Primarias 2026: El JNE y el laberinto de una democracia partidaria en cuestión
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha puesto fecha al primer hito formal de las Elecciones Generales de 2026: el 15 de diciembre para la proclamación de los resultados de las cuestionadas elecciones primarias. Este anuncio, emitido por su presidente Roberto Burneo, se da en un contexto de fragilidad institucional y persistente desconfianza ciudadana en el sistema de partidos, donde la transparencia y la verdadera vocación democrática de las organizaciones políticas son puestas bajo lupa desde el primer paso.
La jornada del pasado 30 de noviembre, que involucró a 39 partidos políticos en lo que se denominó el “inicio del camino hacia 2026”, desnudó, una vez más, la precaria salud democrática de gran parte de la clase política. Treinta y siete de las organizaciones optaron por la modalidad de “delegados”, un mecanismo que, si bien es legal, es ampliamente criticado por su opacidad y por concentrar la decisión final en cúpulas partidarias, alejándola de la voluntad de sus bases. Solo el Partido Aprista Peruano (APRA) y Renovación Popular se arriesgaron a la votación directa de sus “afiliados”, un ejercicio que, aunque limitado, representa un estándar democrático superior y una rendición de cuentas más directa a sus militantes. La ausencia de una participación masiva y plural en la mayoría de los partidos subraya la necesidad urgente de una reforma que fortalezca la democracia interna.
Roberto Burneo, titular del JNE, precisó que, si bien el 15 de diciembre no figura expresamente en el calendario electoral oficial, será la fecha límite en que se den a conocer los resultados definitivos. “Nosotros proclamamos los resultados; no hacemos un escrutinio ni evaluación de lo que han hecho las organizaciones políticas”, explicó Burneo al canal institucional del JNE, delimitando el rol del ente electoral a la certificación formal de procesos internos cuya legitimidad sigue siendo materia de debate. Esta aclaración, aunque busca dar certezas, no disipa las interrogantes sobre la rigurosidad o la informalidad inherente a un proceso tan vital en la configuración de la oferta electoral.
La verdadera prueba de fuego para la integridad del proceso electoral, y para la labor del JNE, comenzará el 23 de diciembre. A partir de esa fecha y hasta el 14 de marzo, el organismo autónomo se embarcará en la crucial etapa de “revisión y depuración” de las listas de precandidatos. Esta fase implica la exhaustiva verificación de requisitos legales, la coherencia de planes de gobierno y la revisión de la documentación adicional. Históricamente, este periodo ha sido un punto álgido, donde se descubren desde omisiones formales hasta antecedentes judiciales, inhabilitaciones o incongruencias que descalifican a aspirantes. La “depuración” no es solo un trámite administrativo; es el filtro final para intentar garantizar un mínimo de idoneidad y probidad en quienes postulan a los cargos públicos más altos del país, una tarea titánica dada la recurrente crisis de representación y ética en la política peruana.
Finalmente, la publicación de la lista oficial de candidatos presidenciales y congresales, una vez concluida la etapa de depuración, marcará el inicio formal de una campaña electoral que se avizora compleja y polarizada. Estas primarias, lejos de fortalecer la democracia interna partidaria, han vuelto a poner de manifiesto la urgencia de una reforma política profunda que eleve los estándares de participación y representación. El JNE, con la proclamación de estos resultados, apenas cierra un capítulo inicial, pero las interrogantes sobre la calidad de nuestra oferta política y la fortaleza de nuestras instituciones permanecen abiertas, siendo desafíos fundamentales para la estabilidad y el futuro democrático del Perú.
