Fueron sepultados los restos de Alberto Kenya Fujimori Inomoto, de nacionalidad japonesa, patriarca de los Fujimori, luego que falleciera el miércoles pasado. Con él se va el secreto donde tuvo y quedó escondido el multi millonario robo de dinero al erario nacional, producto del remate de las empresas peruanas a capitales extranjeros. Quedó pendiente de juzgamiento y sentencia de nuevos delitos por los que Chile amplió la extradicción del ex presidente y ex presidiario de la justicia peruana.
Su llegada a la presidencia del Perú
Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses se presentó como candidato presidencial en el año 1990 y sorpresivamente, un ingeniero agrónomo y profesor universitario, desconocido y evidentemente inexperto en política, logró vencer en segunda vuelta al escritor Mario Vargas Llosa, que candidateaba en representación de un frente de partidos de la derecha peruana.
Durante su campaña electoral se comprometió a no el shock económico, sin embargo fue autor del fujishock que reduciría a centavos la moneda peruana, dejando en la práctica sin valor las monedas y los billetes del movimiento económico peruano vigentes hasta ese momento. Su gobierno se caracterizó por el uso de propaganda, la introducción de un Estado neoliberal, corrupción política generalizada y violaciones de los derechos humanos.
En efecto, el 11 de agosto de 1990, a pocos días de haber asumido la presidencia, Alberto Fujimori aplicó un shock económico por primera vez en América Latina. Juan Carlos Hurtado MIller, su primer ministro, fue el encargado de dar a conocer el shock que se ponía en práctica.
Como resultados inmediatos en la economía peruana, se tuvo que, la lata de leche evaporada, que costaba 120 mil intis (US$0.38), subió a partir del día siguiente del anuncio a 330 mil intis (US$1.05); el kilo de azúcar blanca, que costaba 150 mil intis (US$0.48), subió desde la mañana siguiene a 300 mil intis (US$096); el pan francés, que costaba hasta el día del anuncio 9 mil intis (US$0.02), subió a partir de mañana siguiente a 25 mil intis (US$0.08).
El precio del galón de gasolina de 84 octanos se elevó 32.1 veces y la de 95 octavos 26.8 veces, que equivalen a un aumento de entre el 2.600 y el 3.200 por ciento; el kerosene y el gas subieron 32 y 27,3 veces, respectivamente. Hurtado Miller terminó su mensaje que anunciaba el shock económico inédito en latinoamérica en el Canal de Televisión del Estado, manifestando su preocupación por las reacciones sociales que produciría: “Que Dios nos ayude”, dijo.
El auto golpe de estado y la dictadura fujimorista
Fujimori tuvo en la práctica un cogobierno con el Asesor del Servicio de Inteligencia Nacional -SIN- Vladimiro Montesinos, imponiendo un gobierno autoritario.
El año 1992, Fujimori dio un auto golpe de estado, disolvió el Congreso de la República e intervino todos los poderes del Estado y asumió su gobierno poderes extraordinarios, aplicando directivas castrenses del Plan Verde.
El Plan Verde consistía en una operación militar clandestina concebida por las Fuerzas Armadas del Perú durante el conflicto armado interno del país. Con este plan los militares pretendían establecer una economía neoliberal, controlada por una junta militar e implicaba imponer control estricto y sensura de los medios de comunicación nacional.
Fue redactado en octubre de 1989 y se planificaba llevar adelante un golpe de Estaado militar contra el presidente Alan García Pérez, pero recién fue puesto en práctica, luego de que asumiera la presidencia Alberto Fujimori en 1990 y con el autogolpe de 1992.
La política de esterelizaciones forzadas
El Plan Verde incluia un programa de esterilizaciones forzadas que se puso en práctica en todos los centros hospitalarios del Estado; también en el Plan Verde estaba incluida la represión más violenta a la insurgencia de Sendero Luminoso. La esterilización forzada era parte del exterminio de las poblaciones rurales y pobres, para reducir la población de los que ellos consideraban inútiles o inservibles.
La doble nacionalidad de Alberto Kenya Fujimori Inomoto
Investigaciones periodísticas trataron de despejar la duda sobre la verdadera nacionalidad de Alberto Kenya Fujimori Inomoto. En este contexto se llegó a connocer que su padre Naoichi Fujimori lo inscribió en el regisgro familiar japonés Koseki el 2 de agosto de 1938, ante el consulado de Japón en nuestra patria.
El Koseki es un registro que equivale a una partida de nacimiento, y es en razón de ello que tenía el derecho a la nacionalidad japonesa de nacimiento, hecho reconocido por el Estado de Japón a solicitud de Alberto Kenya Fujimori Inomoto en el año 2000. De tal manera, Alberto Fujimori siempre tuvo doble nacionalidad: peruano-japones de nacimiento.
