Fiscalía levanta el velo sobre Santiváñez en trama ligada a «Los Waykis»
Lima, Perú – La compleja red de presuntas irregularidades que parece rodear a altos exfuncionarios del Estado peruano continúa desenredándose, exponiendo conexiones que apuntan directamente a esferas de poder. En un nuevo capítulo de esta saga, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha solicitado al Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria el levantamiento del secreto de las comunicaciones del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, así como de otros actores clave en una investigación por presunta negociación incompatible.
Esta medida, que busca hurgar en las llamadas y mensajes de Santiváñez, del exdirector general de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (Mininter), Ricardo Kanashiro Romero, del abogado Carlos Alvizuri Marín, y del exfuncionario Jorge Luis Ortiz Marreros –este último ya vinculado al notorio caso “Los Waykis en la Sombra”–, representa un paso crucial para dilucidar la magnitud de una trama que, según la Fiscalía, buscaba obstaculizar la justicia y proteger a figuras de alto calibre. La audiencia para debatir esta solicitud ha sido programada por el juez supremo Juan Carlos Checkley para este lunes 1 de diciembre, en una sesión que ha sido declarada de carácter reservado.
El corazón de la acusación fiscal radica en la contratación directa de Carlos Nicolás Alvizuri Marín por la suma de 150 mil soles para asumir la defensa legal de Jorge Luis Ortiz Marreros. La hipótesis es alarmante: un testigo protegido ha revelado que el propio Santiváñez habría instado a Alvizuri a tomar la defensa de Ortiz con un objetivo específico: evitar que este último se acogiera a la figura de colaborador eficaz y, en consecuencia, declarara en contra de Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República. Esta revelación no solo enlaza directamente la investigación con la órbita presidencial y el ya conocido círculo de “Los Waykis en la Sombra”, sino que sugiere un intento de blindaje y manipulación procesal desde las altas esferas del poder para proteger a allegados.
Las irregularidades en la contratación no son menores. Los términos de referencia iniciales para la defensa legal exigían una experiencia mínima de tres años, requisito que el abogado Alvizuri, presuntamente cercano a Santiváñez, no cumplía. Sin embargo, en un giro que la Fiscalía califica de sospechoso, Ricardo Kanashiro Romero, entonces director general de Administración y Finanzas del Mininter, habría instruido a un subordinado para que, “en lo sucesivo, no se aplicaría el requisito de experiencia profesional”. Esta modificación ad hoc, sumada al hecho de que el monto de la contratación superó con creces el límite de 8 UIT permitido para contrataciones directas, refuerza la tesis de un proceso amañado para beneficiar a un letrado con conexiones políticas, ignorando los principios de idoneidad y transparencia en la gestión pública.
La sombra de la sospecha sobre Santiváñez no es nueva ni única. Paradójicamente, mientras la Fiscalía profundiza en estas graves acusaciones, el Poder Judicial, a través del mismo juez Juan Carlos Checkley, ha autorizado a Santiváñez a viajar a Colombia. Esta autorización se da a pesar de que el exministro ya cuenta con un impedimento de salida del país por un caso distinto: presunta interferencia para favorecer a un excliente condenado por organización criminal.
Santiváñez participará como expositor en el “III Congreso Internacional Disciplinario 2025” en Bogotá, del 1 al 6 de diciembre. El juez Checkley justificó su decisión argumentando que la labor académica del exministro constituye su medio de sustento, permitiendo su salida a pesar de la objeción expresa de la Fiscalía. El Ministerio Público cuestionó la autorización por “falta de documentos, inconsistencias en fechas y ausencia de justificación suficiente”, señalando las evidentes debilidades en la solicitud de permiso. No obstante, la decisión judicial prevaleció, disponiéndose la notificación a Migraciones para habilitar su viaje, con la reactivación del impedimento el día 7 de diciembre.
Este episodio no es aislado. Santiváñez ya había obtenido un permiso similar en septiembre para viajar a Suiza, en aquel entonces, como titular del Ministerio de Justicia. La facilidad con la que un exministro, bajo investigación en múltiples frentes y con un impedimento de salida vigente, obtiene permisos para abandonar el país, genera serias interrogantes sobre la equidad y la rigurosidad del sistema de justicia peruano. La percepción ciudadana, ya erosionada por constantes escándalos de corrupción y la aparente impunidad de ciertos actores políticos, podría verse aún más afectada al observar un trato diferenciado para quienes ocuparon cargos de poder, en contraste con la mano dura que suele aplicarse a otros ciudadanos.
La solicitud de Tomás Gálvez y la controversia en torno al viaje de Santiváñez son más que meros detalles procesales; son síntomas de una crisis institucional que exige transparencia, firmeza y un compromiso inquebrantable con la lucha contra la corrupción, sin importar quiénes sean los implicados. La capacidad del sistema de justicia para aplicar la ley de manera uniforme y sin excepciones será clave para restaurar la confianza pública en un momento de profunda desafección política.
