TC anula condena a Urresti: Familia de Hugo Bustíos exige justicia ante Sistema Interamericano
El Tribunal Constitucional ordena la libertad de Daniel Urresti, desatando la indignación de la familia Bustíos y gremios periodísticos, quienes denuncian una afrenta a la memoria y la justicia.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la condena contra Daniel Urresti y ordenar su libertad inmediata ha provocado una ola de indignación y serios cuestionamientos en el país. Sharmelí Bustíos, hija del periodista Hugo Bustíos, brutalmente asesinado en 1988, ha calificado el fallo como una «afrenta» y un «hostigamiento» contra su familia, anunciando que llevarán el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este veredicto, emitido precisamente en la fecha del natalicio de Hugo Bustíos, revive el dolor de casi cuatro décadas de búsqueda de justicia.
La batalla legal se escala a nivel internacional
El Instituto de Defensa Legal (IDL), a través de su abogado Carlos Rivera, detalló la estrategia para enfrentar esta controversial resolución. Además de acudir a instancias internacionales, se presentará una denuncia constitucional contra los magistrados del TC. Según el IDL, la acción de los magistrados vulnera el artículo 139 de la Constitución al intervenir en un caso en trámite, propiciando la impunidad en delitos de lesa humanidad. Rivera criticó la interpretación del TC, que, a su juicio, ignora el contexto histórico y judicial de 1988, reduciendo los crímenes contra los derechos humanos a actos individuales desvinculados de las circunstancias políticas que los propiciaron. La defensa buscará también un «control de convencionalidad» ante la Corte Penal Nacional para que los jueces inapliquen la sentencia del TC por contradecir tratados internacionales.
ANP denuncia un fallo de corte “negacionista”
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha emitido un enérgico comunicado, calificando la liberación del exministro Urresti como una postura “negacionista”. El gremio periodístico rechaza el argumento del TC de que el Estatuto de Roma, que tipifica crímenes de lesa humanidad, entró en vigor en Perú recién en 2002 y no puede aplicarse retroactivamente a 1988. Para la ANP, esta interpretación se alinea con visiones que minimizan las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000. Hugo Bustíos, corresponsal de la revista CARETAS y directivo de la ANP en Huanta, fue asesinado el 24 de noviembre de 1988 mientras investigaba un crimen en Ayacucho. Su caso, tras un largo proceso judicial, había culminado con la condena de Urresti en 2023, ratificada por la Corte Suprema en 2024.
Cuestionamientos a la coherencia judicial
Un punto de particular preocupación y contradicción es el historial del recurso de habeas corpus que ahora ha sido aceptado por el TC. La ANP ha recordado que este mismo recurso fue declarado improcedente en dos instancias previas durante 2025. Esta inconsistencia procesal genera serias dudas sobre los fundamentos que llevaron al máximo tribunal a revertir su propia postura o la de instancias inferiores, especialmente en un caso de tan alta trascendencia para la justicia y los derechos humanos en el Perú.
Lo que falta aclarar
- ¿Qué fundamentos jurídicos prevalecieron para que el TC anulara una condena ya ratificada por la Corte Suprema, contradiciendo fallos previos?
- ¿Cómo justifica el Tribunal Constitucional su interpretación sobre la prescripción y la aplicación retroactiva del Estatuto de Roma, frente a los principios del derecho internacional humanitario?
- ¿Por qué este mismo recurso de habeas corpus, declarado improcedente en dos instancias previas en 2025, fue finalmente aceptado por el máximo tribunal, generando serias dudas sobre la predictibilidad judicial?
- ¿Cuál es el mensaje que envía esta decisión a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en el Perú y a la comunidad internacional que vela por los derechos humanos?
