propias declaraciones del Ejecutivo. Mientras la Policía Nacional (PNP) intentó posicionar el éxito del operativo como un resultado exclusivo de la «presión policial», el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, admitió públicamente que se efectuó un pago económico a los captores. Esta contradicción no solo expone una falta de cohesión en la comunicación del sector Interior y Defensa, sino que cuestiona la transparencia con la que se están manejando las crisis de seguridad ciudadana en una región asolada por el crimen organizado.

El dinero que la Policía no quiso mencionar

Según el titular de Defensa, la entrega de dinero no fue un acto clandestino de la familia, sino una operación supuestamente monitoreada por la propia PNP para seguir la ruta de los fondos e identificar a los presuntos criminales. Sin embargo, esta versión colisiona frontalmente con los reportes iniciales de la institución policial, que negaron cualquier transacción financiera. ¿Por qué ocultar un procedimiento que, según el ministro, formaba parte de la estrategia? La captura de cinco presuntos implicados tras el violento secuestro —que dejó un saldo de cuatro personas asesinadas— no borra la incertidumbre sobre quién tiene realmente el control de la información en estos operativos.

¿Secuestro o intento de sicariato?

Otro punto crítico en las declaraciones de Belaúnde Llosa es el giro en el móvil del crimen. El ministro sostuvo que, de acuerdo con la información preliminar, el objetivo de la organización no habría sido meramente extorsivo, sino que el trasfondo apuntaba al sicariato contra Lara Tantaquilla. Esta tesis eleva la gravedad del caso: no estaríamos ante una banda de secuestradores comunes, sino ante una estructura con objetivos de eliminación selectiva que, pese a estar bajo vigilancia, logró perpetrar una masacre de cuatro personas antes de la liberación del empresario.

Lo que falta aclarar

• ¿Por qué la Policía Nacional negó el pago del rescate si, según el ministro de Defensa, los agentes estuvieron presentes y monitorearon la entrega?
• Si la estrategia era seguir la «ruta del dinero», ¿cuánto se entregó y qué porcentaje de esos fondos ha sido recuperado tras la detención de los cinco presuntos involucrados?
• ¿Cómo se explica que una operación «monitoreada» no pudiera evitar el asesinato de cuatro personas durante el ataque inicial en Trujillo?
• ¿Existe una estrategia unificada entre el Ministerio del Interior y el de Defensa, o la ciudadanía asiste a una improvisación de versiones según la presión mediática?