BRASIL: Bolsonaro al descubierto en sus planes de golpe a la democracia

Brasil vive una de las peores crisis de su historia reciente, después de que miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran el domingo las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, en un intento de revertir el resultado de las elecciones de octubre, que dieron la victoria al líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El asalto, que dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos, fue repudiado por la comunidad internacional y por el propio Bolsonaro, que se desmarcó de la violencia y negó haber incitado a sus partidarios a tomar las armas. Sin embargo, el ultraderechista llevaba meses sembrando la desconfianza sobre el sistema electoral y amenazando con no reconocer la derrota, al estilo de su ídolo Donald Trump.

La situación pone a prueba la solidez de la democracia brasileña, que hace 38 años dejó atrás una dictadura militar que duró dos décadas. También supone un enorme desafío para el nuevo presidente Lula, que asumió el cargo el pasado 1 de enero con la promesa de “reconstruir” el país tras cuatro años de gestión de Bolsonaro, marcados por el negacionismo de la pandemia, el desmantelamiento de las políticas ambientales y sociales, y el aislamiento internacional.

UN PAIS PLARIZADO

El origen de la crisis se remonta a 2019, cuando Bolsonaro llegó al poder con el apoyo de una parte de la sociedad brasileña, cansada de la corrupción y la inseguridad. El exmilitar se presentó como un outsider que iba a “limpiar” el sistema político y a defender los valores conservadores y cristianos. Sin embargo, su mandato estuvo plagado de escándalos, polémicas y enfrentamientos con otros poderes e instituciones.

Bolsonaro se inspiró en Trump para gobernar con un estilo populista y autoritario, basado en el uso de las redes sociales, las noticias falsas y el desprecio por la ciencia y los derechos humanos. Su gestión de la pandemia fue especialmente cuestionada, ya que minimizó la gravedad del virus, se opuso a las medidas de prevención y retrasó la compra de vacunas. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por covid-19, con más de 600.000 fallecidos.

Bolsonaro también fue criticado por su política ambiental, que favoreció la deforestación y los incendios en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta y clave para el equilibrio climático. Su agenda económica tampoco logró reactivar el crecimiento ni reducir la pobreza y el desempleo, que se agravaron con la crisis sanitaria. Además, perdió aliados estratégicos en la región y en el mundo, al romper con el multilateralismo y alinearse con la extrema derecha global.

Frente a este escenario, Lula emergió como la principal alternativa para derrotar a Bolsonaro en las urnas. El exsindicalista, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 con una alta popularidad y reconocimiento internacional, había sido inhabilitado para presentarse a las elecciones de 2018 por una condena por corrupción, en el marco de la operación Lava Jato, que salpicó a varios políticos y empresarios de América Latina. Sin embargo, en marzo de 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló su sentencia y le devolvió sus derechos políticos, al considerar que el juez que le condenó, Sérgio Moro, actuó con parcialidad y sin competencia. Moro fue luego ministro de Justicia de Bolsonaro, pero renunció en 2020 por desacuerdos con el presidente.

Lula se lanzó entonces a la carrera presidencial, con el respaldo del Partido de los Trabajadores (PT) y de otros sectores de la izquierda, el centro y la sociedad civil. Su campaña se basó en recuperar el legado de sus gobiernos, que impulsaron el desarrollo económico y social de Brasil, redujeron la desigualdad y la pobreza, y fortalecieron la democracia y la integración regional. También prometió enfrentar la pandemia con ciencia y solidaridad, proteger el medio ambiente y restaurar la imagen de Brasil en el mundo.

ASALTO A LA DEMOCRACIA

Las elecciones del 3 de octubre de 2022 fueron muy reñidas y polarizadas, con una participación récord del 80% del electorado³. Lula se impuso a Bolsonaro por un estrecho margen: 50,9% frente a 49,1%⁴. El resultado fue avalado por la Justicia Electoral, que garantizó la transparencia y la seguridad del proceso, basado en el voto electrónico.

Sin embargo, Bolsonaro no aceptó la derrota y denunció, sin pruebas, que hubo un fraude masivo orquestado por el PT y el Supremo Tribunal Federal. Siguiendo el ejemplo de Trump, que tampoco reconoció su pérdida ante Joe Biden en 2020, Bolsonaro convocó a sus seguidores a movilizarse en las calles y a presionar a las Fuerzas Armadas para que intervinieran en favor de su causa.

A pesar de las amenazas, la transición se llevó a cabo de forma pacífica y el 1 de enero de 2023 Lula asumió la presidencia en una ceremonia multitudinaria y festiva en Brasilia, a la que asistieron varios líderes mundiales. Bolsonaro no participó del acto y se fue a Estados Unidos, donde se reunió con Trump y otros aliados de la derecha radical.

Todo parecía indicar que Brasil había superado la crisis y que se abría una nueva etapa de reconciliación y reconstrucción nacional. Sin embargo, el domingo 8 de enero, una semana después de la investidura de Lula, se produjo el asalto a las instituciones por parte de los bolsonaristas, que causó conmoción y repudio dentro y fuera del país.

Los atacantes, que llegaron en decenas de autobuses desde diferentes estados, lograron superar las barreras policiales y entrar por la fuerza en los edificios del Congreso, la Presidencia y el Supremo, donde causaron destrozos, incendios y enfrentamientos con los agentes de seguridad. Algunos de ellos portaban armas de fuego, explosivos y banderas con símbolos nazis. También se registraron protestas violentas en otras ciudades, como São Paulo y Río de Janeiro.

El objetivo de los asaltantes era impedir que Lula ejerciera el poder y exigir la vuelta de Bolsonaro, al que consideran el único presidente legítimo. También pedían una intervención militar que pusiera fin al sistema democrático y estableciera una dictadura al estilo de la que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.

LA REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Ante la gravedad de los hechos, Lula regresó de urgencia a Brasilia desde São Paulo, donde se encontraba, y convocó una reunión de emergencia con los presidentes del Congreso, Arthur Lira, y del Supremo, Luiz Fux, así como con los ministros de Defensa, Walter Braga Netto, y de Justicia, Flávio Dino. También se comunicó con el vicepresidente Hamilton Mourão, un general retirado que ha mantenido una relación tensa con Bolsonaro.

Lula anunció la intervención federal en el Distrito Federal, lo que implica que el gobierno nacional asume el control de la seguridad pública y de las fuerzas policiales locales. También declaró el estado de sitio por 10 días, lo que restringe algunas garantías constitucionales y permite el uso de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Además, solicitó la colaboración de los gobernadores y alcaldes de todo el país para evitar que se repitieran los ataques en otros lugares.

En un mensaje a la nación, Lula calificó el asalto como una “barbarie” y una “agresión a la democracia” y dijo que no toleraría ningún intento de golpe de Estado. Asimismo,