Justicia tarda pero llega: GUE Leoncio Prado recupera emblemático terreno tras dos décadas de ocupación irregular por «La Torre de Babel»
HUÁNUCO – Más de dos décadas de controversia y lo que la comunidad huanuqueña percibía como un flagrante despojo del patrimonio público han llegado a un punto de inflexión. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, mediante la Resolución N° 113-2025, ha dictaminado la nulidad de los contratos que permitieron al empresario Max Faura Padilla edificar y operar el local de tragamonedas «La Torre de Babel» en un estratégico predio de la Gran Unidad Escolar (GUE) Leoncio Prado. Esta decisión judicial, emitida el 25 de noviembre de 2025, no solo ordena la devolución inmediata del inmueble a la institución educativa, sino que establece un importante precedente en la defensa del patrimonio estatal frente a presuntos actos de corrupción y mala praxis administrativa.
El conflicto se remonta a inicios de los años 2000, cuando la entonces Junta de Bienes de la GUE Leoncio Prado, bajo la dirección de Alejandro Alvarado Pérez, suscribió un controvertido contrato de cesión por 99 años a favor de Max Faura Padilla. Este acuerdo, concretado a través de las Escrituras Públicas N° 1046 y N° 1047 del 6 de diciembre de 2002, así como sus posteriores aclaraciones de diciembre de 2002 y enero de 2003, otorgaba un derecho de superficie sobre valiosos terrenos ubicados en los jirones Dos de Mayo y General Prado, en pleno corazón de la ciudad de Huánuco. Es en este espacio donde se levantó el edificio que alberga el conocido negocio de entretenimiento.
Desde la perspectiva de la GUE Leoncio Prado y de diversos sectores de la sociedad civil, este contrato fue considerado desde el inicio como «lesivo e ilegal», pasando por alto las normativas que regulan la disposición de bienes públicos y atentando directamente contra los intereses de una institución educativa emblemática. La lentitud de la justicia en resolver esta situación por más de veinte años ha sido un constante motivo de crítica y frustración en la región, evidenciando los retos del sistema judicial peruano para atender con celeridad casos que comprometen el patrimonio colectivo.
La reciente resolución de la Sala Civil no ha dejado margen a dudas sobre la irregularidad de los actos originales. El fallo judicial declara nulas las mencionadas Escrituras Públicas y sus aclaraciones, argumentando que son «contrarias al orden público y las buenas costumbres». Esta fundamentación subraya la gravedad de los vicios legales encontrados en el proceso de cesión, invalidando los derechos de superficie que permitieron la ocupación y explotación comercial del terreno escolar. Como consecuencia directa, la Sala ha dispuesto la cancelación de los asientos registrales correspondientes en la Oficina Registral de Huánuco, consolidando así la plena propiedad a favor de la GUE Leoncio Prado.
Julio César Chávez Cabrera, director de la GUE Leoncio Prado y presidente de su Junta de Bienes, expresó su satisfacción y la de la comunidad educativa ante esta victoria. «La propiedad deberá retornar a la institución educativa», afirmó, resaltando la importancia de esta decisión para el futuro del plantel. Por su parte, Mauro Bardón Palacios, administrador de la Junta de Bienes, recordó el «acto ilícito» cometido hace más de dos décadas por el entonces director Alejandro Alvarado Pérez, subrayando que este fallo «reivindica a Huánuco» y corrige una grave «irregularidad» que ha persistido por demasiado tiempo.
El asesor legal de la Junta de Bienes enfatizó que la resolución sienta un «precedente jurídico importante», reafirmando la inquebrantable «primacía de la ley» por encima de cualquier acuerdo espurio o interés particular. La sentencia apunta directamente a las responsabilidades de Alejandro Alvarado Pérez, Max Faura Padilla y el notario Tomás Parra Ormeño, quienes «avalaron los contratos cuestionados», sugiriendo una cadena de complicidad o negligencia que permitió la materialización de la operación.
No obstante, el camino hacia la recuperación total del terreno aún podría enfrentar un último obstáculo. La defensa del empresario Max Faura Padilla tiene la potestad de interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de la República, la máxima instancia judicial en este tipo de procesos. Esta posibilidad mantiene en vilo a la GUE Leoncio Prado, cuyo director, Chávez Cabrera, ha manifestado que estarán vigilantes a la presentación de dicho recurso. En caso de no concretarse la casación, la institución educativa procederá a solicitar el desalojo inmediato del terreno, con la firme convicción de que «la Ley se impondrá por encima de todo».
Este caso se erige como un claro ejemplo de la compleja y a menudo dilatada lucha por la recuperación del patrimonio público en el Perú, un flagelo que afecta a diversas instituciones estatales. La GUE Leoncio Prado, con esta victoria legal, no solo recupera un activo invaluable para su desarrollo, sino que envía un mensaje contundente sobre la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y la incesante vigilancia ciudadana para proteger los bienes que pertenecen a todos. La comunidad huanuqueña espera que este capítulo de opacidad y litigio finalmente cierre, permitiendo que un espacio destinado a la educación sirva plenamente a su propósito original.
