Gratificaciones: El 98% de inspecciones de Sunafil revela la persistente deuda del sistema laboral peruano
A pocos días del plazo límite para el pago de la gratificación por Navidad, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha lanzado una cifra que es, a la vez, una radiografía y una dura crítica al entramado laboral peruano: el 98% de las inspecciones por este concepto entre 2024 y 2025 se originaron en denuncias de los propios trabajadores. Un abrumador total de 27,774 intervenciones por reclamo directo, frente a apenas 557 inspecciones proactivas, pinta un panorama de incumplimiento sistémico y de un Estado que opera mayormente a la zaga de la vulneración de derechos.
Esta recurrente problemática, que emerge con cada semestre y cada depósito de gratificaciones, lejos de ser un mero dato estadístico, es sintomática de un déficit estructural en la cultura de cumplimiento empresarial y de una fiscalización laboral que, pese a sus esfuerzos, sigue siendo predominantemente reactiva. El próximo lunes 15 de diciembre, fecha límite para que la mayoría de empresas cumplan con esta obligación, se convierte así en una fecha de incertidumbre para miles de trabajadores que, una vez más, deberán confiar en su propia capacidad de denuncia para ver respetados sus derechos.
La normativa es clara, aunque en la práctica parezca un laberinto para muchos. La gratificación de diciembre debe equivaler a una remuneración mensual íntegra para quienes hayan laborado el semestre completo (del 1 de julio al 31 de diciembre). Para aquellos que no cubrieron todo el periodo, la ley establece un cálculo proporcional de 1/6 de la remuneración computable por cada mes calendario completo trabajado. La propia Sunafil ilustra con un ejemplo: un trabajador con sueldo de 1,500 soles que ingresó el 1 de septiembre debería recibir 1,000 soles por este concepto. Sin embargo, la persistencia de «miles de consultas» anuales sobre este cálculo, que la entidad califica de «sencillo», evidencia la persistente desinformación y, en ocasiones, la deliberada opacidad con la que algunas empresas manejan estos pagos.
A esta gratificación principal se suma la obligatoriedad de abonar una bonificación extraordinaria, que es el equivalente al aporte que se habría realizado a EsSalud (9%) o a una EPS (6.75%), y que busca compensar la exoneración de este tributo sobre la gratificación. Es un pago adicional que, pese a su claridad legal, también se convierte en fuente de controversias y omisiones.
Otro punto crítico reside en los descuentos. La ley es tajante: las gratificaciones no están sujetas a aportaciones, contribuciones ni descuentos, salvo los aplicables por Impuesto a la Renta según escala tributaria, los autorizados expresamente por el trabajador o los mandatos judiciales, como retenciones por alimentos. Esta protección, concebida para salvaguardar el íntegro del beneficio, es con frecuencia ignorada por empleadores inescrupulosos que aplican deducciones indebidas.
Frente a este escenario de incumplimiento, Sunafil reitera las sanciones: una infracción grave en materia de relaciones laborales, cuyas multas pueden ir desde 2,407.50 soles para pequeñas empresas, hasta 139,742 soles para empresas no MYPE. Pero, ¿son estas multas un disuasivo efectivo? La abrumadora mayoría de denuncias que se registran *posterior* al vencimiento del plazo sugiere que, para muchos empleadores, el riesgo de una sanción no supera el costo de oportunidad de retrasar o evadir el pago. El sistema, en lugar de prevenir, parece estar condenado a remediar tardíamente.
El análisis de la propia entidad fiscalizadora señala dos fenómenos detrás del 98%: una «baja supervisión preventiva» por parte de las empresas y una «creciente disposición de los trabajadores a denunciar». Esta última, si bien puede interpretarse como un signo de mayor conciencia de derechos, también es un reflejo de la necesidad imperante de la fuerza laboral de actuar como su propio fiscalizador, ante la insuficiencia de mecanismos proactivos y la prevalencia de una «cultura de incumplimiento» en amplios sectores del mercado peruano. Los canales digitales, aunque simplifican el proceso de denuncia, no eliminan la carga ni el riesgo potencial para el trabajador de confrontar a su empleador.
En un año donde el Ministerio de Trabajo ha anunciado una intensificación de la fiscalización, la situación de las gratificaciones se alza como un termómetro de la precariedad laboral. La «mayor fiscalización» parece ser una respuesta al problema, pero no necesariamente su solución de raíz. La búsqueda de «predictibilidad en el mercado» y la «reducción de la conflictividad» se mantienen como aspiraciones lejanas cuando el grueso del cumplimiento depende de la iniciativa individual de un trabajador que decide denunciar, arriesgándose a represalias en un mercado laboral ya de por sí vulnerable y con altos índices de informalidad.
Mientras el reloj avanza hacia el 15 de diciembre, la exhortación de Sunafil a los trabajadores a «revisar sus boletas de pago» y «reportar cualquier irregularidad» es un recordatorio de que la defensa de los derechos laborales en Perú sigue siendo, en gran medida, una batalla que cada empleado debe librar por sí mismo. La promesa de «fortalecer relaciones laborales más justas» se mantiene en entredicho, a la espera de un cambio profundo que vaya más allá de las cifras y se traduzca en un cumplimiento genuino y proactivo por parte de los empleadores, y en una fiscalización estatal que anticipe el incumplimiento en lugar de reaccionar ante él.
