Millonario crédito francés para vivienda sostenible: ¿Un respiro o un parche para la acuciante crisis habitacional peruana?

Lima, Perú. La República del Perú ha concretado un nuevo acuerdo de financiamiento con Francia, que implica una inyección de 375 millones de euros, canalizados a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), con el propósito declarado de impulsar la construcción de miles de viviendas «sostenibles» en el país. Este anuncio, presentado por las autoridades como un avance en la lucha contra el déficit habitacional, abre un debate necesario sobre la verdadera efectividad y el impacto a largo plazo de este tipo de asistencia externa en la compleja realidad social peruana.

El paquete financiero, que refuerza una alianza de larga data entre el Fondo Mivivienda (FMV) y la AFD, tiene como objetivo primordial la edificación de hogares ecoeficientes y la incorporación de energías renovables. La retórica oficial subraya un «crecimiento urbano responsable y con menor impacto ambiental», un loable propósito en un país vulnerable al cambio climático. Sin embargo, la atención se centra en cómo este significativo monto se traducirá en soluciones concretas y equitativas para la acuciante necesidad de vivienda digna que afecta a millones de peruanos.

Una Década de Alianza Bajo la Lupa
La colaboración entre el FMV y la AFD no es una novedad; su origen se remonta a 2015. En estos casi diez años, el Fondo Mivivienda, con el respaldo de la entidad francesa, ha reportado haber beneficiado a más de 49.000 familias con acceso a viviendas de calidad. Si bien esta cifra es significativa en términos absolutos, el análisis crítico invita a ponderar su verdadero alcance frente a un déficit habitacional cuantitativo y cualitativo que, según estimaciones del sector, supera el millón y medio de unidades en todo el territorio nacional.

La sostenibilidad y la inclusión son los pilares conceptuales que la AFD destaca en su modelo. La institución francesa ha señalado que estos principios «pueden incorporarse en las políticas de vivienda», reflejando su compromiso con la transición ecológica y social. No obstante, la implementación práctica de estas directrices en el contexto peruano plantea interrogantes: ¿Los criterios de «ecoeficiencia» son rigurosos y adaptados a las diversas geografías del país? ¿Se está garantizando que la población más vulnerable, que carece de infraestructura básica y acceso a servicios, sea la principal beneficiaria, o existe el riesgo de que los programas se concentren en segmentos con mayor capacidad de endeudamiento o acceso a la bancarización?

Desafíos Estructurales y la Gestión de Fondos
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, junto con el Fondo Mivivienda, son los principales ejecutores de estas políticas. Históricamente, estas instituciones han enfrentado desafíos considerables en la gestión y ejecución de proyectos de gran envergadura. La burocracia, la lentitud en los procesos y, en ocasiones, las sospechas de ineficiencia o posibles irregularidades, han sido constantes en la discusión pública. La llegada de este nuevo financiamiento extranjero, si bien bienvenida, también pone de manifiesto una persistente dependencia de la asistencia externa para abordar problemas estructurales que deberían ser prioritarios en la agenda nacional y sostenidos con recursos propios.

El fortalecimiento del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) del FMV es un punto resaltado por las entidades, buscando una gestión más rigurosa en los proyectos. Sin embargo, la ciudadanía y los observadores demandan mayor transparencia no solo en la aplicación de estos sistemas, sino en la selección de los proyectos y beneficiarios, así como en la supervisión de la calidad constructiva que garantice la durabilidad y funcionalidad de las viviendas.

El objetivo a largo plazo, según el Ministerio de Vivienda, el FMV y la AFD, es continuar brindando soluciones financieras y técnicas que amplíen el acceso a viviendas seguras, sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales del país. Sin embargo, más allá de la buena voluntad, la gestión de estos 375 millones de euros exigirá una probidad y una celeridad excepcionales. El Estado peruano deberá rendir cuentas claras sobre los términos del financiamiento, que, al provenir de un banco de desarrollo, implica condiciones de devolución y, por tanto, se suma a la deuda pública. Es crucial que cada euro invertido se traduzca en beneficios tangibles y duraderos, y no solo en estadísticas que maquillen una brecha habitacional que persiste como uno de los más grandes retos sociales del país.

En un Perú que busca consolidar su desarrollo, la alianza con Francia representa una oportunidad innegable. Pero también es un recordatorio de la gigantesca tarea pendiente y la necesidad imperativa de una política de vivienda robusta, planificada a largo plazo, que trascienda la coyuntura política y que, sobre todo, coloque genuinamente a las familias peruanas, con sus nombres y apellidos, en el centro de su desarrollo.