PJ extiende preventiva a Castillo y Geiner Alvarado

El Poder Judicial amplía la prisión preventiva de Pedro Castillo y Geiner Alvarado, mientras las interrogantes sobre la celeridad del proceso y la rendición de cuentas se intensifican.

El Poder Judicial ha dictaminado una nueva prórroga de la prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo Terrones y su exministro de Vivienda, Geiner Alvarado. La medida, que busca asegurar la presencia de los investigados en el marco de la pesquisa por una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo entre 2021 y 2022, extiende la detención de Castillo hasta marzo de 2027 y la de Alvarado hasta octubre de 2026. Esta decisión, si bien es un paso procesal, reabre el debate sobre la efectividad de la justicia en casos de alta corrupción y la celeridad en la búsqueda de sentencias firmes.

La red criminal: Operadores y evidencias

Según la tesis del Ministerio Público, Pedro Castillo habría liderado una sofisticada red criminal dedicada al direccionamiento de obras públicas y contratos estatales. La Fiscalía sostiene que estas adjudicaciones, principalmente desde los ministerios de Vivienda y Transportes, habrían beneficiado a empresas y allegados al entorno presidencial a cambio de presuntos beneficios económicos ilícitos. En este entramado, Geiner Alvarado es señalado como uno de los principales operadores desde su despacho ministerial, una acusación grave que se sustenta, según la investigación, en declaraciones de colaboradores eficaces, registros de visitas y análisis de contratos.

Un calendario judicial que se extiende

El juez Edhin Campos Barrenezuela dispuso que la prisión preventiva de Pedro Castillo, que inició originalmente en marzo de 2023, se extienda por 12 meses adicionales, fijando su vencimiento para marzo de 2027. Por su parte, el juez Juan Carlos Checkley dictó una ampliación de siete meses para Geiner Alvarado, con vencimiento en octubre de 2026. Estas prórrogas, justificadas por el Ministerio Público para asegurar la presencia de los imputados y culminar las diligencias preparatorias, suman años a la detención sin que el proceso principal avance a una etapa de juicio oral, manteniendo a los implicados en un limbo procesal prolongado.

Las defensas: entre la apelación y la denuncia

Frente a estas decisiones, las defensas de los implicados han manifestado su postura. Humberto Abanto, abogado de Geiner Alvarado, señaló que aún no ha sido notificado formalmente de la resolución, anticipando una posible apelación. La defensa del expresidente Castillo, por su parte, ha mantenido una línea de cuestionamiento constante a las imputaciones, argumentando la falta de pruebas concluyentes y denunciando presuntas irregularidades en el proceso. Ambos investigados continúan enfrentando cargos por organización criminal y corrupción de funcionarios, delitos de alta complejidad que demandan una investigación rigurosa, pero también una resolución oportuna.

Lo que falta aclarar

• ¿Por qué, pese a las múltiples extensiones de la prisión preventiva, el Ministerio Público no ha logrado establecer un cronograma claro y definitivo para la conclusión de la etapa preparatoria y el inicio del juicio oral en un caso de esta envergadura?
• Si la Fiscalía ya cuenta con declaraciones de colaboradores eficaces, registros de visitas y análisis de contratos, ¿cuáles son las diligencias adicionales tan cruciales que justifican la privación de libertad por un periodo que se extiende hasta 2027 para uno de los implicados?
• ¿Cuál es el impacto real de estas prolongadas prisiones preventivas en la percepción de la justicia y en la credibilidad del sistema, si la resolución definitiva de los casos de corrupción de alto nivel parece postergarse indefinidamente?
• Frente a las reiteradas denuncias de la defensa de Castillo sobre falta de pruebas concluyentes y presuntas irregularidades, ¿cómo garantiza el Poder Judicial un debido proceso que evite la percepción de una justicia por goteo o una detención que excede lo razonable sin una sentencia a la vista?