Por falsificación documentos: Alcalde de Aucayacu Moreno Reyes denunciado penalmente

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La Municipalidad Distrital de Juan José Crespo y Castillo, en la provincia de Leoncio Prado (Huánuco), se encuentra sumida en una profunda crisis de confianza y legalidad. El pasado 28 de noviembre, mediante una Resolución de Alcaldía, fueron cesados de sus cargos dos figuras clave de la gestión municipal: Marco Antonio Esteban Benites, quien fungía como gerente de Asesoría Jurídica, y Roly Delvy Tello Lozano, gerente de Desarrollo Humano. La drástica medida se tomó tras hacerse pública una grave denuncia por la presunta falsificación de documentos en sus respectivos currículums vitae, un hecho que ha puesto en entredicho la transparencia y la ética en la administración pública local.

La alarmante situación se destapó el 30 de octubre, cuando tres de los cinco regidores del Concejo Distrital de Aucayacu —Bárbara Pérez Tello de Sajami, Telésfora Sajami Rodríguez y Edilberto Tucto Rafael— formalizaron una denuncia penal ante la Fiscalía Penal Corporativa de Aucayacu. La querella no solo apuntó a los ahora exgerentes Esteban Benites y Tello Lozano, sino que escaló hasta incluir al propio alcalde distrital, Moreno Exaltación Reyes, extendiendo el manto de sospecha sobre la cúpula de la administración municipal.

Los cargos que pesan sobre los implicados son de extrema gravedad y reflejan una presunta cadena de irregularidades. La Fiscalía investiga la posible comisión de cinco delitos: falsedad ideológica, falsedad genérica, uso de documento falso, nombramiento indebido en cargo público y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La inclusión del burgomaestre en la denuncia subraya una preocupación fundamental sobre el proceso de designación de funcionarios de confianza, planteando serios interrogantes sobre la diligencia debida y la responsabilidad política en la selección de personal para puestos de alta gerencia.

El sustento de la grave acusación provino de una fuente oficial externa. Los regidores denunciantes basaron su acción en sendos oficios (N.º 284 y N.º 285) remitidos el 18 de agosto por la alcaldesa distrital de Santo Domingo de Anda, un distrito colindante. Estos documentos oficiales desmintieron contundentemente que los señores Esteban Benites y Tello Lozano hubieran prestado servicios en esa municipalidad desde el año 2017, una declaración que contrastaba directamente con lo consignado por ambos profesionales en sus hojas de vida presentadas para acceder a las gerencias en Aucayacu. Esta flagrante contradicción es el eje central de la presunta falsificación y la base de la acusación penal.

La ciudadanía de Aucayacu ha reaccionado con indignación y una creciente demanda de justicia. Habitantes de la localidad han manifestado a este medio su profundo malestar por la demora en la respuesta de las autoridades competentes. Con más de cuarenta días transcurridos desde la presentación de la denuncia penal y la documentación probatoria ya adjuntada al expediente, la población espera con urgencia un pronunciamiento claro y decisivo por parte del Ministerio Público. Este escándalo no solo afecta la imagen de la Municipalidad de Juan José Crespo y Castillo, sino que también pone en relieve la imperiosa necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y transparencia en la gestión pública a nivel local, garantizando que la designación de funcionarios se base estrictamente en la probidad y la idoneidad profesional, y no en la falsedad. El caso de Aucayacu se convierte así en un llamado de atención sobre la urgencia de combatir la corrupción y restaurar la confianza ciudadana en sus instituciones.

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