Manseriche en pie de guerra: un año de desidia estatal tras el derrame de Petroperú
La comunidad de Pijuayal bloquea la vía Saramiriza-Bagua ante la contaminación de sus aguas y el incumplimiento de acuerdos por parte del Ejecutivo.
Más de un año ha pasado desde que el crudo fracturó la vida en Manseriche, y la respuesta del Estado peruano sigue siendo un catálogo de omisiones y promesas de papel. El bloqueo indefinido de la carretera Saramiriza–Bagua, iniciado este 28 de abril por la comunidad awajún de Pijuayal, no es un arrebato social, sino la respuesta desesperada ante una negligencia que obliga a cientos de ciudadanos a consumir agua contaminada. Mientras el apu Gil Huajuyat denuncia que los residuos petroleros siguen expuestos en las quebradas, las instituciones responsables parecen haber gestionado la emergencia bajo un silencio que hoy se rompe con la paralización de una vía estratégica.
Promesas incumplidas y una quebrada sentenciada
El derrame ocurrido el 19 de marzo de 2025 en el Tramo II del Oleoducto Norperuano no solo alteró el ecosistema; destruyó la única fuente de subsistencia de Pijuayal. Según los testimonios de la comunidad, los compromisos asumidos el pasado 23 de febrero ante el OEFA para limpiar la zona han sido ignorados. A esto se suma una deuda pendiente con los propios comuneros que trabajaron en las faenas de limpieza y que, tras meses de labores, siguen sin recibir su pago. ¿Cómo pretende Petroperú sostener una relación comunitaria cuando ni siquiera cumple con las remuneraciones básicas de quienes intentaron salvar su propio territorio?
La evidencia técnica frente a la inacción del MINSA
La gravedad de la situación no es una percepción subjetiva de los líderes indígenas. Un informe técnico de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), fechado el 25 de julio de 2025, confirmó la presencia de plomo, cromo y compuestos tóxicos como el benzo(a)pireno por encima de los estándares ambientales en Manseriche. Pese a que el Estado conoce estos resultados desde hace meses, la dirigente Yoli Borja advierte que los niños presentan diarreas y alergias cutáneas sin recibir atención especializada. La ausencia de brigadas toxicológicas en una zona con niveles probados de metales pesados es una omisión que raya en lo criminal.
¿Reacción tardía o gestión de crisis por presión?
Tras la toma de instalaciones de Petroperú el 26 de abril y el bloqueo de la carretera, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha intentado justificar su gestión mencionando coordinaciones para el envío de cisternas y reuniones de diálogo. Sin embargo, resulta contradictorio que estas acciones se agilicen solo cuando el conflicto escala a medidas de fuerza. La comunidad exige agua segura y permanente, no paliativos temporales. El apu Huajuyat es claro: la población ya no aguanta un abandono que se prolonga por más de 400 días, mientras el Ejecutivo solicita prórrogas para precisar una posición sobre un desastre que debieron atender desde el primer día.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué Petroperú y el OEFA han permitido que los residuos de hidrocarburos permanezcan en la quebrada por más de un año, desacatando los acuerdos de limpieza de febrero pasado?
- ¿Qué acciones de salud pública se han implementado tras el informe de la ANA de julio de 2025 que detectó plomo y cromo en niveles superiores a los permitidos?
- ¿Cuál es la razón técnica y administrativa por la cual no se ha hecho efectivo el pago a los trabajadores locales por las labores de remediación realizadas hace seis meses?
