DINA BOLUARTE: La red criminal empieza a caer con la detención del hermano de la presidenta ilegítima
En un giro sorprendente de los acontecimientos, el Poder Judicial ha emitido una orden de detención preliminar contra ocho personas vinculadas al caso ‘Los Waykis en la sombra’, entre ellos Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y su abogado, Mateo Castañeda.
Operativo Judicial y Policial
El operativo, dirigido por Francisco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP), se llevó a cabo con rapidez, menos de un día después de que el gobierno desactivara un grupo especial que colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Nicanor Boluarte y los demás implicados enfrentan acusaciones de organización criminal y tráfico de influencias en perjuicio del Estado.
Implicaciones Políticas
La investigación sugiere que Nicanor Boluarte habría utilizado su influencia para facilitar la inscripción de firmas para su partido político, involucrando a prefectos y subprefectos en el proceso. Este caso ha sacudido el panorama político peruano, ya que implica a figuras cercanas a la actual presidenta.
Red Criminal y Contratos Estatales
Se alega que la presunta red criminal liderada por Boluarte, incluía a Víctor Hugo Torres Merino, quien recibió contratos estatales para realizar “pausas activas” en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), sumando un costo de 35.000 soles para el país.
Repercusiones y Declaraciones
Tras su detención, Nicanor Boluarte proclamó su inocencia, mientras que Víctor Torres Merino negó ser cómplice en las acusaciones presentadas. La presidenta Dina Boluarte no ha emitido comentarios sobre las detenciones. La sociedad peruana espera con gran interés el desarrollo de las investigaciones y las posibles repercusiones en la esfera política del país.
Al abogado de la presidenta Dina Boluarte y Víctor Hugo Torres Merino, ciudadano contratado por el Estado para realizar «pausas activas» en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) con jugosos contratos que, en suma, le costaron al país 35 mil soles.