LIMA: La amenaza latente contra periodistas y los entretelones de una persecución fiscal y judicial

Hoy La República, publica un informe detallado de lo que constituiría una investigación fiscal, obviamente por orden de un juez de investigación preparatoria, disponiendo el seguimiento, filmación, fotografiado de todas las actividades que realizan los periodistas Juan Carlos Tafur y César Romero de La República y Sudaca, respectivamente.

No sería nada raro que se hubiera dispuesto también, la interceptación telefónica, la captura de toda correspondencia y la invasión a la vida privada de los afectados, como se estila en casos de investigaciones por delitos de lavado de activos, organización criminal, entre muchos otros, para cuyo efecto existe una directiva especial que muchos desconocen.

“La carpeta fiscal 87-2023 no está dirigida contra los periodistas. No existe investigación secreta, no es cierto que se haya dispuesto el seguimiento contra algún periodista y menos, lo que sostuvo el fiscal Cristhian Alfaro, que estemos actuando como un estado policiaco. No sé por qué se notifica el archivo a los periodistas si no son investigados, son actos contrarios a la norma”, publica La República, haciendo referencia a las declaraciones de la fiscal superior Magaly Quirós Caballero, en entrevista efectuada por Jaime Chincha el 16 de enero y el 28 de enero por Ojo Público”, escribe César Romero en La República.

“Sin embargo, lo cierto y real es que si existió una investigación secreta y esta sigue activa por exigencia del procurador público Javier Pacheco. Somos investigados y lo acreditamos, en principio, con la copia de la carpeta 87-2023 que recibimos por conducto regular, previo pago de la tasa respectiva, en el banco de la Nación, en nuestra condición de investigados. Además, el audio difundido por la periodista Carla Ramírez en Cuarto Poder de América TV el 14 de enero y la investigación del periodista Alvaro Reyes en Perú21 del 2 de febrero último”, agrega César Romero.

Obviamente, César tiene mucha razón lógica al decir lo que dice, pues, hasta aquí encontramos, claras contradicciones: primero, pudo haberse ordenado el archivamiento del caso porque no había graves elementos de convicción, de que de hubieran cometido los periodistas algún delito. Segundo, todo proveído y más aún si se trata de una disposición fiscal, tiene que notificarse obligatoriamente a todas las partes procesales; ergo, no es cierto de que no deberían haber notificado dicha disposición, y eso lo sabe la fiscal superior Magaly Quirós Caballero.

Hay una tercera contradicción en las declaraciones de la fiscal superior Magaly Quirós Caballero, y es que, si hubo una disposición de archivamiento, esta disposición fue eleva a la Fiscalía Superior en queja de derecho, a petición del Procurador Público Javier Pacheco, solicitando que se modifique la disposición de archivamiento.  Probablemente, el Fiscal Superior ordenó que se continúe con la investigación. Esto desmentiría la afirmación de la Fiscal Superior Magaly Quirós.

“Hoy tenemos más pruebas. El 22 de enero último, vía correo electrónico, el equipo especial ha confirmado que estamos incluidos en la investigación de la carpeta 87-2023 por delito de organización criminal, con nombre y apellidos completo.” Continúa el informe periodístico de César Romero.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, y a su vez, por disposición del Dr. Jorge Luis Zavaleta Torres, fiscal provincial del tercer despacho supraprovincial del Equipo Especial de Fiscales, avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, se le notifica la Providencia N° 7 de fecha 18 de enero de 2024”, indica la cedula de notificación dirigida a César Romero.

“Si no estuviéramos investigados, no tendría que notificarnos nada. Además, con esta acción, el nuevo fiscal, muestra que su antecesor, el fiscal Cristhian Alfaro, cumplió sus funciones al notificarnos. Lamentablemente, el 10 de enero de 2024, Alfaro fue removido del equipo especial y el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, lo degradó por informar a los periodistas de la investigación secreta”, sostiene César Romero.

Más adelante, señala la publicación de La República, “La fiscal Magaly Quiroz declaró en Canal N que la investigación a los periodistas se sustenta en una resolución de la Quinta Sala Penal Nacional de Apelaciones, presidida por la jueza superior Sonia Torre Muñoz, en la que se “afirmaría” que periodistas y medios de comunicación interfieren en la investigación al abogado José Luis Castillo Alva.” Esto demostraría otra grave contradicción de la fiscal Magaly Quirós, pues mientras en un momento señala que no hay ninguna investigación contra los periodistas, en esta nueva declaración a Canal N, contradictoriamente, acepta que sí hay tal investigación.

“Eso es totalmente falso e imposible. La investigación secreta a los periodistas se inició el 5 de abril de 2023, siete meses antes que existiera la resolución de la Quinta Sala de Apelaciones, del 2 de noviembre de 2023. Además, para el momento en se dictó esa resolución, ni el fiscal Rodríguez ni la doctora Quiroz formaban parte del equipo especial. Él se había mudado a otra fiscalía el 15 de julio. Quiroz fue cesada el 28 de septiembre de 2023”, afirma César Romero.

“Otro detalle -continúa el informe de César Romero, el 21 de junio de 2023, el juez de investigación preparatoria Cristobal Leodán Ayala, rechazó el pedido de prisión preventiva requerido por el fiscal Castillo Alva. En sus argumentos, entre otros puntos, el juez consideró imposible que uno o más artículos periodísticos puedan suponer una interferencia en una investigación y que no había evidencia real de que dicho abogado estuviera detrás de las publicaciones.”

