La voz gremial en el CEPJ: Hernán Cajusol asume la representación de abogados en medio de un Poder Judicial en crisis
El Poder Judicial peruano, institución permanentemente bajo el escrutinio público por sus desafíos en eficiencia, transparencia y la lucha contra la corrupción, suma un nuevo integrante a su Consejo Ejecutivo (CEPJ) con la elección del Dr. Hernán Gorin Cajusol Chepe, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. La designación, anunciada por la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (JNDCAP), coloca a un representante del gremio en uno de los órganos de gobierno más influyentes del sistema de justicia, generando expectativas sobre el verdadero impacto de esta incorporación en un escenario de urgentes reformas.
La elección de Cajusol Chepe se concretó durante la Asamblea General Ordinaria de la JNDCAP, donde se definió al vocero de los abogados a nivel nacional ante el máximo órgano administrativo del Poder Judicial. Si bien la noticia ha sido presentada por la organización gremial como un reconocimiento a la trayectoria del decano huanuqueño y una distinción para su región, la mirada crítica se posa sobre la relevancia y el alcance real de esta representación en un contexto institucional complejo y de persistente desconfianza ciudadana.
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es una pieza clave en la administración, gestión y dirección de la justicia en el país. Sus decisiones impactan desde la carrera de los magistrados hasta la asignación de recursos y la implementación de políticas internas. La presencia de un representante de los abogados, en teoría, debería garantizar una perspectiva externa y gremial que fiscalice, proponga mejoras y actúe como contrapeso a las dinámicas internas. Sin embargo, la historia reciente del Poder Judicial peruano está marcada por intentos fallidos de reforma, procesos lentos, una percepción ciudadana de ineficacia y, en no pocas ocasiones, una vulnerabilidad ante intereses ajenos a la impartición de justicia.
En este escenario de debilidad institucional, la designación de un decano proveniente de una región como Huánuco, aunque celebrada localmente, plantea interrogantes sobre la capacidad de un solo representante para canalizar las diversas y, a menudo, contradictorias demandas de los colegios de abogados de todo el país. ¿Podrá la voz de Cajusol Chepe, por más experimentada que sea, trascender las barreras burocráticas y las inercias internas de un sistema centralista y propenso a la resistencia al cambio? ¿Cómo equilibrará las necesidades específicas de las regiones, a menudo olvidadas, con las exigencias de una reforma integral y nacional que clama por modernidad y transparencia?
El Dr. Cajusol Chepe es reconocido como un profesional del derecho con varias décadas de experiencia en la defensa legal, habiendo patrocinado numerosos casos en el ámbito judicial de Huánuco. Esta trayectoria, sin duda, le otorga un conocimiento profundo del funcionamiento judicial a nivel local y las dificultades que enfrentan los litigantes y sus abogados. No obstante, el desafío en el CEPJ va más allá de la litigación individual; implica una visión estratégica para la modernización de la justicia, la simplificación de procesos, el combate a la corrupción interna y la mejora del acceso y la celeridad para el ciudadano de a pie, aspectos que han sido históricamente puntos flacos del sistema.
La JNDCAP ha destacado la relevancia de esta designación en un momento en que el debate sobre el funcionamiento de la justicia y la necesidad de mejoras institucionales «se mantiene en agenda pública». Esta afirmación, lejos de ser una novedad, subraya una carencia estructural que ha acompañado al Perú por décadas, evidenciando que las reformas prometidas rara vez se concretan. La pregunta clave que resuena en la opinión pública y en el propio gremio es si esta nueva representación gremial será una pieza activa y efectiva en un verdadero proceso de cambio o si, por el contrario, su rol se limitará a una participación más bien simbólica, diluida en las complejas dinámicas de un poder del Estado que aún lucha por recuperar la plena confianza ciudadana. La sociedad peruana, cansada de promesas incumplidas, espera acciones concretas y no solo nuevas caras en viejos asientos.
