Congreso a la carga contra la “infodemia”: ¿Ley “anti-bots” electorales o amenaza a la libertad digital a puertas del 2026?

En un nuevo intento por regular el cada vez más complejo y volátil ecosistema digital, el Congreso de la República ha puesto en la agenda un proyecto de ley que busca penalizar severamente la manipulación electoral mediante el uso de bots, cuentas falsas y las denominadas “granjas digitales”. La propuesta, presentada por el congresista Pasión Dávila, de la Bancada Socialista, se erige como un ambicioso esfuerzo para salvaguardar la voluntad popular frente a las campañas de desinformación, pero ya genera un intenso debate sobre su viabilidad, alcance y los potenciales riesgos para la libertad de expresión en un escenario político usualmente polarizado.

La iniciativa legislativa, identificada como Proyecto de Ley N.° 13404/2025-CR, no es un hecho aislado. Se inserta en un agitado escenario preelectoral, con miras a las Elecciones Generales de 2026, y en un contexto donde diversas instituciones, incluyendo organismos electorales, han advertido insistentemente sobre el creciente impacto de operaciones coordinadas en redes sociales. La pregunta clave que resuena en los pasillos del Parlamento y entre la ciudadanía es: ¿está el país realmente preparado para una regulación de esta envergadura o se corre el riesgo de crear una “ley mordaza” digital, susceptible de ser utilizada con fines políticos?

El corazón de la propuesta de Dávila reside en la incorporación de nuevos tipos penales —los artículos 359-D, 359-E y 359-F— al Código Penal. Estos buscan castigar con penas de prisión de 4 a 8 años, inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas que oscilan entre 120 y 300 días, la manipulación electoral mediante sistemas automatizados. Entre las conductas tipificadas se encuentran la simulación de apoyo ciudadano masivo a candidatos o partidos, la difusión de mensajes automatizados positivos o negativos para influir en la opinión pública, la manipulación artificial de tendencias o hashtags, y el ocultamiento deliberado de la naturaleza automatizada de un contenido, haciéndolo pasar como participación auténtica. Para los promotores de la norma, estas prácticas atentan gravemente contra el voto informado y “distorsionan el proceso democrático”.

La iniciativa no se detiene allí y contempla agravantes que elevarían las penas a 6 a 10 años de prisión, sumando una inhabilitación de 10 años y multas más severas, en casos donde el infractor sea candidato, funcionario público o miembro de un organismo electoral. La pena también se endurecería si la manipulación influye directamente en el resultado electoral, si se emplean perfiles falsos, suplantación de identidad o recursos estatales durante horario laboral, si recibe financiamiento ilícito, o si existe reincidencia. Este punto es crucial, pues busca responsabilizar directamente a actores políticos y estatales, que a menudo son señalados como los principales beneficiarios o incluso instigadores de este tipo de campañas.

Uno de los aspectos más controversiales es la intención de sancionar directamente a candidatos y dirigentes políticos. Si un aspirante o líder partidario es encontrado culpable de ordenar, consentir o financiar el uso de bots para manipular un proceso electoral, enfrentaría penas de 3 a 6 años de cárcel. Y la sanción sería aún más drástica —5 a 8 años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer funciones públicas y la pérdida inmediata del cargo— si la persona llegó a ocupar un puesto público como consecuencia de estas prácticas. Asimismo, consultores políticos, community managers y empresas de marketing electoral también están en la mira, con penas que van de 2 a 5 años, y de 4 a 7 en caso de reincidencia.

La principal objeción que surge frente a este tipo de iniciativas radica en la delgada línea entre la regulación necesaria para la transparencia electoral y la potencial restricción de la libertad de expresión y la participación ciudadana. Si bien el congresista Dávila ha manifestado que el proyecto “no restringe la participación ciudadana real en redes sociales” ni la libertad de expresión, el gran desafío legal y operativo radica en la definición objetiva y no subjetiva de “manipulación automatizada” y, más importante aún, quién tendrá la potestad de determinarla. ¿Cómo diferenciar una cuenta falsa de un perfil satírico? ¿Cómo fiscalizar la “intención” detrás de una campaña en redes sin caer en la arbitrariedad?

Especialistas en derecho digital y analistas políticos ya advierten sobre los complejos desafíos operativos que implicaría la aplicación de una norma así. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido señalado como la entidad responsable de fiscalizar la propaganda digital y detectar estas operaciones automatizadas. Sin embargo, la capacidad técnica, humana y financiera de los organismos electorales peruanos para llevar a cabo una fiscalización tan sofisticada, a gran escala y en tiempo real es una incógnita. Existe el temor fundado de que, sin la infraestructura y los protocolos adecuados, la ley pueda convertirse en una herramienta susceptible de ser utilizada para perseguir a opositores políticos o silenciar críticas legítimas, en lugar de garantizar la transparencia del proceso electoral.

El debate que se abre en las comisiones congresales será fundamental. Más allá de la buena intención declarada de proteger la democracia, la discusión deberá centrarse en la formulación de un marco legal que sea aplicable, que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos y que no abra la puerta a la censura o al control excesivo de la conversación pública. La tecnología avanza a pasos agigantados, y si bien es imperativo que el sistema electoral peruano se adapte a los nuevos desafíos digitales, la respuesta legislativa debe ser robusta, equilibrada y, sobre todo, transparente en su aplicación, para evitar que una ley nacida con la bandera de defender la voluntad popular termine por ahogarla en la incertidumbre y la sospecha. La pelota está ahora en la cancha del Congreso, y la ciudadanía espera una respuesta que fortalezca la democracia sin menoscabar las libertades individuales.