Ultimátum Judicial: Diresa al borde del desalojo y la salud pública en incertidumbre
La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Huánuco se encuentra al borde de una crisis operativa sin precedentes, luego de que el Primer Juzgado Civil de la provincia otorgara un plazo perentorio de apenas seis días para desalojar el inmueble que ocupa en el Jirón Dámaso Beraún N° 1017. La decisión judicial, emitida el 2 de diciembre de 2025 y recientemente notificada, ha desatado un clima de estupor e incertidumbre en la entidad, y ha puesto de manifiesto una alarmante falta de previsión y gestión por parte de las autoridades regionales en una situación legal que se arrastra por años.
El juez Jean Agurto Moreno, titular del Primer Juzgado Civil de Huánuco, dictaminó en la Resolución N° 64-2025 que la Diresa debe desocupar y entregar a la Sociedad de Beneficencia Pública de Huánuco el predio de 4001.53 m2. Esta orden responde a un requerimiento del procurador de la Municipalidad Provincial de Huánuco, quien alertó al juzgado sobre el incumplimiento de una sentencia ejecutoriada previa por parte de la Diresa. La advertencia es clara: la desobediencia al mandato judicial acarreará un inminente lanzamiento forzoso.
La raíz de este conflicto judicial se remonta a la culminación de un convenio de uso gratuito que la Diresa mantuvo con la Beneficencia Pública. Suscrito el 15 de mayo de 1999 por un periodo de veinte años, el acuerdo expiró formalmente el 15 de mayo de 2019. Desde esa fecha, la Diresa Huánuco ha ocupado el local de manera irregular, lo que motivó el inicio del proceso judicial que la cataloga como «ocupante precario». El hecho de que la entidad haya permanecido en el inmueble durante años sin regularizar su situación o buscar una alternativa, a pesar de la sentencia desfavorable, revela una preocupante negligencia administrativa.
La noticia de la resolución judicial generó un revuelo inmediato entre los trabajadores y funcionarios de la Diresa, quienes, tomados por sorpresa, no atinaron a emitir un pronunciamiento oficial, escudándose en la ausencia del director de Salud, quien se encontraba en comisión de servicios. Similar hermetismo se observó en el Gobierno Regional Huánuco, cuyo cuerpo gerencial tampoco ofreció una postura inmediata, prometiendo hacerlo en el transcurso del día, una respuesta que subraya la aparente falta de un plan de contingencia.
La consejera regional por la provincia de Huánuco, Kandy Vargas Aguirre, ha sido una de las pocas voces críticas en pronunciarse públicamente, expresando su «desazón» y calificando el plazo de seis días como un «sinsentido». Vargas Aguirre alertó sobre las caóticas consecuencias que esta medida podría acarrear, advirtiendo que los trabajadores se verían obligados a llevarse equipos y mobiliario a sus hogares, lo que generaría un «desorden total» en la gestión de la salud pública regional.
Este escenario no solo pone en vilo la operatividad de una institución clave para la salud de Huánuco, sino que también expone las falencias en la gestión y previsión de las autoridades regionales. La incapacidad de anticipar y resolver una situación legal que lleva al menos cuatro años de desarrollo, desde el vencimiento del convenio y el inicio del proceso judicial, evidencia una profunda desconexión entre la administración y las exigencias de la justicia. La ciudadanía de Huánuco ahora espera una solución rápida y efectiva que evite que una negligencia administrativa se traduzca en una interrupción de los servicios esenciales de salud. El reloj avanza para la Diresa y el Gobierno Regional.