Así, el Koseki señala que Kenya Fujimori es hijo de Naochi y Mutsue Fujimori, nacido un 26 de julio de 1938, en Surco, Provincia de Lima, País Perú. Existe la disposión de que los nacidos de padres japoneses antes del 1 de enero de 1985 registrados en el Koseki a los tres meses de su nacimiento, reservan la nacionalidad japonesa sin la necesidad de ningún trámite adicional.
Su vida política en síntesis
En primer lugar debemos reseñar que en el año 1980, las Fueras Armadas del Perú, crearon el Plan Verde, una forma de estrategia clandetina destinada a esterelizar a las indígenas y poblaciones empobrecidas, que incluia el control y sensura de la prensa nacional y establecer una economía liberal, bajo un gobierno de junta militar.
Sin embargo el plan no se puso en práctica pues tenían ad portas las elecciones de 1990 en el que participaría como candidato representante de la derecha peruana, el escritor Mario Vargas Llosa y Alberto Kenya Fujimori Inamoto, en representación del movimiento político Cambio 90, un desconocido político que tuvo el apoyo incondicional de Alan García, quien ordenó al general Edwin Díaz, entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional -SIN- que ayudara a fujimori proporcionándole información sobre las vulnerabilidades de Mario Vargas Llosa y dirigentes del Frente Democrático -FREDEMO.
Los medios de prensa apoyaron a Fujimori y atacaron a Vargas Llosa; sin embargo, guardaron absoluto silencio sobre las graves acusaciones contra Alberto Fujimori, sobre evasión fiscal
Efectuadas las elecciones en abril de 1990, en la primera vuelta electoral, Alberto Fujimori obtuvo el 29.9% de los votos, pasando a segunda vuelta electoral con Mario Vargas Llosa. Fujimori demostró oponerse a las políticas neoliberales que proponía Vargas Llosa. Vladimiro Montesinos fue contratado por Susana Igushi, esposa de Alberto Fujimori.
Vladimiro Montesinos le ayudó en los negocios inmobiliarios y como consecuencia, en la desparición de los documentos del caso y se retiró las acusaciones de evasión fiscal.
Alberto Fujimori tenía una gran preocupación por un posible golpe de Estado Militar, por lo que buscó mayor apoyo de Montesinos. Fujimori que no tenía un plan gubernamental, adoptó los lineamientos del Plan Verde a su gobierno, integrando a los militares como socios clave de su régimen.
Ante la carencia de un plan de gobierno, Alberto Fujimori gobernó con la asesoría del Ejecutivo de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, quienes lo asesoraban en la aplicación de los programas shock y liberalismo del mercado.
La política de privatizaciones y los monopolios
Siguiendo las recomendaciones del Consenso de Washington, que le sugería una reforma tributaria, rigurosa disciplina fiscal, liberalización finaciera y comercial, la privatización de las empresas, la eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras, entre otras.
Y se puso en práctica las privatizaciones que no fueron liberales, sino, de un capitalismo clientelista, pues, se privatizó empresas con monopolios legales, como es el caso de la venta de la Compañía Peruana de Teléfonos a la empresa Telefónica del monopolio español, pues, en vez de optar por un accionariado difundido a los trabajadores o a los ciudadanos peruanos, se prefirió vender las empresas estatales con un propósito únicamente fiscal.
En lo posterior y luego de la fuga de Alberto Fujimori al Japón, se denunció que el dinero obtenido por las privatizaciones de las empresas del Estado, no ingrersaron al erario nacional, sino a alguna cuenta personal de Alberto Fujimori en algún paraíso fiscal, cuyo secreto se ha llevado a la tumba.
El año 2004, la Organización Transparencia Internacional calculó que Alberto Fujimori malversó seiscientos millones de dólares durante su gobierno y lo nombró como uno de los 10 exjefes de Estado más corruptos de los últimos 20 años.
La desigualdad en el Perú continuó; la mayoría de la población no se benefició del crecimiento económico, pues, muy por el contrario se amplió las desigualdades entre ricos y pobres. La taza de pobreza se mantuvo en el 50% de la población, un nivel comparable al de Alan García al final de su mandato. Gran parte del dinero generado por las privatizaciones, cuando no todo, fue absorvido por la corrupción.
Cierre del Congreso y Rúptura de la Constitucionalidad
La relación entre el ejecutivo y el parlamento estuvo marcada por la tensión y la constante confrontación. El equilibrio de poderes del Estado y la supervisión parlamentaria al Ejecutivo, eran duras piedrecillas en el zapato de Fujimori, que consideraba que no le dejaban gobernar como él quería y el Fondo Monterio Internacional y el Ejecutivo de Estados Unidos le exigían, Fujimori empezó a considerar al Congreso un estorbo.