“La decisión del juez Leodán Ayala fue revisada en una audiencia pública realizada el 12 de septiembre de 2023. Un día después, la fiscal Quiroz decidió iniciar investigación a la fiscal Sánchez y cuatro policías. En esa audiencia pública, la presunta interferencia de los periodistas y medios de comunicación no fue discutida”, agrega César Romero.

“Sin embargo, dos meses después, el 2 de noviembre de 2023, la Sala de Apelaciones emite su resolución. En esa resolución, con información entregada por la fiscalía, que no fue pública ni se discutió en la audiencia, se carga la tinta contra César Romero de La República, con hechos totalmente falsos, señalados por la fiscalía, sin una mínima oportunidad de defensa”, argumenta Romero.

Todos estos vericuetos investigatorios, entredichos y contradichos, hacen que surja una duda razonable, sobre qué es lo que buscan la fiscalía y el Poder Judicial contra los periodistas y el ejercicio profesional del periodismo, en el marco de la libertad de información, expresión y opinión, garantizados no solamente por nuestra ley fundamental, la Constitución Política del Estado y los tratados supranacionales sobre derechos humanos.

Podemos afirmar que, en lo concreto, lo que se pretende es mantener en la incertidumbre sobre su situación legal a los periodistas, pendientes de un hilo manejado por las fiscalías y el Poder Judicial; meterles miedo, para que se autocensuren y no cumplan su labor en la forma que lo venían haciendo.

“Luego, es confuso y atentatorio del derecho de defensa qué ante los medios de comunicación, una representante del Ministerio Público, diga que no hay investigación a los periodistas, mientras que otro fiscal provincial notifique que hay una investigación en trámite”, reflexiona César Romero.

Tiene mucha razón César, pues, además de que se pueden elucubrar muchas cosas sobre este raro proceder de la fiscalía y el Poder Judicial, tenemos que ser enfáticos en señalar que, en este caso, se está vulnerando gravemente la tutela efectiva al debido proceso y se está atentando contra el derecho a la defensa. Se busca crear confusión e inducir a error a los periodistas investigados, para que se confíen y no ejerciten su derecho a la defensa; y, cuando se den cuenta de los resultados de los procesos seguidos oculta y oscuramente, habida cuenta que a las investigaciones fiscales nadie puede tener acceso, excepto las partes procesales, ya estén hundidos hasta el cuello y sin mayores posibilidades de defensa.

Debemos precisar que el informe periodístico publicado por La República en su edición de hoy, es mucho más amplio y contienen otros datos interesantes que estamos guardando para posteriores análisis periodísticos.

Pero más allá de lo que aparentemente se trataría de un accionar dudoso y hasta sospechoso de las entidades judiciales tutelares, acá, de lo que se trata es que estemos conscientes de que, esto es un grave atentado contra la libertad de opinión, información y expresión, como derechos fundamentales universalmente protegidos, sobre todo, si vivimos en un Estado democrático de Derecho Constitucional. Aquí se está efectuando la persecución de periodistas por su labor informativa, bajo supuestos delitos, que no resisten el menor análisis lógico, ni jurídico.

Todas las personas podemos en determinado momento ser investigados por un presunto delito, con respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, sean médicos, ingenieros, abogados, contadores y una larga fila de etcéteras.

Pero no podemos permitir, ni dejar que pase desapercibido; que, en este caso, la persecución judicial desde todos sus ámbitos, es por el ejercicio de la profesión periodística, por la publicación de artículos periodísticos efectuados por nuestros colegas. Permitir que esto suceda, sentaría un grave precedente en los anales judiciales y periodísticos y un grave peligro al ejercicio de la noble e importante labor informativa. Los delitos cometidos por medio de la prensa escrita, está contemplado en la Constitución Política del Estado y está regulado su sanción, por el Código Penal.

Los delitos de prensa, en lo concreto, son contra el derecho al honor, en las modalidades de difamación e injuria grave. La ley no tipifica otra conducta delictiva en el ejercicio de la profesión periodística. De tal manera, no existe en este caso, el presunto delito de “organización criminal”, “obstaculización a la administración de justicia”, “encubrimiento real” ni ningún otro. Un estudiante de los primeros ciclos de Derecho, conoce al dedillo lo que aquí mencionamos. Cuánto más lo deben conocer los operadores de las leyes, llámase fiscales o jueces. Nadie puede ser juzgado por ningún hecho que no esté debidamente tipificado en la ley penal.

Cualquier otra pretensión, demuestra supina ignorancia del Derecho, o una arbitrariedad en grado superlativo. Eso no lo podemos pasar, no lo podemos tragar ni “con cucharita”. Colegas periodistas, colegiados o no, profesionales o prácticos, les pedimos no dejar pasar nunca, ningún atentado contra el fundamental derecho a la libertad de información, expresión y opinión.

“El periodismo es la más vil ocupación” dice el vulgo, peyorativamente. ¡No señores! ¡El periodismo es la más noble profesión! El periodista profesional es multidisciplinario: tiene que conocer de derecho, de ingeniería, de psicología, de la salud, de la agricultura, del deporte, de la recreación, de sociología, etc., etc., por lo tanto, es el más digno profesional.

Para terminar y a manera de reflexión, quiero parafrasear lo que escribiera el poeta y escritor alemán Bertolt Brecht: “Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde.” La indiferencia y falta de solidaridad, son demasiado peligrosas.