Puno: La condena que desnuda la red clandestina de madera y el desafío amazónico
En un golpe judicial que busca resonar en los corredores clandestinos de la Amazonía peruana, el Poder Judicial de Puno ha dictado una sentencia de ocho años y seis meses de prisión efectiva contra dos traficantes de madera, Rubén Maynas y Guido Candia. Este fallo, si bien es presentado por el Ministerio Público como un refuerzo a la lucha contra los delitos ambientales, apenas roza la superficie de una vasta red criminal que depreda nuestros bosques, blanquea sus ganancias y mantiene en jaque la sostenibilidad del patrimonio natural del país.
La condena, lograda por la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, se deriva de un operativo ocurrido en 2020. Maynas y Candia fueron hallados responsables del transporte de más de 200 piezas de madera aserrada de especies protegidas —específicamente 71 de pashaco, 60 de lupuna y 95 de sapote—, extraídas sin autorización de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, y con destino a Arequipa. Para camuflar la ilegalidad, los implicados emplearon una guía de transporte forestal fraudulenta, un modus operandi recurrente de estas mafias para eludir los controles y simular la legalidad de la mercadería. La fiscal adjunta provincial Margareth Romaní Portugal sustentó la acusación con peritajes, actas de intervención y pruebas documentales, acreditando los delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables agravado y responsabilidad por información falsa.
Este caso no es un incidente aislado; es un eslabón visible en una compleja cadena de ilegalidad que tiene su epicentro en la Amazonía sur. Las rutas entre Madre de Dios, Puno y Arequipa se han consolidado como arterias vitales para el crimen organizado, donde la madera ilegal transita junto a la minería ilegal y el narcotráfico, alimentando economías subterráneas multimillonarias que desangran al Estado y a las comunidades. El departamento de Puno, con su ubicación estratégica, se ha convertido en un punto neurálgico para el trasiego de estos productos ilícitos, conectando la oferta amazónica con la demanda de los mercados del sur del país. La vulnerabilidad de especies como el pashaco, la lupuna y el sapote, cruciales para el equilibrio ecológico, es un testimonio de la presión insostenible que enfrenta nuestro ecosistema amazónico.
La Fiscalía ha calificado esta sentencia como un ‘mensaje institucional’ de tolerancia cero y una respuesta a la urgencia de frenar la pérdida de bosques. No obstante, la pregunta persiste: ¿es suficiente una condena individual, por significativa que sea, para desmantelar estructuras criminales transregionales con un alto poder corruptor y capacidad logística? La realidad es que toneladas de madera ilegal siguen fluyendo hacia mercados formales cada año, camufladas por una fachada de documentos falsos y, a menudo, la complicidad de actores en diversos niveles de la cadena productiva y de fiscalización.
El impacto de la tala ilegal trasciende lo meramente ambiental. Genera deforestación galopante, altera ciclos hídricos, erosiona suelos y amenaza la supervivencia de comunidades indígenas que dependen del bosque para su subsistencia y cultura, incrementando los conflictos socioambientales. El Estado, por su parte, pierde millones en impuestos y recursos naturales irrecuperables, mientras la condena de S/ 20 000 de reparación civil al Estado, si bien simbólica, palidece frente a las ganancias ilícitas que genera este negocio. La debilidad institucional, la escasez de recursos para la fiscalización y la persistencia de la impunidad son desafíos que el sistema de justicia y las autoridades en general aún no logran superar de manera contundente.
Para que sentencias como la de Puno dejen de ser gotas en un océano de ilegalidad, es imperativo un enfoque mucho más integral y coordinado. Se requiere fortalecer la interoperabilidad entre entidades clave como SERFOR, la Policía Nacional, Aduanas y el Ministerio Público, invirtiendo decididamente en tecnología satelital para la detección temprana de puntos de tala y mejorando los controles en las complejas vías de transporte. Pero, más allá de la represión, es fundamental abordar las causas estructurales: promover alternativas económicas sostenibles para las poblaciones amazónicas, sancionar severamente a los compradores que blanquean esta madera en el mercado formal y combatir la corrupción en todas sus formas. Solo así la lucha contra el tráfico de madera dejará de ser una serie de victorias aisladas para convertirse en una estrategia efectiva que proteja verdaderamente nuestra Amazonía para las futuras generaciones.