En ese contexto Fujimori empieza a planear en secreto el cierre del Congreso y el control absoluto del poder. El quebrantamiento del orden constitucional mediante un autogolpe se dio el 5 de abril de 1992.
Fujimori dio un mensaje a la nación ordena disolver el Congreso de la República y suspender las actividades del Poder Judicial. Entre tanto, las Fuerzas Armadas se desplegaban en diferentes ciudades, sitiando las sedes de las principales instituciones democráticas y las casas de opositores políticos.
Se tomaron por asalto medios de comunicación y se produjo el secuestro de personas, como del periodista Gustavo Gorriti. De esta manera se puso fin a la legiitimidad democrática y el gobierno del dictador Alberto Kenya Fujimori Inomoto se alargaría por ocho años más.
Así Fujimori impuso un gobierno de facto llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, plagado de actos de corrupción que luego se conocerían a través de las grabaciones de los llamados “Vladi Videos”.
Para legalizar la dictadura de su gobierno, Alberto Fujimori convocó a elecciones de un Congreso Constituyente Democrático que expediría una nueva constitución que fue aprobada mediante referendum de 1993.
Esta constitución trajo cambios en el funcionamiento del Estado, dándole más poder al Presidente y recortando los poderes del Congreso; redujo además el poder fiscalizador del Estado en diferentes áreas. La aprobación de la Constitución de 1993 mediante referendum obtuvo a favor el 52.24 % de los votos válidos. Luego se denunciaría un gran fraude electoral en el referendum.
Las violaciones de los derechos humanos y genocidios
La estrategia de la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, cambió con la incorporación de las rondas campesinas, a quienes se les armó adiestró en la lucha antisubversiva.
En este contexto, la represión militar en la lucha antisubversiva se produjo graves violaciones a los derechos humanos. En diciembre de 1991 se produjo la masacre de los Barrios Altos, en la que fueron asesinadas 15 personas que se encontraban en una actividad social; en julio de 1992 se ejecutó el asesinato de 9 alumnos y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta.
Estas acciones fueron ejecutadas por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte que funcionó en aquellos años, como un grupo paramilitar para el combate contra posibles miembros de Sendero Luminoso.
En julio de 1992 se logró la captura de Víctor Polay Campos, lider del MRTA. El 12 de septiembre el GEIN, grupo especial de la Dirección Nacional contra el Terrorismo -DINCOTE- dirigido por el Coronel PNP Ketín Vidal, logró la captura pacífica de Abimael Guzmán Raynoso, lider del grupo terrorista Sendero Luminoso, junto con otros miembros del Comité Central de dicha organización.
Años después se conocería que Alberto Fujimori se molestó contra los que capturaron a Abimael Guzmán, sin antes haberle comunicado a él, que se encontraba de pesca. Se afirma que Fujimori no quería la captura del cabecilla de Sendero Luminoso, porque de esta manera tenía motivos para reprimir al pueblo y perseguir lideres de oposición.
El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
“100. La Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR, ha constatado que, a partir de 1992, la nueva estrategia contrasubversiva puso énfasis en la eliminación selectiva de las organizaciones político-administrativas (OPA) de los grupos subversivos. Vinculado a Vladimiro Montesinos actuó un escuadrón de la muerte denominado “Colina”, responsabxle de asesinatos, desapariciones forzadas, y masacres con crueldad y ensañamiento. La CVR posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori, su Asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad penal por los asesinatos,desapariciones forzadas y masacres perpetradas por Escuadrón de la Muerte denominado “Colina”.
El control de los medios de comunicación
A partir de 1992 Alberto Fujimoro inicia la intervención de los canales de televisión y periódicos para lograr controlarlos y tener apoyo a su gobiernno y el ocultamiento de actos de corrupción. Para ello sobornó a la mayoría de directores de los principales medios de comunicación del país. Vladimiro Montesinos fue el hombre fuerte del gobierno, desde la sombra.
Se denunciaron amenazas e intimidaciones a periodistas. Los más críticos fueron despedidos como Cesar Hildebrandt, e incluso existieron planes para el asesinato de éstos, con el nombre de Plan Narval.
En 1997, al señor Baruch Ivcher, ciudadano israelí nacionalizado peruano, propietario del canal Frecuencia Latina, se le retiró la nacionalidad peruana y fue forzado a abandonar el país, por su abierta oposición al cese de los miembros del Tribunal Constitucional.
Vladimiro Montesinos se encargó de financiar a pequeños diarios, de la denominada prensa chicha, cuya misión era presentar en sus portadas a los opositores al Fijimorismo, con caricaturas y titulares denigrantes.
