Extorsión en el transporte: 93 vidas perdidas y la inacción que cuesta caro
El Ministerio Público revela una cifra alarmante de víctimas mortales por atentados extorsivos en el transporte público de Lima y Callao. ¿Qué medidas concretas se están implementando para frenar esta carnicería que se cobra vidas cada mes?
Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, un total de 93 personas perdieron la vida y 76 resultaron heridas en 125 atentados relacionados con la extorsión al transporte público en Lima Metropolitana y el Callao. Este desolador panorama, revelado por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, expone la cruda realidad de un sector bajo asedio y la aparente ineficacia de las respuestas estatales ante una ola de violencia que no cesa.
Lima y Callao: Un campo de batalla para el transporte
El informe subraya que estos 125 incidentes, que suman 169 víctimas entre fallecidos y lesionados, han derivado en la apertura de 117 investigaciones fiscales. La rigurosa consolidación de datos, cruzando información con las morgues centrales, confirma un patrón de violencia sistemática que afecta a choferes, cobradores y pasajeros, transformando la movilidad urbana en una actividad de alto riesgo.
Geografía de la muerte: Distritos en la mira
La distribución de la violencia no es aleatoria, concentrándose peligrosamente en los extremos de la capital. Lima Norte acumuló el 32.8% de los atentados, mientras que Lima Sur registró el 24.8%, evidenciando que más de la mitad de las agresiones ocurren en zonas de alta densidad poblacional y expansión urbana. Los distritos de Bellavista y San Juan de Lurigancho encabezan la lista con nueve fallecidos cada uno, seguidos por San Juan de Miraflores y San Martín de Porres con ocho decesos. Comas, Los Olivos y Chorrillos también son puntos críticos, concentrando en conjunto el 54.8% del total de víctimas mortales.
Modus operandi: La brutal eficiencia criminal
Las bandas extorsionadoras operan con una escalofriante predictibilidad: el 81% de los ataques se ejecuta mediante interceptación, y en nueve de cada diez casos se emplean armas de fuego. La movilidad es clave, con vehículos motorizados utilizados en el 76% de los atentados, siendo la moto lineal —a menudo con más de un ocupante— la herramienta principal en el 65% de los incidentes. Buses (46 casos), combis (39) y mototaxis (32) son las unidades más afectadas, aunque la criminalidad se extiende a autos colectivos, cústers y minivanes, demostrando que ningún medio de transporte está exento.
La estrategia criminal se perfecciona con la elección de horarios y días: el 53.6% de los atentados se concentra entre miércoles y viernes, y un abrumador 60% ocurre entre las 6:00 p.m. y la medianoche, aprovechando la congestión vehicular y la menor visibilidad para asegurar la impunidad de la huida.
Lo que falta aclarar
- Si el Ministerio Público ha identificado con precisión los puntos críticos, modalidades y horarios de la extorsión, ¿por qué la Policía Nacional y las autoridades locales no han logrado articular una respuesta preventiva y de contención efectiva que reduzca estas cifras?
- Con 117 investigaciones fiscales iniciadas, ¿cuántas de ellas han resultado en detenciones, formalizaciones de acusación y sentencias firmes que desarticulen estas bandas criminales? ¿Cuál es el balance real de la persecución del delito?
- Más allá de las estadísticas, ¿qué mecanismos de protección concretos se están ofreciendo a los transportistas y pasajeros que son constantemente extorsionados y amenazados? ¿Existe un plan integral de seguridad ciudadana que vaya más allá de la mera recolección de datos?
- Dada la urgencia de una respuesta integral, ¿qué coordinaciones efectivas se han establecido entre el Ministerio Público, la PNP y los gobiernos locales y regionales para abordar esta crisis de seguridad que sigue cobrando vidas?
