Unheval: Fiscalía exige 10 años de cárcel para docente por presunta red de cobros a alumnos
Julio Castro Céspedes habría liderado una organización criminal dedicada al canje de notas por dinero, involucrando a estudiantes en una red de cohecho y lavado de activos.
Tras la culminación de la audiencia de control de acusación el pasado 17 de abril, el sistema judicial pone bajo la lupa la integridad académica de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval). El fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha solicitado una pena de 10 años de privación de la libertad e inhabilitación definitiva para el docente Julio César Castro Céspedes. Según la tesis fiscal, el catedrático con más de 26 años de servicio habría desnaturalizado su función para encabezar una presunta organización criminal que operaba dentro de la Facultad de Economía, mercantilizando las calificaciones de sus alumnos entre los años 2021 y 2022.
Una estructura de captación y cobro en las aulas
La acusación fiscal, que se extiende por más de cien páginas, detalla un esquema donde el docente no actuaba solo. Según el Ministerio Público, Castro Céspedes habría reclutado a alumnos y exalumnos para conformar el brazo operativo de la red. Los presuntos cómplices, entre ellos Yudith Huarauya Campos —para quien se piden 21 años y 4 meses de cárcel por lavado de activos y cohecho— y Deynen Silva Evangelista, habrían sido las piezas clave para captar a estudiantes desaprobados. El mecanismo era directo: se exigían montos que oscilaban entre los 150 y 190 soles para alterar actas en cursos críticos como Estadística, Econometría I y Teoría del Crecimiento Económico.
El rastro bancario que compromete la docencia
La evidencia presentada ante el juez José Solís Canchari incluye reportes bancarios que exponen la ruta del dinero ilícito. Según la fiscalía, se detectaron transferencias directas desde las cuentas de los recaudadores hacia el docente; un ejemplo citado es el depósito de 1,540 soles realizado por Huarauya tras recolectar pagos de alumnos. Además de Castro y Huarauya, otros seis implicados, como Richard Morales, Mirella Castillo y Engels Saldaña, enfrentan pedidos de pena que van desde los 4 hasta los 8 años de prisión. La red habría operado con tal impunidad que solo la intervención de un estudiante en noviembre de 2022 permitió desarticular esta presunta maquinaria de corrupción académica.
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo es posible que una red de cobros sistemáticos operara durante al menos tres semestres académicos sin que los mecanismos de control interno de la Unheval detectaran irregularidades en las actas de notas?
- ¿Existen más docentes o personal administrativo involucrados en esta presunta organización criminal, considerando la complejidad de los delitos de lavado de activos imputados?
- ¿Qué medidas reparatorias se han contemplado para el prestigio institucional de la universidad y para los alumnos que se negaron a participar de este esquema de corrupción?
- ¿Cuál fue el rol de la vigilancia de la facultad ante el evidente desbalance patrimonial de algunos de los estudiantes hoy acusados de ser cómplices de lavado de activos?