Sentencias emitidas contra Alberto Fujimori
Alberto Kenya Fimori Inamoto fue extraditado al Perú el 22 de septiembre de 2007, por decisión de la Corte Suprema de Chile, para respondiera por diversas acusaciones ante la justicia peruana.
El avión que lo transportó primero aterrizó a las 13:20 horas en Tacna, luego lo hizo a las 16:40 horas en la Base Aérea de Las Palmas de Surco, en Lima.
Posteriormente fue trasladado y recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú. Poco después se inició el primer juicio contra el acusado Fujimori, por el allanamiento ilegal, a fines de su gobierno, a la casa de su asesor Vladimiro Montesinos, que lo hizo usurpando la autoridad del poder judicial.
El 10 de diciembre de 2007, se dio inicio en Lima, el juicio contra Alberto Fujimori por los sucesos denominados masacres de “Barrios Altos” donde murieron 15 personas a manos de los miembros del Grupo Colina; y, “La Catuta”, con el secuetro y desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad “La Cantuta”.
La Sala Penal Especial presidida por César San Martín Castro, el 11 de diciembre del 2007 condenó en primera instancia a Alberto Fujimori a seis años de pena privativa de la libertad y dos años adicionales por el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad, al haber participado en calidad de inductor en el allanamiento de la residencia de Trinidad Becerra (exesposa de Vladimiro Montesinos).
De acuerdo con la sentencia, el inculpado Fujimori no podría ejercer ningún cargo público y deberá pagar una reparación de cuatrocientos mil soles. El 8 de abril de 2009, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la sentencia, desestimando el pedido que presentó su defensa técnica.
El 7 de abril de 2009, fue condenado a veinticinco años de pena privativa de la libertad como “autor” mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos.
Igualmente, el Tribunal lo halló culpable por secuestro agravado, bajo la circunstancia agravante de trato cruel, en agravio del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia. La Sala Penal Especial determinó 25 años de prisión, condena que hubiera vencido el 10 de febrero de 2032.
El 20 de julio de 2009, la Corte Suprema de Perú condenó a Fujimori a otros siete años y medio de cárcel como culpable de “peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado”.
Fujimori admitió haber entregado quince millones de dólares a su exasesor Vladimiro Montesinos de los fondos del Tesoro Público, aunque alegó que lo hizo para evitar que Montesinos diera un golpe de Estado y que el dinero fue posteriormente devuelto.
Sin embargo al no poder probar el origen del dinero devuelto, ya que los billetes eran de diferente denominación y ante la aparente apatía de Fujimori en evitar la fuga de Montesinos, la Corte determinó que Fujimori cometió otros dos hechos punibles: facilitar la fuga de Montesinos y devolver una cantidad inexplicable. La Sala descartó de plano las dos atenuantes de la defensa: la restitución tardía del monto y el soborno a Vladimiro Montesinos para desactivar un supuesto complot.
El 30 de septiembre de 2009, fue sentenciado a seis años de prisión por los casos de interceptación telefónica, pago a congresistas y compra de la línea editorial de medios de comunicación durante su régimen.
El sentenciado fue encontrado culpable de los delitos contra la administración pública, peculado doloso en agravio del Estado, corrupción de funcionarios, cohecho activo genérico en agravio del Estado y contra la libertad, violación del secreto de las comunicaciones, interferencia o escucha telefónica.
Fue inhabilitado para ejercer cargo público alguno por dos años y disponer el pago de una reparación civil de 24 millones 060 mil 216 nuevos soles a favor del Estado. De igual manera, se ordenó que Fujimori abone tres millones de nuevos soles a cada uno de los 28 agraviados por el mismo concepto.
El 2 de enero de 2010, fue confirmada la sentencia a veinticinco años de prisión por violaciones de los derechos humanos.
La historia no se acaba
La historia de agravio a la vida republicana y democrática del Perú, no termina con la muerte de Alberto Kenya Fujimori Inomoto, queda el fujimorato viviente, con la intensión de seguir gobernando al Perú mediante la candidatura de la hija de Alberto Fujimori, Keiko Sofía Igushi Fujimori, sindicada por el Ministerio Público como la cabecilla de una organización criminal y procesada judicialmente por un concurso real de delitos liderando una organización criminal con fechada de partido político “Fuereza Popular”.
Como suele suceder en el Perú, donde las leyes las aprueban y promulgan, congresistas legisladores, presuntos delincuentes por delitos en investigación, ahora que ha fallecido el patriarca del fujimorismo Alberto Fujimori, todo está preparado para que pueda ser candidata a la presidencia de la república, la cabecilla de una organización criminal. (Datos fuente de Wikipedia)
