Cerrón acusa al Estado de su fuga mientras TC debate hábeas corpus: ¿Justicia o privilegio?

El fundador de Perú Libre, prófugo desde octubre de 2023, busca anular su prisión preventiva. Su defensa culpa al Estado, pero la Procuraduría exige rendición de cuentas en un proceso con sombras sobre la imparcialidad del TC.

El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto este miércoles un recurso de hábeas corpus crucial para Vladimir Cerrón Rojas, fundador de Perú Libre y prófugo de la justicia desde octubre de 2023. En una audiencia cargada de tensión, su defensa argumentó que fue el propio Estado peruano quien lo “obligó” a la clandestinidad, mientras la Procuraduría del Poder Judicial (PJ) exigió que se desestime la demanda, subrayando que Cerrón jamás se puso a derecho, pese a las graves acusaciones de lavado de activos y crimen organizado que pesan en su contra.

La controvertida estrategia de un prófugo que se declara víctima

El abogado de Cerrón, Humberto Abanto, desplegó una defensa que desafía la lógica judicial. En primer lugar, cuestionó la filtración de una ponencia del magistrado Pedro Hernández presuntamente favorable a su patrocinado, calificándola de intento de “condicionar” los votos. Luego, sostuvo que Cerrón se dio a la fuga en octubre de 2023, y ha permanecido en clandestinidad, según Abanto, por “dos años y cinco meses”, debido a una sentencia “inicua” en el Caso ‘Aeródromo Wanka’, la cual fue posteriormente anulada. Esta “resistencia” a lo que consideró una decisión arbitraria, según la defensa, lo llevó a incumplir las reglas de comparecencia en el caso ‘Aportes a Perú Libre’. Abanto incluso invocó un “derecho a la resistencia a la opresión”, citando jurisprudencia colombiana y peruana, que en los casos mencionados por el texto fuente, se referían a objeción de conciencia al servicio militar y huelgas de hambre, respectivamente. Ante la pregunta del magistrado César Ochoa sobre la anomalía de rehuir a la justicia, Abanto replicó que “sería anómala si no hubiera habido como causa una actuación estatal que lo obligó a tomar esa decisión”, negando que Cerrón sea un prófugo, sino una “víctima de atropello judicial”. La defensa llegó a comparar la situación de Cerrón con la de Keiko Fujimori, quien, a diferencia del fundador de Perú Libre, sí se puso a derecho cuando se le impuso prisión preventiva. Las 108 carpetas fiscales en su contra, según Abanto, demuestran una “cacería”, a lo que el magistrado Francisco Morales respondió con un contundente “Ni Abimael Guzmán”.

El Poder Judicial exige el fin de los privilegios

Desde la otra orilla, Indira Bedregal Salcedo, representante de la Procuraduría del Poder Judicial, desvirtuó los argumentos de la defensa de Cerrón. Afirmó que Abanto no logró acreditar la vulneración del derecho a la motivación en las resoluciones judiciales que ordenaron la prisión preventiva. Por el contrario, Bedregal Salcedo enfatizó que las resoluciones N° 08 (del 3 de junio del año 2025) y N° 03 (del 4 de julio del año 2025), que denegaron la variación de la prisión preventiva, están debidamente motivadas y se basan en el incumplimiento de las reglas de conducta por parte de Cerrón. La procuradora recordó al TC que, según sus propios precedentes –como los casos Jaime Yoshiyama y Eliane Karp–, el peligro procesal es un presupuesto fundamental para la prisión preventiva, y Cerrón, al mantenerse prófugo, no ha desvirtuado dicho peligro. “¿Qué es lo que pretendería en todo caso la parte demandante? ¿Una situación de privilegio al señor Vladimir Cerrón?”, cuestionó Bedregal, subrayando que la ubicación del investigado es desconocida y no se han presentado elementos de arraigo que garanticen su comparecencia.

La sombra de la imparcialidad planea sobre el TC

Mientras el Pleno del Tribunal Constitucional debate el futuro de Vladimir Cerrón, una serie de hechos genera serias dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso. La mención de que un sector de magistrados “ya habría tomado partido a favor de Cerrón Rojas previo a la audiencia de fondo” y la existencia de una ponencia del magistrado Pedro Hernández que busca “beneficiar y validar la presunta afectación del derecho a la libertad” del prófugo exgobernador regional, son alarmantes. A pesar de los intentos de este medio, Hernández no ofreció su versión. Asimismo, fuentes de este Diario señalaron que, aunque el Pleno se reuniría este viernes 13 de marzo para debatir casos al voto, el recurso de Cerrón no había sido agendado hasta la tarde de este miércoles, siendo la agenda una decisión de la presidencia del TC y el ponente del caso. Esta situación levanta interrogantes sobre la gestión de un caso de alta relevancia política y judicial.

Lo que falta aclarar

• ¿Cómo es posible que el recurso de hábeas corpus se refiera a resoluciones judiciales fechadas en junio y julio del año 2025, si la audiencia se llevó a cabo este miércoles y Cerrón se fugó en octubre de 2023? Esta discrepancia temporal exige una explicación.
• ¿Es coherente que el abogado de Vladimir Cerrón invoque un “derecho a la resistencia a la opresión” para justificar su fuga, mientras las sentencias citadas como fundamento se refieren a objeción de conciencia o huelgas de hambre, muy distintas a la acusación de lavado de activos y crimen organizado?
• ¿Qué acciones concretas tomará el Tribunal Constitucional para disipar las dudas sobre la imparcialidad de algunos de sus miembros, señalados por una presunta predisposición a favor del prófugo, y garantizar la transparencia en la agenda de sus deliberaciones?
• ¿Por qué, a pesar de la anulación de la sentencia del Caso ‘Aeródromo Wanka’, Vladimir Cerrón no ha presentado ningún elemento de arraigo ni se ha puesto a derecho, manteniendo así su situación de prófugo y el “peligro procesal” que fundamenta la prisión preventiva?