Keiko pide poderes contra el crimen, Pero deja fuera a las “leyes procrimen”

El Gobierno solicita al Congreso facultades legislativas por 120 días para enfrentar la delincuencia, reformar el sistema penitenciario y modificar normas de seguridad. Sin embargo, entre sus 66 pedidos no incluyó autorización expresa para derogar o modificar las leyes cuestionadas por debilitar la persecución del crimen organizado.

El Gobierno de Keiko Fujimori quiere poderes extraordinarios para combatir la delincuencia. Ha pedido al Congreso facultades legislativas durante 120 días para modificar normas penales, intervenir en el sistema penitenciario, combatir la extorsión y el sicariato, fiscalizar armas, cambiar disposiciones migratorias y adoptar nuevas medidas frente a organizaciones criminales.

Son 66 solicitudes agrupadas en ocho grandes materias. El Ejecutivo sostiene que necesita rapidez para enfrentar a una criminalidad que avanza más rápido que el propio Estado.

El problema aparece cuando se revisa aquello que no pidió.

Entre las numerosas leyes que el Gobierno pretende modificar no aparecen precisamente varias normas que durante los últimos años han sido cuestionadas por fiscales, jueces y especialistas por debilitar herramientas utilizadas para perseguir al crimen organizado. Son las denominadas, desde diversos sectores, “leyes procrimen”.

Y la omisión no es menor.

66 facultades, pero ninguna para desmontarlas

El proyecto enviado al Congreso es amplio y detallado. El Ejecutivo quiere intervenir en legislación penal, penitenciaria, policial, migratoria, tributaria, administrativa, laboral, minera y ambiental.

En materia de seguridad, plantea modificar normas contra la extorsión y el sicariato, delitos informáticos, responsabilidad de personas jurídicas, denuncias digitales, teléfonos celulares utilizados para delinquir, armas de fuego y funcionamiento de establecimientos penitenciarios.

Es decir, el Gobierno ha identificado claramente qué normas considera necesario modificar.

Sin embargo, no aparecen expresamente la Ley 31990, relacionada con la colaboración eficaz; la Ley 32108, que modificó la legislación sobre organizaciones criminales; la Ley 31751, cuestionada por sus efectos sobre la prescripción penal; ni la Ley 32326, que introdujo cambios al régimen de extinción de dominio.

Todas ellas han generado cuestionamientos desde instituciones vinculadas directamente a la persecución del delito.

El Gobierno sabe que el problema existe

La ausencia resulta todavía más llamativa porque Fuerza Popular prometió durante la campaña revisar las denominadas “leyes procrimen”.

El Gobierno incluso creó una comisión técnica para evaluarlas, instalada el pasado 28 de agosto con participación de representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, INPE y especialistas.

Por eso no sería correcto afirmar todavía que Keiko Fujimori ha decidido definitivamente mantener esas leyes. La comisión podría recomendar cambios o derogaciones.

Pero políticamente la pregunta sigue intacta: si la inseguridad es tan urgente que el Gobierno necesita 120 días de facultades extraordinarias, ¿por qué esas normas tienen que esperar otro procedimiento?

¿Por qué para unas leyes existe urgencia y para otras solamente una comisión?

Mano dura en el discurso

Una de las propuestas más llamativas del Ejecutivo es establecer un marco que permita considerar como terroristas a determinadas organizaciones criminales.

La palabra resulta políticamente potente. Transmite autoridad, dureza y decisión. Pero modificar la denominación de un delincuente no reemplaza las herramientas necesarias para investigarlo.

Un fiscal necesita identificar estructuras criminales, seguir el dinero, obtener testimonios, realizar allanamientos, conseguir información de colaboradores y recuperar bienes de procedencia ilícita.

Y justamente varias de las llamadas “leyes procrimen” han sido cuestionadas porque podrían dificultar esas tareas.

El Ministerio Público ha cuestionado, entre otras normas, la Ley 31751 por sus efectos en materia de prescripción, la Ley 31990 por las limitaciones introducidas a la colaboración eficaz, la Ley 32108 por los cambios a la definición y persecución de organizaciones criminales y la Ley 32326 por las modificaciones al régimen de extinción de dominio.

Por eso el problema no puede reducirse a una etiqueta política. Existen cuestionamientos institucionales concretos sobre los efectos de esas reformas.

Una herencia incómoda para el fujimorismo

El asunto resulta especialmente delicado porque Fuerza Popular no fue un actor ajeno a la aprobación de algunas de estas normas.

En el caso de la Ley 32108, congresistas fujimoristas participaron en su aprobación. La norma modificó la definición de organización criminal e introdujo nuevas reglas que generaron críticas desde el Ministerio Público y otros sectores del sistema de justicia.

Algo similar ocurrió con la Ley 31990. Fue presentada como una reforma destinada a fortalecer la colaboración eficaz, pero estableció plazos y restricciones que fiscales consideran problemáticos para investigaciones complejas.

También está la extinción de dominio, una herramienta destinada a recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas. Desde el Poder Judicial se han cuestionado los cambios efectuados a esta legislación por considerar que podrían significar un retroceso frente al crimen organizado.

El nuevo Gobierno conocía perfectamente estos cuestionamientos antes de asumir el poder.

Para otras leyes sí hay derogación

Existe además un detalle revelador dentro del propio pedido de facultades.

El Ejecutivo sí encontró espacio para solicitar expresamente la derogación de la Ley 32645, vinculada a la creación del Colegio de Artistas del Perú.

La comparación resulta inevitable.

Entre 66 facultades hubo precisión suficiente para plantear la desaparición de una ley relacionada con el Colegio de Artistas, pero no una autorización igualmente clara para modificar o derogar normas cuestionadas por afectar la lucha contra el crimen organizado.

Ese contraste debilita el discurso de urgencia.

Una comisión mientras la delincuencia avanza

El Gobierno podría argumentar que una legislación penal compleja debe estudiarse antes de ser modificada. Y eso es razonable.

El problema es que esa prudencia no aparece con la misma intensidad en otras materias.

Para reformar penales, intervenir reglas sobre armas, modificar normas tributarias, administrativas o laborales, el Ejecutivo considera que el trámite ordinario resulta demasiado lento y pide facultades para legislar directamente.

Pero cuando llega el momento de tocar normas cuestionadas por fiscales y jueces, aparece la cautela: primero comisión, luego informe y después, eventualmente, un proyecto de ley.

La contradicción es evidente.

La seguridad también se demuestra corrigiendo malas leyes

El Gobierno busca proyectar una imagen de autoridad frente al delito. Habla de estados de emergencia, control penitenciario, nuevas facultades policiales y mayor severidad frente a organizaciones criminales.

Pero combatir la inseguridad no consiste únicamente en sacar policías o militares a las calles ni en colocar etiquetas más duras a los delincuentes.

También significa revisar las normas que pueden estar debilitando el trabajo de fiscales y jueces.

Keiko Fujimori pide 120 días para legislar porque asegura que necesita velocidad. Sin embargo, dentro de 66 facultades no incorporó expresamente la posibilidad de desmontar las leyes que han sido señaladas como obstáculos para perseguir al crimen organizado.

La comisión técnica tendrá ahora que demostrar que la revisión prometida no fue solamente una salida política.

Mientras tanto, queda una contradicción difícil de ocultar: el Gobierno pide más poderes para combatir el crimen, pero no pidió esos mismos poderes para modificar las normas que han sido acusadas de favorecerlo.