PCM: Perú cede terreno minero a Bolivia y Chile por conflictos internos

Lima, Perú — El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ha lanzado una contundente advertencia que resuena en los círculos políticos y económicos del país: la persistencia de la conflictividad social en torno a proyectos mineros clave podría desviar valiosas inversiones internacionales hacia naciones vecinas como Bolivia y Chile, competidores directos en el atractivo minero regional. Estas declaraciones, realizadas ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), ponen de manifiesto la creciente preocupación del Ejecutivo por la estabilidad del sector que considera pilar de la economía nacional.

Álvarez enfatizó que la imagen de Perú como destino confiable para el capital minero está en juego, y que la paralización o frustración de iniciativas como Tía María, en Arequipa, enviaría una «señal negativa» con repercusiones económicas a largo plazo. La postura del jefe del Gabinete refleja una estrategia gubernamental clara: priorizar la inversión formal y la estabilidad, presentando la conflictividad como un riesgo para la competitividad del país en el escenario global.

El proyecto Tía María, impulsado por Southern Perú, filial de Grupo México, se ha erigido en el epicentro de esta tensión. Con más de quince años de protestas, principalmente de comunidades agrícolas del Valle del Tambo que expresan profundas preocupaciones ambientales, el reinicio de sus obras —con una inversión estimada de 200 millones de dólares en 2025 y 900 millones en 2026— es visto por el gobierno como una «prueba decisiva». Para el Ejecutivo, el éxito de Tía María sin mayores contratiempos sería un poderoso mensaje de confianza a los inversionistas, mientras que su fracaso consolidaría una percepción de ingobernabilidad que otros países estarían listos para capitalizar. Esta dicotomía, sin embargo, a menudo simplifica la complejidad de los reclamos locales que subyacen a la resistencia.

En su intervención, Álvarez no dudó en señalar a ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG) con financiamiento extranjero, acusándolas de mantener una postura «abiertamente crítica» contra la gran minería formal, mientras —según su visión— ignoran la devastación causada por la minería ilegal. Esta narrativa oficial sugiere una injerencia externa en la conflictividad, aunque no profundiza en las causas estructurales y las legítimas demandas de las comunidades afectadas, que a menudo se sienten desatendidas por el Estado en la gestión de sus territorios y recursos hídricos. El premier destacó que la minería formal cumple con estándares ambientales y contribuye significativamente a la economía a través de impuestos, empleo y canon, a diferencia de la actividad ilícita.

La sombra del proyecto Conga, suspendido en 2012 tras intensas protestas en Cajamarca, fue evocada por Álvarez como un antecedente nefasto. Advirtió que la paralización de proyectos formales abre la puerta a la proliferación de la minería ilegal, con sus consecuencias sociales, ambientales y de seguridad. Esta referencia busca reforzar la idea de que la ausencia de inversión formal no deja un vacío, sino que lo llena con actividades aún más perjudiciales, un argumento recurrente para presionar por la aprobación de proyectos cuestionados.

El presidente del Consejo de Ministros insistió en que la falta de nuevas inversiones mineras es «sumamente grave» para un país que aún enfrenta vastas brechas en infraestructura, tecnología y educación. Presentó la inversión privada, especialmente la minera, como la vía fundamental para cerrar estas brechas históricas en regiones postergadas. Sin embargo, este enfoque no siempre aborda cómo garantizar que los beneficios de la minería se distribuyan equitativamente y se traduzcan en desarrollo sostenible para las poblaciones directamente impactadas, más allá de los ingresos que percibe el Estado.

Finalmente, Álvarez abordó la problemática de la minería ilegal, calificándola de desafío principal para el país. Criticó abiertamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalando que «no ha funcionado» debido a requisitos «demasiado altos y costosos» para los pequeños mineros. Esta autocrítica gubernamental sobre la ineficacia de las políticas de formalización es un reconocimiento de un problema complejo y multifactorial, que va más allá de la mera represión y exige una reformulación integral de la normativa y de las estrategias de apoyo a la minería a pequeña escala.

Las declaraciones del titular de la PCM constituyen un claro mensaje político y económico del Ejecutivo, que busca consolidar el apoyo a la minería formal como motor de crecimiento. En un contexto de tensiones sociales, presiones políticas y una competencia regional acentuada por la demanda global de minerales, el gobierno advierte que la incapacidad de resolver los conflictos internos no solo debilita la economía nacional, sino que podría ceder terreno estratégico a los vecinos de la región, abriendo un debate más profundo sobre el modelo de desarrollo que Perú elige para su futuro.