Delcy Rodríguez y el oro: ¿A qué costo Venezuela agradece ahora a Donald Trump?

Tras la captura de Maduro, el chavismo deroga la ley de minas de Hugo Chávez para abrir paso a capitales estadounidenses y al FMI.
La firma de la nueva Ley Orgánica de Minas por parte de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, no es solo un trámite legislativo, sino un giro pragmático que deja más dudas que certezas sobre la soberanía de sus recursos. En un acto transmitido por la señal estatal, Rodríguez no escatimó en agradecimientos hacia Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, celebrando una supuesta “buena disposición” para la cooperación bilateral. Este acercamiento ocurre apenas meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, evidenciando una reconfiguración política que hoy pone el oro venezolano en la mira de Washington.
El fin del legado de 1999 y la apertura al capital externo
La nueva norma, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 9 de abril, consta de 131 artículos y deroga de golpe la Ley de Minas que Hugo Chávez promulgó por decreto en 1999. Según la fuente, este nuevo marco legal busca captar “importantes inversiones” y se da tras la visita a Caracas de Doug Burgum, secretario de Interior de EE. UU., quien confirmó el interés de empresas norteamericanas en el sector. Resulta contradictorio que el mismo sector que el chavismo blindó durante décadas bajo un discurso antiimperialista, sea hoy entregado a través de licencias del Departamento del Tesoro estadounidense.
Sunamin: ¿Control estatal o fachada para la comercialización?
Uno de los puntos centrales de la reforma es la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin). Rodríguez asegura que esta entidad coordinará desde la inversión hasta la comercialización para lograr un “mejor desempeño” en un sector que, según cifras oficiales, creció un 10,9 % el año pasado. Sin embargo, queda en el aire cómo se fiscalizarán estas operaciones en un contexto donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de reanudar relaciones con Caracas tras siete años de suspensión, y donde el Banco Central de Venezuela ha visto suavizadas sus sanciones.
La presión social frente a las promesas de inversión
Mientras la cúpula chavista celebra la “verdad” del país y firma acuerdos mineros, la realidad en las calles de Caracas cuenta otra historia. Trabajadores venezolanos acudieron a la Embajada de Estados Unidos para exigir mediación ante el gobierno por salarios dignos, la liberación de presos políticos y la convocatoria a elecciones presidenciales. Esta brecha entre la urgencia ciudadana y la celeridad para entregar concesiones mineras a capitales extranjeros subraya una desconexión crítica en la gestión de la presidenta encargada.
Lo que falta aclarar
- ¿Bajo qué criterios de transparencia operará la Sunamin para evitar que los ingresos del oro sigan rutas de opacidad administrativa?
- ¿Por qué el gobierno de Rodríguez optó por derogar íntegramente la ley de 1999 en lugar de reformarla, eliminando las protecciones de soberanía que Chávez defendía?
- ¿Qué garantías reales de mejora salarial tienen los trabajadores venezolanos frente a la nueva apertura de inversión privada y extranjera?
- ¿Cuál es el alcance real de las licencias del Departamento del Tesoro sobre el oro venezolano y qué porcentaje de la producción quedará efectivamente en el país?

