Confesó el crimen: investigado admite asesinato de Zoila Castillo y su pequeño hijo

La confesión de Alexis Alcántara Tellería, principal investigado por la muerte de Zoila Castillo Chanduco y de su hijo de apenas seis años, ha estremecido a San Martín y al país entero. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó convirtiéndose en una de las historias más dolorosas de los últimos días: una madre y su pequeño hijo fueron hallados sin vida, y el hombre señalado por este crimen habría admitido ante la Policía su responsabilidad.
Según información difundida por las autoridades y recogida por diversos medios nacionales, Alcántara, de 42 años, habría confesado haber acabado con la vida de Zoila y del menor. Esta declaración, sin embargo, deberá ser incorporada formalmente al proceso fiscal y judicial, junto con las demás pruebas que se vienen recabando. Será el Ministerio Público el encargado de sostener la acusación y el Poder Judicial quien determine finalmente la responsabilidad penal del investigado.
El caso ha causado profunda indignación no solo por la gravedad de la confesión, sino por la crueldad que rodea los hechos. Zoila habría viajado desde Lima hacia la región San Martín junto a su hijo para encontrarse con Alcántara, con quien mantenía una relación sentimental. De acuerdo con los reportes conocidos, antes de perder comunicación con su familia, la mujer habría señalado que tuvo una discusión con él.
Después de ese último contacto, llegó el silencio. La familia empezó a preocuparse y se inició una búsqueda que terminaría de la forma más dolorosa. Primero fue hallado el cuerpo del niño. Luego, el de Zoila. Ambos fueron encontrados en una zona rural de la provincia de Tocache. La noticia confirmó los peores temores de sus seres queridos y abrió una investigación que hoy tiene como principal elemento la confesión del detenido.
Una confesión que golpea a la familia y al país
La admisión del crimen por parte del investigado marca un punto clave en este caso. No se trata solo de una sospecha ni de una versión construida por terceros. Según la información policial conocida, el propio Alcántara habría reconocido su participación en los hechos. Esa confesión cambia el peso de la noticia y coloca a las autoridades frente a una responsabilidad mayor: investigar con rigor, documentar cada prueba y evitar que el proceso se debilite por errores de forma.
Porque una confesión, por más grave que sea, no basta por sí sola si no está acompañada de una investigación sólida. La justicia necesita pericias, testimonios, registros de cámaras, análisis de comunicaciones, reconstrucción de los hechos y una acusación fiscal bien sustentada. El dolor de la familia no puede quedar expuesto a una investigación improvisada.
La captura de Alcántara se produjo en Lima, en el distrito de Jesús María. Posteriormente, fue trasladado a San Martín para continuar con las diligencias correspondientes. En medio de la indignación ciudadana, las autoridades deberán actuar con firmeza, pero también con absoluta seriedad. Este caso no puede convertirse en espectáculo. Debe convertirse en justicia.
Zoila y su hijo no son una estadística
Zoila Castillo Chanduco no puede quedar reducida a un nombre dentro de una carpeta fiscal. Era una madre, una mujer, una integrante de una familia que hoy llora una pérdida irreparable. Su hijo, de solo seis años, tampoco debe ser mencionado como una víctima secundaria. Era un niño con toda una vida por delante, arrancado brutalmente de los brazos de su familia.
La muerte de ambos duele porque muestra una violencia que no se detuvo ni siquiera frente a la inocencia de un menor. Duele porque una madre viajó con su hijo y terminó encontrando la muerte. Duele porque sus familiares pasaron de la angustia de buscarlos a la devastación de confirmar el peor desenlace.
Este caso no necesita exageraciones para conmover. Los hechos, por sí solos, bastan. Una mujer desaparecida. Un niño desaparecido. Dos cuerpos hallados. Un investigado detenido. Una confesión. Una familia destruida.
La justicia debe actuar sin demora
Ahora corresponde que el Ministerio Público consolide todos los elementos de prueba. La confesión atribuida a Alcántara debe ser verificada, formalizada y contrastada con los demás indicios de la investigación. Cada diligencia será importante para reconstruir qué ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió y si hubo planificación, ensañamiento u otros agravantes que puedan determinar la sanción penal correspondiente.
La ciudadanía exige justicia, pero esa justicia debe construirse bien. En crímenes de esta magnitud, un error procesal puede convertirse después en una oportunidad para la impunidad. Por eso, la investigación debe ser cuidadosa, técnica y firme.
Si se confirma judicialmente la responsabilidad del investigado, la sanción tendrá que ser ejemplar. No por venganza, sino porque una sociedad que permite que la muerte de una madre y un niño quede sin respuesta pierde toda autoridad moral para llamarse justa.
Una tragedia que también interpela al Estado
Este crimen también obliga a mirar más allá del detenido. Cuando una mujer y un niño desaparecen en circunstancias de riesgo, el Estado debe actuar con rapidez. Cada hora cuenta. La búsqueda no puede depender únicamente de la insistencia de la familia ni de la presión pública. Las alertas deben activarse con seriedad, especialmente cuando existen señales de conflicto, temor o violencia.
No se trata de culpar sin conocer todos los detalles de la actuación institucional, pero sí de reconocer una verdad incómoda: muchas veces el sistema llega tarde. Llega cuando la familia ya lloró demasiado. Llega cuando la búsqueda terminó en hallazgo. Llega cuando ya no puede proteger, sino solo investigar.
El caso de Zoila y su hijo debe servir para revisar los protocolos de búsqueda, la coordinación entre regiones, la atención a denuncias de desaparición y la respuesta frente a posibles contextos de violencia contra la mujer. No basta con indignarse después. La prevención también es una forma de justicia.
Que la confesión no cierre la historia
La confesión del investigado no debe ser vista como el final del caso. Al contrario, debe ser el punto de partida para una investigación más profunda. El país necesita saber la verdad completa. La familia merece respuestas claras. Y las víctimas merecen que su memoria no sea usada solo para titulares pasajeros.
Zoila y su pequeño hijo merecen justicia sin demora, pero también sin improvisación. Merecen que el proceso avance hasta el final. Merecen que cada prueba sea cuidada. Merecen que ninguna negligencia borre lo que hoy parece evidente.
Una madre y un niño fueron asesinados. El principal investigado habría confesado. Ahora corresponde que el sistema de justicia esté a la altura del dolor que este caso ha causado.
Porque la confesión puede explicar quién cometió el crimen, pero no borra la pregunta que sigue golpeando al país: ¿por qué seguimos llegando tarde para proteger a quienes más lo necesitan?
