La esfera judicial del país se encuentra en el ojo de la tormenta tras el anuncio de una nueva investigación que involucra a figuras prominentes del sistema de justicia, incluyendo a la destituida fiscal de la nación, Patricia Benavides, y su hermana Enma Benavides, así como a un grupo de jueces que habrían favorecido a la exfiscal de la nación, obstaculizando las investigaciones que venía efectuada contra esta última la Junta Nacional de Justicia.
Inicio de la Investigación Preliminar
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, liderada por la fiscal Delia Espinoza, ha iniciado una investigación preliminar. Esta acción surge a raíz de las resoluciones judiciales que presuntamente favorecieron a Patricia Benavides, bloqueando investigaciones previas de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Acusaciones de Cohecho
Los implicados, que incluyen a los jueces Bacilio Cueva, María Vidal y Jacqueline Tarrillo, enfrentan acusaciones por los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, delitos que atentan contra la integridad del estado.
Cuestionamientos al Sexto Juzgado Constitucional
El foco de la controversia recae sobre el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, anteriormente bajo la dirección de la jueza Jacqueline Tarrillo. Se cuestiona la validez de los fallos emitidos por Tarrillo, que favorecieron a Benavides, especialmente porque parte de la fundamentación legal ya había sido derogada.
Coordinaciones para Favorecer a Benavides
Investigaciones posteriores revelaron supuestas comunicaciones entre Patricia Benavides y otros acusados para influir en decisiones judiciales. Estas alegaciones sugieren un esfuerzo coordinado para obtener fallos judiciales a medida y obstruir las investigaciones de la JNJ.
Consecuencias y Futuro de la Investigación
Los pronunciamientos de la jueza Tarrillo, emitidos el 29 de agosto y el 12 de octubre del 2023, ahora están bajo escrutinio. La comunidad espera que esta investigación arroje luz sobre las operaciones internas del sistema judicial y restaure la confianza en la justicia peruana.
La sociedad peruana aguarda con expectativa los resultados de esta investigación, que podría tener implicaciones significativas para la reforma judicial y la lucha contra la corrupción en el país.
