Una medida cautelar emitida por el Poder Judicial ordenó la suspensión inmediata y provisional del cobro de peajes en el distrito de Puente Piedra, que afecta a miles de transportistas que transitan por la carretera Panamericana Norte. La medida responde a una solicitud de la Asociación Casa Huerta El Paraíso – Puente Piedra, que demandó a la concesionaria Rutas de Lima, a la Municipalidad de Lima y a la empresa Brookfield Asset Management, por considerar que el contrato de concesión vulnera el derecho al libre tránsito y al desarrollo económico de la zona.
El juez Juan Varillas Solano, del Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad en lo Comercial de Lima, declaró fundada la pretensión de la asociación y dispuso el cierre de las unidades de peaje Chillón, que se encuentran en el tramo comprendido entre los kilómetros 23 y 25 de la Panamericana Norte. Asimismo, ordenó a la Policía Nacional prestar apoyo en la ejecución de la medida y garantizar el orden público.
La medida cautelar suspende provisionalmente los efectos de algunas cláusulas del contrato de concesión suscrito en enero del 2013 entre Rutas de Lima SAC y la Municipalidad de Lima, en relación con la tarifa a pagar por los transportistas. Según el fallo, dichas cláusulas son contrarias al principio de proporcionalidad, pues establecen un cobro excesivo e injustificado por el uso de una vía pública que no cuenta con una ruta alterna.
La decisión judicial se da luego de que la concesionaria Rutas de Lima anunciara el aumento del peaje a S/ 7.50 a partir del martes 30 de enero, argumentando que el último incremento se realizó el pasado 2022 y que se debía ajustar la tarifa de acuerdo a la inflación. El gerente general de la empresa, Miguel Oyarzo, había señalado que el alza se tenía que dar y que solo debían cumplir con los requisitos que establece el contrato, que es la información con 10 días de anticipación a los usuarios.
La medida cautelar ha sido celebrada por el alcalde de Ancón, Samuel Daza, quien mencionó que es justa y que el contrato con la concesionaria Rutas de Lima prohíbe la libertad de tránsito de los peruanos. “No es posible que nos obliguen pagar un peaje en la Panamericana Norte, teniendo en cuenta que es la única salida que tienen los vecinos de Ancón para llegar al centro de Lima”, dijo a canal N. Asimismo, recordó que varias asociaciones presentaron medidas cautelares para frenar el cobro de peajes de manera inmediata, pero solo esta fue aceptada y otras fueron rechazadas.
Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó a los medios hace unos días que solicitó al Tribunal Constitucional (TC) ordenar a la Municipalidad de Lima realizar la administración de las garitas del peaje y eliminar el cobro de estos. Mencionó que al traspasar la administración a la Municipalidad de Lima, se eliminaría el cobro a los afectados que viven cerca.
López Aliaga expresó su preocupación sobre el anunciado aumento del peaje, señalando que los montos de dichos tributos experimentaron un aumento progresivo con el tiempo. En este sentido, advirtió a las autoridades del TC sobre la posibilidad de un estallido social si no se resuelve el problema.
Rutas de Lima es una empresa que tiene a cargo la concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima, que comprende la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de 140 kilómetros de vías urbanas en Lima Metropolitana. La empresa está liderada por el fondo Brookfield y está integrada, además, por la empresa Sigma y la corrupta constructora Odebrecht. El contrato de concesión tiene una duración de 30 años y ha sido cuestionado por diversos sectores por considerarlo lesivo para los intereses de la ciudad.
