Graves Acusaciones: Testigo protegido vincula a aliado de Santiváñez con plan de «eliminación» contra periodista
Una explosiva declaración de un testigo protegido ha desatado una ola de preocupación y alarma en el Perú, al revelar un supuesto plan para «eliminar» a la periodista Karla Ramírez y a la ciudadana Elizabeth Alvarado. La acusación principal recae sobre Alex Alberto Alaluna Álvarez, una figura supuestamente cercana y de confianza de Juan José Santiváñez Antunez, cuya influencia se extendería hasta la propia Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Este grave señalamiento, que implica un atentado contra la libertad de prensa y la integridad de testigos clave, exige una investigación profunda y transparente por parte de las autoridades.
El testimonio del testigo protegido asegura que Alex Alberto Alaluna Álvarez habría sido el cerebro detrás de la orden de seguimiento y posterior «eliminación física» de Karla Ramírez, reconocida periodista del programa Panorama, y de Elizabeth Alvarado. La relevancia de Alvarado radica en haber grabado a Santiváñez en su despacho, en lo que se ha descrito como una negociación de «mejoras penitenciarias» para su esposo, el policía Miguel Marcelo Salirrosas, conocido con el alias de ‘El Diablo’, un personaje envuelto en investigaciones de alto perfil.
De acuerdo con la declaración, Alaluna Álvarez habría encomendado estas delicadas operaciones a Pedro Pascual Barrios Pérez, un ex infante de la Marina de Guerra con un historial de experiencia en investigación y quien, además, habría sido informante de la Administración de Control de Drogas (DEA). El testigo narra con detalle cómo Barrios Pérez fue contactado por Alaluna con la misión de ejecutar seguimientos bajo el velo de «labores de inteligencia». El documento con la declaración del testigo es categórico: «Tengo conocimiento que entre el mes de mayo y junio aproximadamente del presente año, la persona de Alex Alberto Alaluna Álvarez haberle citado a Pedro Pascual Barrios Pérez en un restaurante que está ubicado en el distrito de Miraflores, Lima, para que este último pueda realizar los seguimientos a la persona de Elizabeth Alvarado, Karla Ramírez, y de otros miembros de sus entornos familiares».
La urgencia y prioridad de la vigilancia, según el relato, se centró en Elizabeth Alvarado, a quien Alaluna habría señalado por «estar ocasionando molestias y buscando amedrentar a una persona». Tras la ubicación de Alvarado, el testigo relata el dramático giro en los acontecimientos: Alaluna Álvarez, supuesta persona de confianza de Santiváñez, habría instruido a Barrios Pérez a proceder con la «limpieza» o a buscar a alguien que la realizara. El acta es explícita al detallar la siniestra connotación de esta expresión: «Expresión que significa acabar con su vida o eliminarla».
Sin embargo, Barrios Pérez se habría negado rotundamente a cumplir con la orden, argumentando que su labor era estrictamente de investigación y no de ejecución. Ante la negativa, Alaluna Álvarez habría respondido que, de ser así, él mismo se encargaría de buscar a individuos, ya fueran «locales o extranjeras», para llevar a cabo el trabajo de «limpieza».
La trama se complejiza aún más con la revelación del nexo entre Alex Alaluna Álvarez y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El testigo clave afirma que Alaluna trabajó en la DINI durante este año y que es una figura conocida por su capacidad de influir en decisiones políticas y legislativas en favor de intereses particulares, operando como un «lobista». Esta descripción lo posicionaría como un hombre de máxima confianza para Juan José Santiváñez Antunez. El testimonio añade que Alaluna habría intentado persuadir a Barrios Pérez para colaborar en estos «trabajos», ofreciéndole un puesto en la DINI, sugiriendo un presunto tráfico de influencias y el uso de una institución clave del Estado para fines oscuros.
El testigo concluye que los seguimientos y las órdenes de «eliminación» contra la periodista Karla Ramírez y la ciudadana Elizabeth Alvarado responden directamente a las investigaciones que vinculan a Juan José Santiváñez con el polémico caso «El Diablo» y los reportes relacionados con las minas «El Dorado».
Estas graves acusaciones arrojan una sombra preocupante sobre el sistema de justicia y la institucionalidad del Perú. La implicación de figuras cercanas a personajes públicos en planes de esta índole, con conexiones a un organismo de inteligencia como la DINI y con la intención de silenciar a la prensa y a testigos, representa una amenaza directa a la libertad de expresión, el derecho a la información y el estado de derecho. Urge una investigación inmediata, imparcial y profunda para esclarecer los hechos, identificar a todos los responsables y garantizar la protección de quienes, con su trabajo o testimonio, buscan la verdad y la justicia en el país.
