Minedu exige acción penal: 513 docentes bloqueados por denuncias de agresión
El Ministerio de Educación ha bloqueado a más de 500 docentes por denuncias de agresión, pero advierte que la inacción del Ministerio Público y el Poder Judicial deja a las víctimas desprotegidas y afecta el bienestar estudiantil.
El Ministerio de Educación (Minedu) ha lanzado una seria advertencia sobre la alarmante brecha entre las sanciones administrativas aplicadas a docentes acusados de agresiones y la ausencia de una respuesta penal efectiva. Según José Moreno Ocampo, director de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, la actuación del sistema de justicia es insuficiente para complementar los esfuerzos del sector, dejando a cientos de estudiantes vulnerables.
La medida administrativa no basta
Frente a las denuncias, el Minedu ha tomado acciones contundentes en el ámbito de su competencia. Moreno Ocampo precisó que un total de 513 docentes denunciados han sido bloqueados de los sistemas del sector, impidiéndoles ser contratados en cualquier UGEL del país o postular a la Carrera Pública Magisterial. Esta medida, aunque significativa, solo aborda una parte del problema, pues las sanciones administrativas no garantizan que el presunto agresor se aleje de la víctima, especialmente en comunidades donde conviven.
El costo de la impunidad en las aulas
La inacción penal tiene un impacto directo y devastador en el entorno educativo. El Minedu subraya que la persistencia del presunto agresor en libertad, incluso en la misma comunidad, afecta profundamente el bienestar emocional de los estudiantes y repercute negativamente en el logro de los aprendizajes. La violencia, como factor asociado a los bajos resultados educativos, exige una protección integral que va más allá de la destitución o el impedimento de contratación.
El llamado urgente al sistema de justicia
El Minedu reitera que los procesos penales son responsabilidad exclusiva del Ministerio Público y el Poder Judicial, instancias con la potestad de imponer penas privativas de libertad. Ante esta realidad, el sector educativo demanda una actuación más célere y coordinada de estas entidades. La falta de una respuesta judicial firme y oportuna condena las sanciones a permanecer solo en el ámbito administrativo, sin traducirse en una protección efectiva y plena para las víctimas de agresiones en el sistema educativo.
Lo que falta aclarar
- Dado que el Minedu ha bloqueado a 513 docentes por denuncias de agresión, ¿cuántos de estos casos han sido efectivamente procesados y sancionados por el Ministerio Público y el Poder Judicial a la fecha?
- ¿Qué acciones concretas y plazos se han establecido desde el Ministerio Público y el Poder Judicial para agilizar las investigaciones y sentencias en estos casos de agresiones a estudiantes y personal educativo?
- Si el Minedu reconoce que las sanciones administrativas no garantizan el alejamiento del presunto agresor de la víctima en la comunidad, ¿qué mecanismos intersectoriales se están articulando para asegurar la protección integral de los estudiantes?
- ¿Existe un registro público actualizado sobre el estado de las denuncias penales contra docentes, y cómo se monitorea la coordinación entre las entidades para evitar la impunidad?
