El colmo, acceder a las oficinas de la municipalidad provincial de Huánuco, es un calvario para personas con discapacidad, adultos mayores y madres gestantes, pues, la mayor parte de sus gerencias administrativas se encuentran a partir del segundo hasta el cuarto piso. Sin embargo, todos sin exclusión alguna, tienen que subir por las escaleras.
Sabemos de la existencia de un ascensor, pero nos preguntamos ¿el ascensor es solamente para uso del alcalde y sus regidores “fiscalizadores”? Ninguno de los funcionarios a quienes preguntamos nos dio una respuesta clara. Sólo se limitaron a decirnos, no está en funcionamiento; en realidad nunca ha funcionado para el público. Más parece que es utilizado por el burgomaestre o sus regidores, como una salida de escape.
Ahora bien, si estuviera inoperativo el ascensor, entonces ¿porqué no lo pone en funcionamiento don “Toño Jara”? La ley de protección a las personas discapacitadas y adultos mayores, establece que todas las instituciones públicas y privadas, tienen que tener una forma de acceso fácil a sus oficinas.
Hemos podido constatar que una señora adulta con incapacidad para caminar, que lo hace apoyada en una muleta, tuvo que subir hasta el tercer piso, a reclamar un trámite como trabajadora del mercado. Esta persona tuvo que recurrir a la ayuda de otra persona para que le llevara su muleta y ella subir y bajar sosteniéndose de las barandas. Nos manifestó su rechazo e indignidad por el maltrato a su persona, pero no quiso identificarse. Respetamos su derecho a la privacidad. Sólo le tomamos una fotografía de espaldas.
Como ya la población lo sabe, “Toño Jara” sólo le gusta presentarse donde puede figurar, pero no se preocupa por cumplir con las leyes en su gestión. Consideramos que así como le gusta figurar como bailarín en las fiestas de los “negritos” y en el “carnavalón”, tiene que preocuparse por brindar un buen servicio de atención a los administrados. No desde su butaca en el despacho municipal, atendiendo sólo a sus funcionarios y personal. Nadie puede ingresar si no lo solicita por escrito, con expresión de causa, ante la mesa de partes, para que previamente califique si lo recibe o no.
Los regidores “fiscalizadores” no fiscalizan nada, son cómplices de los descalabros administrativos en la municipalidad. La defensoría del pueblo tampoco ha dicho nada ni ha inspeccionado como se brinda atención a las personas con discapacidad física. No tenemos conocimiento que hará la fiscalía de prevención del delito frente al incumplimiento de la ley por parte del alcalde provincial.
