La Fiscalía de la Nación informó que ha iniciado una investigación preliminar contra diez funcionarios públicos por las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Según Villanueva, estos funcionarios habrían incurrido en delitos de corrupción y tráfico de influencias para favorecer o perjudicar a determinados casos o personas.
Entre los investigados se encuentran la propia Patricia Benavides, el fiscal supremo Pablo Sánchez, el excoordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, el exasesor Miguel Girao, la congresista Ruth Luque, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el exfiscal adjunto supremo Marco Huamán, el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera, y otros dos funcionarios del Ministerio Público.
La investigación está a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, que tendrá un plazo de 60 días para realizar las diligencias correspondientes y determinar si existen elementos suficientes para formalizar la denuncia contra los implicados.
La pregunta lógica es ¿Existen realmente graves elementos de convicción periféricos, que corroboren las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva y que vinculen claramente a los agentes investigados? El Código Procesal Penal establece que, para iniciar una investigación preliminar a una persona, deben existir los elementos de convicción suficientes que vinculen grave e indubitablemente a los agentes, con los presuntos hechos delictuosos.
La tipificación objetiva y subjetiva de los delitos que se incrimina a una persona y que servirán de base para la investigación fiscal, tienen que ser absolutamente claros y bien definidos, con indicación expresa de la forma en que la conducta de los investigados, subsumen el tipo penal que se infiere su comisión; esto, por el principio de la imputación objetiva.
Si no existen estos graves elementos de convicción periféricos, toda vez que se trata de las declaraciones de un colaborador implicado en los delitos que se investigan, cuyas declaraciones pueden ser ciertas o falsas, que sólo podrían estar buscando complicar el proceso de investigación y comprometer premeditadamente, a fiscales que se encuentran investigando presuntos actos delictivos de organizaciones criminales y del caso lava jato. Si no existen tales elementos de convicción, decimos, el fiscal tendría que archivar el caso definitivamente en favor de todos o algunos de los investigados.
Llevarse adelante una investigación sin que se cumplan los requisitos indispensables para su admisión, sólo le haría un gran favor a las pretensiones de la señora Keiko Sofía Fujimori, acusada de ser la líder de una organización criminal, con la complicidad de casi medio centenar de implicados en el caso lava jato y otros. Recordemos que la señora “K” (Keiko Fujimori) de inmediato ha declarado a la prensa nacional, aseverando que solicitará la anulación de las investigaciones efectuadas hasta el momento y que se encuentran en la etapa de juzgamiento o juicio oral.
