LIMA: Trabajo forzado: un delito que afecta a millones de peruanos y que se denuncia poco

El trabajo forzoso es una forma de explotación laboral que viola la dignidad y la libertad de las personas. Según una encuesta realizada por Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), en alianza con el Instituto de Estudios Peruano (IEP), 3,4 millones de peruanos se auto perciben como víctimas de este delito. Sin embargo, según data del Ministerio Público, el 2022 solo se presentaron 37 denuncias.

Esto evidencia que existe una gran brecha entre la realidad y el registro de los casos de trabajo forzoso en el Perú, lo que se debe, en parte, al desconocimiento de la población sobre este fenómeno. La misma encuesta reveló que el 54% de peruanos no comprende en qué consiste el trabajo forzoso, y el 18% no sabe a dónde acudir para pedir ayuda o denunciar este delito.

Según CHS Alternativo, una organización que trabaja por la prevención y la erradicación del trabajo forzado en el país, este delito se caracteriza por la imposición de un trabajo o servicio a una persona bajo amenaza de una pena, sin que esta se ofrezca voluntariamente. La amenaza puede ser de tipo físico, psicológico, económico o legal, y puede darse en cualquier momento, incluso si existe un vínculo laboral formal o informal.

El trabajo forzado afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, como los niños, las mujeres, los migrantes, los indígenas y los afrodescendientes. Según las cifras de la Dirección Contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, el 2023 se registraron 12 casos atendidos de trabajo forzado, todos de menores de edad. Sin embargo, se estima que hay muchos más casos que no son denunciados ni atendidos por las autoridades.

El trabajo forzado se presenta en diversos sectores económicos, como la agricultura, la minería, la tala, la pesca, el comercio, el servicio doméstico, la construcción, el transporte, la industria textil, el turismo y el entretenimiento. Algunos de los indicadores o indicios de este delito son el engaño, el abuso de vulnerabilidad, la restricción de movimiento, el aislamiento, la violencia física y/o sexual, la intimidación y las amenazas, la retención de documentos de identidad, la retención de salarios, la servidumbre por deudas, las condiciones de trabajo y vida abusivas y el tiempo extra excesivo.

El Estado peruano ha reconocido la gravedad del problema y ha adoptado medidas para combatirlo. Entre ellas, se destaca la publicación del III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso, que regía en el periodo 2019-2022, y que establecía cuatro ejes de acción: prevención, protección, persecución y alianzas. Sin embargo, este plan ya no tiene vigencia y aún no se ha aprobado una política pública que lo reemplace.

Asimismo, el Estado ha reglamentado la ley que crea el Observatorio Nacional de Trabajo Forzado, que tiene como objetivo recopilar, analizar y difundir información sobre este delito, así como proponer acciones para su prevención y sanción. Además, se ha implementado un acuerdo plenario para establecer las diferencias del trabajo forzoso con otros delitos similares, como la trata de personas, el trabajo infantil y la explotación laboral.

Sin embargo, estas medidas aún son insuficientes para enfrentar el desafío que representa el trabajo forzoso en el Perú. Según Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo, hay demoras para la aprobación de una nueva política pública, y tampoco se tiene destinado un presupuesto para combatir este delito. Además, hay un déficit de capacitación y sensibilización de los operadores de justicia y de servicios, así como de la sociedad civil.

“Tal como está ocurriendo con la trata de personas, la criminalidad en este delito va a escalar. Debemos actuar antes de que la situación sea incontrolable, pues entonces la capacidad del Estado será menor y las más golpeadas serán las poblaciones vulnerables, tal como hemos identificado que está sucediendo en Loreto, en las actividades criminales de oro, madera, narcotráfico y explotación sexual”, manifestó Aguilar.

Por ello, es necesario que el Estado, la sociedad civil y el sector privado se unan para prevenir y erradicar el trabajo forzado en el país, que es una forma de esclavitud moderna que atenta contra los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Asimismo, es importante que la población conozca sus derechos laborales y los mecanismos de denuncia y asistencia que existen para las víctimas de este delito.

Según el portal del Gobierno del Perú, se puede denunciar el trabajo forzado a través de las siguientes líneas telefónicas gratuitas:

• 1818: central de denuncias del Ministerio del Interior. Horario de atención: las 24 horas.
• 0800-00-205: asesoría legal y/o denuncias del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación. Horario de atención: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• 1884: asesoramiento y patrocinio legal gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Horario de atención: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
• 100: línea de emergencia para mujeres víctimas de violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Horario de atención: las 24 horas.

El trabajo forzado es un delito que se puede prevenir y sancionar, pero para ello se requiere de la participación activa y responsable de todos los actores involucrados. Solo así se podrá garantizar el respeto a la dignidad y la libertad de las personas, y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.