Médico legista del Ministerio Público bajo sospecha por fraude millonario a aseguradoras
Médico legista del Ministerio Público es investigado por liderar presunta red que falsificaba actas de defunción para cobrar S/ 22 millones a aseguradoras. Hay detenidos con prisión preventiva.

Investigaciones señalan a Edgar Poma Condori como el presunto líder de una red que habría defraudado S/ 22 millones mediante la falsificación de defunciones.
La confianza en las instituciones forenses del país vuelve a resquebrajarse. Edgar Eduardo Poma Condori, médico legista del Ministerio Público, es hoy el centro de una grave investigación fiscal que lo señala como el presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a la falsificación de actas de defunción. Según las pesquisas de la Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro y la PNP, esta red habría logrado defraudar aproximadamente S/ 22 millones a compañías de seguros y administradoras de fondos de pensiones, orquestando una macabra danza de nombres y documentos que pone en evidencia la alarmante vulnerabilidad de nuestros sistemas de control.
El lucrativo negocio de ‘revivir’ fallecidos
El esquema detectado por las autoridades, y difundido por el programa Punto Final, operaba bajo una lógica perversa: reincorporar al sistema laboral y previsional a personas que ya habían fallecido años atrás. Según la hipótesis fiscal, una vez registrados los aportes de estos ciudadanos ‘resucitados’ documentalmente, se procedía a emitir un nuevo certificado de defunción oficial. Este segundo fallecimiento permitía que supuestos beneficiarios reclamaran seguros de vida, gastos de sepelio y pensiones. Entre los casos más indignantes figura el de Josué Valdez Gutiérrez, quien murió originalmente en 2003, pero que según un certificado presuntamente firmado por Poma Condori, volvió a fallecer en 2020 en Cusco, permitiendo un cobro indebido de S/ 1,3 millones.
Millonarios desembolsos bajo la sombra del fraude
La magnitud del perjuicio económico no es menor y las cifras detalladas por los investigadores resultan alarmantes. Bajo esta modalidad, se habrían gestionado pagos de S/ 941.983 vinculados al caso de César Chura Ticona y más de S/ 1 millón relacionados a la documentación de César Quispe Arriaga. La red no habría actuado sola: la investigación bajo la lupa de la División de Investigación de Denuncias Derivadas incluye a las funerarias ‘Luz en el Cielo’ y ‘De Alcázar’, además de la empresa Delta Elite Seguridad-Vigilancia, donde figuraban como trabajadores personas que ya habían pasado a la morgue años antes. Actualmente, los implicados cumplen 18 meses de prisión preventiva mientras se intenta determinar el alcance real de esta infiltración en el aparato estatal.
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo es posible que los filtros de RENIEC y de las propias aseguradoras no detectaran que los supuestos nuevos aportantes ya figuraban como fallecidos en registros anteriores?
- ¿Existen otros funcionarios del Ministerio Público o de entidades previsionales implicados en la validación de estos documentos fraudulentos?
- ¿Se ha utilizado este mismo mecanismo para emitir certificados de defunción falsos a delincuentes con requisitorias vigentes para facilitar su huida de la justicia?
- ¿Qué medidas de fiscalización inmediata implementará el Ministerio Público para garantizar que sus médicos legistas no utilicen su cargo para fines delictivos?
